El Consorcio La
Verdecita impulsa un proyecto para defender y recuperar la
agricultura familiar. La iniciativa fue presentada ante la Legislatura en 2014
pero aún no se trató.
Casi al mismo tiempo que el Senado de la Nación convertía en ley un
proyecto que promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores,
comunidades campesinas e indígenas y trabajadores de la agricultura familiar,
el Consorcio La Verdecita
llegaba a la Legislatura
santafesina con una iniciativa para regular la situación de las familias
agricultoras de nuestra provincia.
El Consorcio La Verdecita reúne a cerca de cien productores del cordón santafesino.
Traducida en cifras, la agricultura familiar representa el
20% del PBI del sector agropecuario nacional, el 20% de tierras productivas y
el 27% del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales
y el 65% del total de productores. La actividad constituye el 53% del empleo
rural.
El Consorcio La
Verdecita , integrado por cerca de cien familias del
departamento La Capital ,
presentó el proyecto a fines de 2014, que ingresó a la Cámara baja a través del
diputado Leandro Busatto. “Este año no tuvo tratamiento, pero mientras tanto
nos hemos encontrado con otras organizaciones de productores para seguir
trabajando la idea de abrir un instituto de agricultura familiar en nuestra
provincia, donde mujeres y hombres estarán en paridad de condiciones en su
consejo de administración. En Santa Fe se perdió muchísima tierra para
horticultura porque no hubo políticas destinadas a proteger este sector y con
este proyecto –cuya redacción consta de 41 artículos– intentamos defenderlo. La
idea es poder producir alrededor de las ciudades, donde los pequeños
productores han desaparecido”, indicó Chabela Zanutigh, miembro de la granja agroecológica
La Verdecita ,
ubicada en el límite norte de nuestra ciudad.
Respecto al panorama general, destacó que “en esta última
etapa el gobierno nacional ha tenido un cierto empuje a la agricultura
familiar. Es tarde pero no está mal porque somos visibles y hace diez años casi
no existíamos. Seguimos teniendo muchos problemas como el del acceso a la
tierra, que es fundamental y básico”.
El primer artículo de la ley llama a “promover el desarrollo
rural integral y equitativo de la agricultura familiar en el territorio de la
provincia de Santa Fe, estableciendo un régimen jurídico especial de protección
y fomento de los procesos sociales y productivos mediante políticas públicas
que garanticen el acceso a la tierra, recursos económicos y naturales, tecnología,
capacitación, justicia y derechos humanos a los sujetos, priorizando a la mujer
como destinataria de las mismas y destacar su rol indispensable en el sostén de
la familia como unidad productiva”.
“Nuestra provincia es tan diversa y tiene tantas regiones y
particularidades de producción que hay que atenderlas. En los últimos 20 años
se ha acrecentado la enorme concentración de quienes distribuyen el alimento y
hacen valor agregado del alimento, hablo de las industrias agroalimentarias
multinacionales que compraron a las firmas nacionales: cuatro o cinco empresas
son las que producen alimentos en nuestro país, con lo cual no se puede hablar
de soberanía alimentaria”, analizó la representante de La Verdecita.
La soberanía no es verso
Sobre la agricultura, el comercio y las condiciones
económicas actuales, Zanutigh dijo: “Tenemos una enorme dificultad para que los
políticos propongan algo y la soberanía alimentaria no es un discurso. Teniendo
en cuenta la concentración de las tierras, la industria alimentaria y de la
distribución del alimento, que también se hace a través de las cadenas de
supermercados, ha quedado un stand by económico en el sentido de que estamos en
la cuerda floja: ante cualquier inestabilidad, tenemos los alimentos en manos
extranjeras. Estamos tratando de recuperar una cuestión económica fundamental
para nuestra zona y el país”.
Y recordó: “Quienes pasamos por las crisis de 1989 y 2001
sabemos qué pasa cuando se termina el alimento, cuando las grandes productoras
cierran la canilla porque saben que con eso la volatilidad de los precios se
transforma rápidamente en volatilidad en las calles. El circuito aparentemente
virtuoso de comprar en el supermercado mañana puede no existir y no tenemos
manera de garantizar eso. Lo vivimos en el 2008, cuando los productores de soja
cortaron las rutas y no dejaron pasar los camiones de leche, fruta y carne:
hubo una estampida de precios que tuvimos que bancar todos los argentinos”.
Otro de los artículos del proyecto insta a desarrollar
políticas de comercialización que garanticen la colocación de la producción
local en mercados de diversa escala, como proveedores del Estado y promoviendo
la formación de cadenas cortas de comercialización mediante ferias y mercados
para los productos de la agricultura familiar. “Queremos que esto también se
discuta en los sectores urbanos porque estamos hablando del alimento. Entonces
quienes compran en supermercados de grandes multinacionales tienen que darse
cuenta que los precios pueden llegar muy alto en donde ha desaparecido la
agricultura y se vende un paquete de acelga a 30 pesos. Eso nos va a pasar si
no defendemos que un alimento sano, barato y soberano esté en nuestra mesa
porque nos lo merecemos. La soberanía alimentaria es una cuestión concreta, es
el plato de comida arriba de la mesa todos los días. Nuestro proyecto tiene que
ver con empezar a defender y reconocer que quienes producen el alimento tienen
una trazabilidad social y económica en el alimento, y ellos son los
productores”, afirmó Zanutigh.
La mujer y el desamparo legal
Consultada por el apartado especial dedicado al trabajo
femenino y el enfoque de género que se le imprimió al proyecto, Chabela
Zanutigh expresó: “La agricultura es el último bastión donde la figura sigue
siendo el productor, como si las mujeres no estuvieran en la producción. En el
caso de la agricultura familiar, la mujer trabaja a la par del hombre en las
chacras y muchas veces es la que sostiene el alimento de la familia con otros
productos cuando se pierde la producción por sequías o lluvias. El acceso a la
justicia para ellas también es difícil, están desamparadas. Nuestro proyecto
busca que se visibilice y se reconozca económicamente el trabajo que aporta la
mujer a la producción de alimentos”, sintetizó.
La iniciativa presentada en la Legislatura también
busca que las mujeres figuren en los registros porque “en muchos casos se
registra al productor y la familia, con lo cual se pierde el valor de todo lo
que aportan esas mujeres. Y ellas, al no estar registradas como productoras, no
reciben subsidios. Además, algunos estudios relacionados a la producción
familiar demuestran que son destinatarias de los trabajos más pequeños, como
fabricar dulces o hacer tejidos, pero hay mujeres que quieren créditos para
criar animales o hacer cosas distintas a lo que hicieron siempre, para tener
las mismas posibilidades que los varones”, concluyó Zanutigh.
Sin desalojos por tres años
Menos del 20% de la superficie cultivable de nuestro país
está en manos de agricultores familiares. En este sentido, la ley nacional Nº
27.118 declara de interés público la Agricultura Familiar ,
Campesina e Indígena y crea un régimen de reparación histórica. La norma, que
considera a la tierra como bien social y crea un banco de tierras para el
desarrollo de emprendimientos productivos que promuevan el arraigo rural, en su
artículo 19 suspende por tres años los desalojos. En esta línea, fomenta la
creación de una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural.
También se impulsa la creación del Centro de producción de Semillas Nativas con
el objetivo de promover su utilización, acopio, producción y comercialización.
El organismo tendrá a su cargo la tarea de promover la investigación y la
preservación de las variedades que forman parte del proceso de selección
realizado por pueblos originarios, comunidades campesinas y pequeños
agricultores.
Publicada en Pausa #162, miércoles 23 de septiembre de 2015
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