lunes, 28 de septiembre de 2015

Inseguridad y autogobierno policial

Un ex jefe acusado de narco, la pérdida de las cajas de la droga y la trata, el paro de 2013, la ola de homicidios y el gatillo fácil: el control de los uniformados es el desafío de la política.


En casi ocho años de gobierno, el Frente Progresista no ha logrado aún controlar a la Policía. Ni la reforma de la fuerza, ni las estructuras políticas que se crearon a tal fin, ni las concesiones que se hicieron para aplacar el alzamiento de 2013 mejoraron la seguridad pública y, mucho menos, la relación entre el gobierno y la Policía. ¿Podrá hacerlo el gobernador electo? Ese ha sido el déficit de las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti y es el desafío para Miguel Lifschitz.
Rafael Grau asumió el 17 de septiembre como el nuevo jefe de la Policía de la provincia.

Bonfatti lo ha reconocido en muchas oportunidades: el problema de la violencia atraviesa a toda la sociedad y es una cuestión compleja cuyo abordaje requiere de todos los sectores, más allá del gobierno de turno. Lifschitz no la va a tener fácil: hereda una Policía corrupta, criminal y autogobernada, con las ciudades más grandes de la provincia sumidas en un espiral de muerte que se traduce en las tasas de homicidios más altas de Argentina.
El gobierno aduce que la situación es igual de compleja en todo el país y que la prensa se ensaña con Santa Fe porque es la única provincia que comunica datos de homicidios y otros delitos. No obstante, las cifras record de asesinatos en Rosario y Santa Fe durante 2014 y la infinidad de casos de corrupción y abusos cometidos por la Policía santafesina, son marcas propias de una provincia que aún está muy lejos de resolver, bajo un paradigma democrático, el control de sus fuerzas de seguridad.
Las últimas declaraciones de Bonfatti fueron en defensa de sus políticas: “Hasta el 17 de agosto de este año, respecto a 2014, en la provincia bajamos 22% la tasa de homicidios; un 32% en la capital provincial y un 22% en Rosario. Santa Fe tiene récord de detenciones: 26 mil detenidos en lo que va del año”, incluyendo a todas las personas que fueron detenidas en la provincia, aunque sea por pocas horas. Desde la vereda de enfrente, el defensor provincial Gabriel Ganón volvió a remarcar la baja tasa de esclarecimiento del delito, en especial de los homicidios.

Casos resonantes
En la ciudad de Santa Fe, los pibes que la Policía detiene a diario rara vez se animan a denunciar en la Justicia los vejámenes que sufren a manos de los uniformados (ver aparte). El Servicio Público Provincial de Defensa Penal relevó 187 casos de torturas entre el 18 de diciembre de 2014 y el 4 de abril de 2015 en toda la provincia, 34 de los cuales fueron en la ciudad capital.
En Rosario y en otras ciudades del sur provincial cada semana se destapa un nuevo escándalo que involucra a agentes de la Policía. Repasamos los más resonantes:
-Paula Perassi. El 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi fue vista por última vez en la ciudad de San Lorenzo. Desde entonces, está desaparecida. Sus padres dedicaron los últimos cuatro años a investigar que pasó con Paula; creen que murió a raíz de un aborto no consentido, en medio de una trama que involucra a dirigentes políticos y a agentes de las fuerzas de seguridad. Cinco de los ocho procesados en la causa son policías, sobre quienes pesa la sospecha –de acuerdo el juez Juan José Tutau– de “encubrimiento agravado”. Todos están libres, mientras Alberto Perassi, el padre de Paula, debe moverse con un chaleco antibalas ante las amenazas que recibió su familia. Cuando desapareció, Paula tenía 34 años, estaba embarazada de seis semanas; sus dos hijos tenían, en ese momento, 3 y 6 años.
-Franco Casco. El joven tenía 20 años cuando viajó, en octubre de 2014, desde la localidad bonaerense de Florencio Varela a Rosario para visitar a su familia. Lo detuvo la Policía, estuvo preso en la comisaría 7º de esa ciudad y fue encontrado muerto tres semanas después en el río Paraná, a la altura del Parque España, en pleno centro de Rosario. La autopsia reveló golpes. A casi un año de su asesinato, la Justicia aún dirime cuestiones de competencia y la causa está varada.
-Gerardo Escobar. La muerte del joven trabajador municipal, de 23 años, provocó una conmoción en Rosario. Tres patovicas y dos policías que cumplían adicionales en el boliche La Tienda fueron detenidos por orden del juez Juan Carlos Curto. La investigación aún está en curso pero hay pruebas ciertas de que a Gerardo lo golpearon, estando aún vivo, después de llevárselo del boliche. Su cuerpo apareció en el río Paraná una semana más tarde.
-Roberto Arrieta. Camionero, de 22 años, asesinado a principios de septiembre en una comisaría de Puerto General San Martín por un disparo efectuado por un policía de 25 años. Sus compañeros declararon que “no tuvo intención de matar” sino que quiso “intimidar o disuadir” a Arrieta.

El poder de las armas
La política de socialismo el seguridad ha sido, cuanto menos, errática. Binner mantuvo una tensa paz con la Policía durante su gestión, con Daniel Cuenca como ministro reemplazado en el final por Álvaro Gaviola. La idea de “buenos tiempos” planteadas por el socialista había sido apoyada, en ese momento, por la organización pseudo gremial Apropol, que saludó el “cambio” que suponía –para la fuerza– el triunfo del ex intendente de Rosario.
Con la llegada de Bonfatti, en 2011, se rompió la paz policial. El primer ministro del actual gobernador, Leandro Corti, sentó las bases reformistas con el Plan de Seguridad Democrática. Allí se empezó a visibilizar una resistencia en el seno de la “familia policial”. Corti tomó medidas de fondo, como el traspaso de las divisiones de Drogas y Trata a la órbita política, que quedaron bajo el mando de la secretaria de Delitos Complejos de la provincia, Ana Viglione.
Corría 2012 y la provincia mantenía estables las cifras de homicidios. El debate pasaba por “la sensación de inseguridad” de la que hablaba el gobierno, que aún podía exhibir estadísticas favorables. En ese contexto, que parecía propicio para profundizar la reforma, Bonfatti sacó de la cancha a Corti –en una medida que se interpretó como una concesión a la Policía– y designó a Raúl Lamberto como ministro.
El resto es historia conocida. Por acierto o defecto, quedó expuesto el autogobierno de la Policía. Hugo Tognoli cayó por presunta complicidad con el narcotráfico y así la fractura entre política y fuerzas de seguridad se hizo patente. El gobierno osciló entre despegarse de su ex jefe de Policía y repeler las críticas que, desde Tognoli en adelante, signaron al socialismo. Se continuó, al menos en el plano discursivo, con la reforma de la fuerza policial, pero en los últimos dos años la Nación debió intervenir con la Gendarmería en el territorio provincial –con relativo éxito– para trata de apaciguar los ánimos.
En el final de su mandato, Bonfatti jubiló al reemplazante de Tognoli –Omar Odriozola– y designó en su lugar a Rafael Grau, quien había sido corrido de la jefatura del departamento La Capital por sus flojos resultados. El panorama es poco auspicioso para la gestión que inicia, que encontrará a una Policía de brazos cruzados. Es cierto que en los primeros ocho meses del año, como ha señalado Bonfatti, hay una baja en la tasa de homicidios, pero el punto de comparación es el año más violento de la historia: 2014.
“Las culturas no se cambian de un día para el otro. Las transformaciones llevan tiempo”, dijo el gobernador en la ceremonia por los 151 años de la creación de la Policía, en Cayastá, el pasado 31 de agosto. Allí Bonfatti dio su último discurso ante la fuerza: “Voy a ejercer hasta el último día de gestión toda la autoridad que me confieren la Constitución y la ley para seguir mejorando el Estado y la Policía de la provincia”. Dos semanas después, nombró a Grau como nuevo jefe y dejó la continuidad de la reforma en manos de Lifschitz.
Para Bonfatti, la transformación de la Policía es parte del proceso iniciado por Binner en 2007: “Así como nos propusimos reformar el Estado y lo descentralizamos, también nos propusimos transformar a la Policía de Santa Fe, una institución que por muchas causas había perdido su autoestima y que en épocas negras del país tuvo que subordinarse a determinadas prácticas que siempre hemos condenado y rechazado”. Si bien el gobernador reconoce los “hechos negativos”, también resalta la inversión en equipamiento y la mejora de las condiciones laborales: “Cada día veo a más hombres comprometidos con la institución y esto es palpable en las estadísticas”.
El gobernador valora como un acierto que recién se verá en el largo plazo la creación de la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, una medida adoptada después del paro policial de diciembre de 2013. “El hecho de tener la responsabilidad que nos confirió la población no impide que, en una fuerza que tiene que ser vertical, haya un espacio de diálogo para aprender del hombre que está en la calle. Por eso hemos creado un espacio para poder discutir condiciones de trabajo. Somos la única provincia que brinda estas posibilidades a los uniformados, de poder también discutir lo que tiene que ver con el salario”.
Las mejoras para la Policía, cuyo sueldo inicial supera los 11 mil pesos y está por encima del mínimo del sector docente, no produjeron –hasta el momento– mayores resultados. Desde mayo de 2014 a la fecha, el titular de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, recibió alrededor de 1.200 denuncias sobre el accionar de la Policía. “Algunas son exposiciones o reclamos, pero muchos de ellos están presos o con imputativas”, sostuvo el abogado rosarino. La Secretaría de Control es parte de la reforma policial: una suerte de Asuntos Internos en clave política, sin injerencia directa de los propios uniformados.

El primer juicio contra Tognoli
El lunes 14 de septiembre comenzó en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el primer juicio contra el ex jefe de la Policía Hugo Tognoli, acusado de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por haberse cometido para ocultar un delito especialmente grave, con ánimo de lucro y por ser el autor funcionario público”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “partícipe necesario del delito de coacción” contra Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias.
Están imputadas otras cuatro personas: dos ex funcionarios de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (el ex subjefe de Inteligencia, José Luis Baella, y el agente Mauricio Otaduy), el remisero Fernando Torres y el presunto narco Daniel “Tuerto” Mendoza.
La causa por complicidad con el narcotráfico, por la cual Tognoli renunció a su cargo en octubre de 2012 y fue detenido en marzo de 2013, se tramita en los Tribunales de Rosario y aún no tiene fecha de juicio.

Publicada en Pausa #162, miércoles 23 de septiembre de 2015
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