Más
allá de las promesas, las mujeres no tienen un lugar para resguardarse ni
protocolos coherentes para protegerse de sus agresores.
Mayo empezó con un hecho que fue noticia repetida el año
pasado: una mujer de 34 años llegó al Hospital Cullen con el 40% de su cuerpo quemado. Todo ocurrió durante la madrugada del lunes 5 en su casa de Guadalupe
Oeste. “Fue un accidente”, afirmó tanto ella como su pareja, no obstante se
investigan las causas y el hombre quedó detenido. (*)
Las agresiones más significativas de 2013 se dieron hace
poco más de un año, durante semana santa. Esos días se convirtieron en trágicos
para María del Carmen García y Melina Monzón. Para Jorgelina Rodríguez también
fueron horas dolorosas, pero sobrevivió tras cuatro meses de internación. La
tríada comparte un rasgo atado al horror: las mujeres fueron asesinadas por sus
parejas y en dos casos la justicia aún no dictó sentencia firme. El año pasado,
en suelo santafesino se contabilizaron 28 casos de violencia de género que
terminaron con la muerte de las víctimas. Las preferencias de los asesinos son
claras: queman a las mujeres o llenan sus cuerpos de balas mortíferas.
El pasado 24 de abril, la Asociación Generar
junto a otras entidades que trabajan la problemática de género y a familiares
de las víctimas organizaron un acto frente a Casa de Gobierno para reclamar por
la apertura del esperado refugio para mujeres. Cabe recordar que en 2012, la Provincia creó la Red Provincial de
Casas de Amparo para mujeres víctimas de la violencia, pero las obras se
demoraron y aún no se pudo abrir un lugar en la ciudad capital. La presidenta
de Generar, Liliana Loyola, proclamó: “Basta de anuncios, queremos el espacio
ya. Armar un refugio para víctimas de violencia de género no es una gran obra.
Al espacio y a la gente la tenemos, ¿pero está la decisión política?. En la
provincia hay convenios con distintas ONG por plazas donde derivan a mujeres de
Santa Fe, pero no nos parece bien que manden a Rafaela o Rosario a una mujer
que tiene sus hijos acá. En la ciudad capital no hay plazas porque no existen
convenios con entidades locales”.
Los reclamos de las organizaciones son contundentes y llegaron a la Casa Gris. En la foto, Juan Monzón, padre de Melina.
“Queremos que se confeccione un protocolo de actuación, que
no es solamente para que la gente sepa a dónde ir, sino también para que los
organismos intervinientes sepan qué hacer. El Ministerio de Salud tiene que
estar al tanto de lo que es violencia de género para poder atender a las
víctimas. Griselda Correa llegó quemada al hospital, allí la curaron y la
mandaron de vuelta a su casa. Este es el caso más emblemático de falta de
protocolo: el mismo día que fue asesinada, Griselda hizo dos denuncias porque
su vida corría peligro. Es más, creemos que le dieron el dato a Cristian Vera”,
alias ‘Gusano’, quien luego fue encontrado preso en Córdoba bajo una identidad
falsa, “porque se la quería llevar para explotarla sexualmente, y acá se mezcla
una situación de trata. Este caso muestra una inoperancia judicial total”, añadió
Liliana Loyola. El pedido también incluye el funcionamiento de una línea
telefónica de ayuda que funcione durante las 24 horas.
Durante el acto, Juan Monzón sostenía con sus manos una foto
de su hija Melina. El 1º de abril de 2013, la joven de 25 años llegó al
Hospital Cullen con el 70% de su cuerpo quemado, aseverando que se había
prendido fuego sola y que su pareja, José María Silva, no tenía nada que ver.
Quedaron varias dudas, pero la
Justicia dictó falta de mérito a favor de Silva y la agonía
de Melina se extendió durante tres meses. “Mi hija era hermosa, trabajadora y
tenía una nena de tres años. La causa por su muerte quedó en la nada. Silva le
contó a su madre que mató a Melina. Ella estuvo un mes en terapia intensiva,
otro mes en terapia intermedia y el último en la sala de quemados. Durante sus
últimos días de vida me contó muchas cosas, pero nunca le tomaron declaración.
La jueza de Instrucción Susana Luna dejó libre al psicópata que quemó a mi
hija, pero yo voy a pedir justicia hasta las últimas consecuencias”, manifestó
Monzón.
Desde la Asociación Generar afirmaron que “no nos parece
mal que hayan dictado una condena de 19 años para Daniel Leonard, el asesino de
Carmen García. De todos modos creemos que 25 años hubiera sido lo correcto,
pero no pudo ser porque este hecho es anterior a que el femicidio fuera
incorporado al Código Penal como agravante de la pena de prisión perpetua”.
(*) El fin de semana siguiente hubo otro caso: la mujer murió.
Publicada en Pausa #133, miércoles 7 de mayo de 2014
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