jueves, 25 de octubre de 2012

Al servicio de la comunidad (delictiva)

La Policía provincial, envuelta en un nuevo escándalo. Coimas, protección a redes de trata y narcotráfico y una compleja trama económica que el poder político no logra desactivar.

Por Ezequiel Nieva

El caso Tognoli reveló que la Policía no solo tolera sino que administra el delito. Narcotráfico y prostitución son dos de los negocios ilegales más rentables y sobre ellos se monta un simulacro de persecución que es, apenas, una coartada. Los quioscos de drogas proliferan en las grandes ciudades. La participación directa de la Policía –protección a cambio de dinero– beneficia a unos pocos pero salpica a los 18 mil uniformados de la provincia.
Las advertencias de los vecinos no son tenidas en cuenta. El gobierno reclama compromiso y participación de la sociedad pero luego, pese al riesgo que acarrean las denuncias sobre distribuidores barriales de drogas, hace la vista gorda. Bastó que un medio nacional revelara las pruebas que involucran al ex jefe de la Policía Hugo Tognoli con la protección de narcos, para que se desatara una de las crisis institucionales más graves de los últimos años.
El Ejecutivo anunció que asignará en 2013 más recursos a seguridad que a salud. En el proyecto de presupuesto 2013 pide la creación de 1.300 nuevos cargos para las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no se advierten políticas integrales ni dentro de la provincia ni en forma conjunta entre la Nación y la provincia. También quedó expuesta la falta de coordinación entre la Justicia Federal y el gobierno de Antonio Bonfatti.
El contrapunto Nación-provincia y las intervenciones espasmódicas a nivel interno –como el traspaso de las divisiones de drogas y trata y de las Tropas de Operaciones Especiales a la órbita del Ejecutivo o, ahora, la creación de una secretaría para el seguimiento de las investigaciones de delitos complejos–, lejos de solucionar el problema de fondo, dejan al descubierto la necesidad de un abordaje integral sobre las distintas aristas que hacen a la seguridad pública.
El gobierno afirma que cada vez hay más operativos, con mayor cantidad de detenidos –entre el 1º de enero y el 14 de octubre hubo más de mil procedimientos en todo el territorio provincial en los que se detuvo a 1.244 personas–, pero al mismo tiempo reconoce a la narco criminalidad como la principal causa de inseguridad en Santa Fe y Rosario. El Ejecutivo pretende más herramientas para investigar las complejas tramas del tráfico y la trata de personas, delitos detrás de los cuales hay organizaciones económicas que no serán desactivadas si no es a través de un real compromiso de todos los poderes del Estado.
12 de diciembre de 2011. Tognoli asume como jefe de Policía. Duraría apenas diez meses.

El comisario Tognoli –director de Prevención y Control de Adicciones desde 2008 y jefe de la Policía tras la asunción de Bonfatti– terminó cayendo por una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) apoyada en escuchas telefónicas que revelan el vínculo de la Policía con los popes de la droga de Rosario, ciudad que atraviesa un año convulsionado desde su inicio, con el asesinato de tres militantes sociales en Villa Moreno en un episodio que fue presentado inicialmente como un ajuste de cuentas por drogas pero que dejó al descubierto que el narcotráfico en esa ciudad cuenta con protección en todos los niveles.
Contra lo que sostiene el discurso de la mano dura, la inseguridad castiga a quienes, como las víctimas del triple crimen de Rosario, realizan trabajos en el territorio para ayudar a que los jóvenes más vulnerables puedan zafar de las redes del narcotráfico. La posterior seguidilla de asesinatos y atentados relacionados con el negocio de las drogas conmovió a la ciudad del sur, sacudió al gobierno y confirmó que en Policía, si bien hay vastos sectores que realizan sus tareas con honestidad, hay con otros que operan al servicio de –o asociados con– bandas delictivas.

Las denuncias previas
Antes de que la investigación de la PSA acabe con la carrera de Tognoli, hubo una denuncia que desatendió el gobierno. Norma Castaño, presidenta de la asociación civil Madres Solidarias del barrio René Favaloro –una organización del norte de la ciudad que trabaja sobre problemáticas sociales como violencia de género, abuso infantil y adicciones con el objetivo de brindar contención a las mujeres del barrio– y esposa de un oficial de la Policía, reveló la complicidad del comisario con los traficantes, pero sus denuncias no tuvieron eco alguno en la Justicia.
“Si hay vendedores es porque la Policía los deja vender”. Con el objetivo de obtener pruebas que lo confirmen, la mujer se lanzó hace una década a investigar, por su cuenta primero, y luego con las madres de otros chicos que habían pasado por la misma situación de ella –su hijo era adicto–, los vínculos de los dealers barriales. Cuatro gestiones pasaron –Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Hermes Binner y ahora Bonfatti– y sus denuncias siempre cayeron en el vacío.
Desde principios de 2003, Norma Castaño viene aportando pruebas sobre corrupción policial, coimas y procedimientos truchos para plantar drogas. Por ese motivo su hijo estuvo secuestrado, su esposo debió irse a trabajar a Esperanza y ella recibió numerosas amenazas. En abril último les envió cartas a Bonfatti y al entonces ministro de Seguridad Leandro Corti con nuevas pruebas sobre la participación de Tognoli en el negocio, pero nunca la atendieron. La misma nota le remitió a la ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré.
El año pasado, la mujer relató ante la Fiscalía y ante la Secretaría de Derechos Humanos los pormenores de sus entrevistas con Tognoli y cómo develó, un año antes, que el entonces jefe de la ex Dirección de Drogas Peligrosas brindaba protección a los narcos. En marzo de 2010 “me dice que va a investigar con filmaciones, procedimientos y demás, pero al final no hizo nada”, contó Castaño. Fue entonces que empezó a sospechar de Tognoli porque, pese a los datos que había aportado, los quioscos de drogas siguieron operando.
En febrero de 2011 logró reunirse con el ex ministro de Seguridad Álvaro Gaviola, quien la mandó a realizar su denuncia ante la Fiscalía. Lo hizo en mayo de ese año. El mismo día en que se iba a presentar en Tribunales, Castaño recibió amenazas telefónicas. “Me llaman a mi celular diciéndome que tenga cuidado porque a mi pareja, Oscar Brito, le podía a perjudicar la carrera y no ascender más”, relató. “Además me amenazan con que le van a poner drogas a mi hijo”. En su declaración ante la Fiscalía detalló el tenor de las amenazas: “Tené cuidado, dejate de molestar porque tu hijo puede caer preso”. “Te van a encontrar en un zanjón. “Preocupate por tu hijo”.
Castaño también denunció operativos armados para mejorar la imagen pública de la Policía: “Se hicieron procedimientos irregulares donde le colocaban drogas a determinadas personas para que la opinión pública pensase que la gestión Tognoli era buena y creíble”. Un año y medio después, fruto de otra investigación –iniciada, también, durante su mandato como director de Prevención y Control de Adicciones–, el jefe fue detenido por la PSA. En su declaración del lunes 22 ante el juez federal rosarino Carlos Vera Barros negó los cargos. Quedó detenido en esa ciudad a la espera de cómo evoluciona la causa. La fiscal Liliana Bettiolo le imputó “haber prestado colaboración a una persona que estaba siendo investigada por narcotráfico”.




Un episodio más de la novela de la Nación y la provincia
En el gobierno el caso Tognoli cayó como una bomba. Antonio Bonfatti se mostró molesto porque la Justicia Federal nunca le advirtió que su jefe de Policía estaba siendo investigado. La ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré le pidió que no deslinde sus responsabilidades en terceros y le sugirió que controle mejor a la Policía. Del contrapunto participó el ex gobernador Hermes Binner –bajo su mandato, Tognoli fue jefe de la Dirección de Control de Adicciones–, quien dijo que en Santa Fe “el poder político no está vinculado al narcotráfico”.
El lunes 22, en sus primeras declaraciones sobre el tema, Bonfatti se lamentó de no haber sido notificado de la investigación y reveló el diálogo que tuvo con Tognoli en la mañana del viernes 19 una vez conocida la noticia publicada por Página/12. “Cuando nos enteramos le dijimos que tenía que renunciar y ponerse a disposición de la Justicia. Obviamente, ahora tendrá que demostrar su inocencia”. El mandatario remarcó que los hechos que se investigan ocurrieron “en noviembre del año pasado”, un mes antes de su asunción.
Las escuchas telefónicas reveladas por el matutino porteño determinaron la salida de Tognoli y su reemplazo por Cristian Sola. El gobernador se mostró desconcertado por cómo se sucedieron los hechos y por no haber sido advertido de la situación del comisario ahora detenido, a quien él mismo había ascendido a jefe de Policía. “Me llama la atención –sostuvo Bonfatti–. Si desde noviembre se conocía que esta persona estaba siendo investigada, creo que lo mínimo era decirle al gobierno provincial ‘tengan cuidado con esta persona’.”
La ministra Garré le sugirió a Bonfatti que ponga más énfasis en el control de la Policía. Y destacó que fue el mandatario santafesino quien designó a Tognoli como jefe de la fuerza: “Sorprende que el gobernador asigne a terceros responsabilidad por nombramientos que realizó él mismo”.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación se sostiene que el mandatario “no debería desconocer la jurisdicción de sus cuerpos policiales y su propia obligación de ejercer el control político de los mismos”.

Publicada en Pausa #104, miércoles 24 de octubre de 2012