Mientras otra vez se cajonea el proyecto de ley que limita
las fumigaciones, la corporación química enfrenta una resistencia cada vez
mayor de los movimientos sociales.
La resistencia de los asambleístas de la localidad cordobesa
de Malvinas Argentinas contra la multinacional Monsanto, los incidentes en la Facultad de Ingeniería
Química (FIQ) de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) entre activistas y
representantes de la empresa y las dilaciones de la reforma de la ley
provincial de agroquímicos vuelven a poner en debate el modelo agroexportador.
En la vecina provincia, el gobierno y la Justicia dieron luz verde
a la instalación de una planta de Monsanto –centenaria firma estadounidense
productora de químicos–, que los asambleístas resisten en soledad. En Santa Fe
continúa vigente la ley 11.273 de fitosanitarios, considerada permisiva por el
movimiento ecologista.
El modelo: bidones vacíos de agroquímicos, como el Round Up, en un acopio de Quimili, Santiago del Estero. Foto: Natacha Pisarenko/Associated Press.
En los seis años que lleva al frente del Ejecutivo, el Frente
Progresista dio muy pocas señales de querer reformar la norma. Si bien una de
sus diputadas –la socialista Inés Bertero– ingresó un proyecto, el oficialismo
demoró en repetidas ocasiones la posibilidad de un dictamen unificado con la
oposición –que controla las cámaras– para avanzar hacia una nueva norma que
tome como punto de partida el principio precautorio de la salud y el ambiente y
establezca nuevos límites a las fumigaciones.
Así como antes eran los senadores del PJ quienes frenaban la
reforma, ahora los diputados del Frente Progresista –donde hay mayoría de
radicales– son los que rompieron el acuerdo alcanzado a principios de noviembre
entre los tres legisladores que presentaron proyectos para reformar la ley
11.273. Así llegó el final del período ordinario de sesiones legislativas, el
último 30 de noviembre, sin debate y con los proyectos cajoneados (ver aparte).
Qué pasa en Córdoba
La filial argentina de Monsanto mantiene desde hace tres
meses un conflicto en la localidad de Malvinas Argentinas, donde grupos
ambientalistas impiden la construcción de una planta clasificadora de semillas
de maíz. La Justicia
cordobesa autorizó la obra y el gobierno de esa provincia la reclama a viva
voz. La firma viene dilatando la presentación del estudio de impacto ambiental
y los asambleístas mantienen el plan de lucha.
En el acampe y en las marchas se destaca la figura de Sofía
Gatica. Hace 13 años dio a luz una nena que falleció a los pocos días por un
fallo en sus riñones. La mujer comenzó a investigar en su barrio, Ituzaingó,
alarmada por la cantidad de muertes por cáncer y diferentes problemas de salud
de sus vecinos. Ahora lidera el movimiento ambientalista que disputa en forma
desigual con una de las corporaciones más poderosas del globo.
Sofía Gatica creó el grupo Madres de Ituzaingó y participa
de la campaña Paren de Fumigarnos. Recibió amenazas y fue golpeada varias veces
–episodios que la Justicia
cordobesa, permisiva con Monsanto, nunca esclareció– pero sigue al frente de la
resistencia, convencida de que sólo la sociedad puede frenar a la empresa.
Entre tanto, la
Nación otea de lejos y no ha intervenido. Pero la Defensoría del Pueblo
de la Nación
pidió la intervención de las autoridades nacionales, tras una serie de
reuniones con las ONG ambientalistas, “atento al conflicto social” motivado por
la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas (localidad de 13 mil
habitantes ubicada 15 kilómetros al este de la capital cordobesa).
El defensor adjunto Anselmo Sella recomendó al Ministerio de
Salud de la Nación
que adopte, a la brevedad, “aquellas medidas que considere necesarias para
trazar una línea de base de salud en el municipio de Malvinas, con especial
atención al registro y seguimiento de aquellas patologías que puedan estar
relacionadas con los riesgos ambientales que generan las actividades
productivas presentes y proyectadas para la zona”.
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, busca
convencer a los asambleístas con el argumento de “la importancia de las nuevas
fuentes de trabajo”. El funcionario se comprometió a dar marcha atrás con la
autorización a Monsanto en caso de que el estudio de impacto ambiental, a cargo
de la propia empresa, demuestre que hay riesgo de contaminación.
Para que Monsanto iniciara su obra sin el estudio ambiental
previo, el gobierno de Córdoba aplicó la ley provincial del ambiente 7.343, que
permite comenzar la obra civil sin que esté completo el estudio de impacto. No
obstante, la ley general del ambiente N° 25.675 (nacional) sostiene que esa
evaluación debe ser previa a la construcción. “Las universidades (de Córdoba)
solicitaron que se cumpla con lo que establece la ley general de ambiente, que
tiene rango constitucional”, señaló la asamblea.
La empresa y la asamblea
El gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, Adrián
Vilaplana, responsabilizó a los militantes ambientalistas por los
enfrentamientos de las últimas semanas –que cobraron especial virulencia el
jueves 28 de noviembre cuando intervino una patota de la Uocra – y denunció la
presencia de “activistas políticos ajenos a la localidad de Malvinas
Argentinas”.
La filial nacional de Mosanto emitió un comunicado en el que
aseguran cumplir “con todos los requerimientos legales para la construcción” de
la planta y remarcan el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que
desestimó una petición de medida cautelar para frenar la obra y, por lo tanto,
autorizó el avance de la empresa.
“Este bloqueo atenta contra una oportunidad concreta de
crecimiento, trabajo y desarrollo para la comunidad de Malvinas Argentinas,
dado que pone en riesgo la construcción de esta planta procesadora y
acondicionadora de semillas de maíz, ignorando que en la Argentina existen 42
plantas de este tipo”, sostiene el comunicado de la firma.
Monsanto en Santa Fe
El 5 de noviembre representantes de la multinacional
visitaron la FIQ
con el objetivo de dar una charla sobre “perspectivas laborales en el agro” a
los estudiantes. Como contra-evento, estudiantes comprometidos con la causa
ambientalista realizaron en el octógono de la facultad un panel sobre la
empresa Monsanto, cuyos ejes fueron la relación universidad-empresas, el
impacto ambiental, los aspectos legales y las alternativas de producción al
monocultivo.
Ese día, un grupo de militantes impidió la actividad de
Monsanto, desde donde denunciaron golpes e insultos a sus empleados. La
agrupación estudiantil independiente Martín Fierro que había organizado la
conferencia paralela –de la que participaron Sofía Gatica y otros integrantes
de la campaña Paren de Fumigarnos– se despegó de los incidentes y los atribuyó
a “un grupo minoritario de personas no pertenecientes a la agrupación”.
El octógono de Ingeniería Química estuvo lleno durante la contra-charla que se hizo en paralelo a la visita de representantes de Monsanto.
“Es lamentable este accionar”, sostuvieron los estudiantes.
“Compañeros nuestros estaban allí y pasaron un mal momento, presenciando agresiones
físicas y verbales. A ellos queremos expresar nuestras más sinceras disculpas,
como así también a todos los presentes que fueron agraviados: a los profesores,
los no docentes y los trabajadores de la empresa”.
“Nuestra militancia es la concientización y el debate, la
palabra, porque sólo de esa manera las cosas no se diluyen de un día para el
otro. ¿Se echa a Monsanto de algún lado con lo acontecido? No. Todo sigue igual
y, hasta que no haya un cambio de conciencia, va a seguir así. No se es más combativo
por inflar el pecho cuando sacás a la fuerza a alguien de un lugar; los cambios
reales se dan por otro lado, de otra forma, con gente consciente y activa”.
Reforma frustrada
Hay tres proyectos en la Cámara de Diputados de la provincia tendientes a
modificar la actual ley de fitosanitarios y establecer nuevos límites a las
fumigaciones. Pese al reclamo de un vasto número de organizaciones sociales y
ambientalistas, reunidas en la campaña Paren de Fumigarnos, no se avanzó
demasiado sobre el tema.
El 6 de noviembre, en la sede de Amsafe, los diputados
kirchneristas José María Tessa y Aliza Damiani y la socialista Inés Bertero
participaron de una charla-debate sobre la reforma a la ley de agroquímicos.
Luego avanzaron en un borrador de dictamen conjunto con la expectativa de
ponerlo a votación antes del 30 de noviembre, fin del período ordinario de
sesiones. El borrador disponía distancias de 3.000 y 800 metros –respecto de
las zonas pobladas– para las fumigaciones. A último momento, Bertero propuso
reducir los límites y así quedó abortada, una vez más, la posibilidad de
unificar un criterio transversal a los distintos bloques políticos y llevar la
discusión al recinto de la cámara.
Las organizaciones que militan por la reforma de la ley de
agroquímicos advierten sobre los efectos nocivos en el ambiente y la salud
humana, en particular por las afecciones respiratorias causadas por exposición
continua a productos químicos.
Publicada en Pausa #127, miércoles 4 de diciembre de 2013
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