La provincia autorizó importantes aumentos en el agua,
ignorando las observaciones del Ente y de las audiencias públicas y las
exigencias de mejora para el deficiente servicio.
Por Milagros Argenti
El gobierno provincial autorizó a ASSA a aplicar aumentos de
hasta 30% en 2014, y otro del 10% en 2015. De esta forma, el Ministerio de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente desoyó, una vez más, la opinión del
Ente Regulador de Servicios Sanitarios y volvió a ignorar las opiniones
vertidas en las audiencias públicas.
El ministro Ciancio desoyó el dictamen del Enress porque “está cargado de juicios de valor”.
A principios de julio, ASSA pidió una suba del 42%, no
acumulativo y distribuido en partes iguales (21%) entre el quinto y el sexto
bimestre del corriente año. Una vez recibido el pedido, el Enress llamó a
audiencias públicas en Rosario, Santa Fe y Reconquista. Durante las mismas, la
oposición al aumento fue la regla. Según la propia exposición de su titular,
Sebastián Bonet, el principal motivo para justificar el incremento era la
necesidad de cubrir los costos operativos del servicio. En cambio, la exigencia
unánime de los asistentes y oradores fue que la suba estuviera condicionada a
un plan de obras sustentable y a la colocación de medidores, que el gobierno
invirtiera más y, fundamentalmente, que la mala gestión de los recursos de
Aguas no recayera en los dos millones de santafesinos que tienen a la empresa
como obligada prestadora.
Ya celebradas las audiencias, el órgano de contralor emitió
su dictamen, en el que hizo suyas muchas de las apreciaciones vertidas. “La
eficiencia demostrada por la gestión de ASSA no es la óptima, y esta falencia
no debería ser soportada por los usuarios con la aplicación de incrementos que
vayan más allá de las expectativas razonables de inflación para el año en
curso”, dice el texto. También advierte que “los resultados de las audiencias
ponen nuevamente en evidencia que el servicio presenta graves problemas de
calidad”. Más duramente aún, la resolución del Enress indicó en su parte
resolutiva que es “impostergable que la prestadora ejecute las acciones
previstas para 2014 en el Plan de Obras e Inversiones 2014-2016, procurando no
diferir obras para años subsiguientes”. Además, advirtió que el régimen
tarifario vigente fue concebido en 1994, por lo que lo califica de
“anacrónico”. Sucede que desde hace 20 años nos cobran el agua por volúmenes
“presuntos” de consumo, estimados según el barrio donde habitamos, y la
supuesta calidad, superficie cubierta y antigüedad de construcción de nuestras
casas. Todo esto, indicó el Enress, “genera distorsiones”.
No obstante, el organismo de contralor consideró
“procedente” el pedido de incremento tarifario por parte de ASSA “por cuanto no
se puede desconocer el proceso inflacionario que carcome la ecuación económica
de todas las empresas”, pero aclarando que el 42% pretendido era excesivo. Así,
el Enress avaló, respectivamente,
aumentos del 16 y 10% para los bimestres septiembre-octubre y
noviembre-diciembre para los usuarios con medidor, y del 14 y 8% para iguales
períodos de los clientes con volumen asignado. Asimismo, otorgó un 10%
adicional para toda categoría, pero supeditado a la colocación “continua y
sistemática de 20 mil medidores domiciliarios anuales”, que en esta oportunidad
achaca al Ministerio conducido por Antonio Ciancio, “ya que anteriormente la
empresa no cumplió con su instalación invocando falta de disponibilidad
presupuestaria y siendo el Estado provincial, en su carácter de titular del
servicio, el responsable último que habilita los recursos”.
La decisión final
Ni las audiencias públicas ni el dictamen del Enress son
vinculantes. Ello implica que el ministro Ciancio puede decidir si toma en
cuenta o no sus apreciaciones. Sólo cuentan como meras opiniones. Y aquí cabe
una aclaración. Aguas Santafesinas es una sociedad anónima del Estado, el cual
tiene el 100% de sus acciones. La empresa tiene partida en el presupuesto
provincial, asignada al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente. Al mismo tiempo, hay un organismo que controla a ASSA, el cual es
gubernamental y autárquico. Cuando la empresa pide un incremento, la ley indica
que el Enress debe evaluarlo, pero ello no es más que una formalidad. Diga lo
que diga, la resolución del Ente no es prohibitiva y quien tiene que resolver
es, en la práctica, el financista (el Ministerio) de quien está solicitando el
aumento (ASSA).
A sabiendas de lo anterior, el gobierno provincial ninguneó
las recomendaciones del Enress y habilitó incrementos para los usuarios sin
medidores del 15% en el próximo bimestre, y de un 11% adicional para el último
período de 2014; como también hizo lo propio para los clientes medidos, a
quienes la boleta les llegará con un recargo del 17% entre septiembre y
octubre, y con otro 13% más entre noviembre y diciembre. Asimismo, en 2015 las
tarifas subirán otro 10% para ambos casos. No habrá exigencias sobre concreción
de obras, colocación medidores o mejoramiento de la calidad del servicio. Sólo
aumentos.
En declaraciones a La Capital , el ministro Ciancio fue claro: “el
dictamen del Enress está cargado de juicios de valor, carece de fundamentos y
no tiene en cuenta las inversiones que se están haciendo en toda la provincia”.
En 2010, 2011 y 2013, el titular de la cartera sanitaria ya
había mostrado su desprecio por la opinión del Ente (y por lo recabado en las
audiencias públicas). Le solicitaron que los incrementos estuvieran supeditados
a la realización de obras… lo desoyó. Le pidieron que se colocaran medidores
para propender a una justicia tarifaria… lo ignoró. Le exigieron que mejorara
la calidad del servicio para conexiones y reparaciones… eso nunca llegó. Sólo
autorizó aumentar las facturas de un suministro ya deficiente, e intentó
acallar a un organismo cuyos dictámenes vienen pintando una realidad que el
Ministerio no parece dispuesto a aceptar.
En Pausa #140, miércoles 27 de agosto de 2014. Pedí tu
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