El ex intendente Marcelo Álvarez paralizó –una vez más– la Causa Inundanción
2003 con un pedido de prescripción. La posición de la Fiscalía y la estrategia
del actor civil.
Por Ezequiel Nieva
Cuando restaba sólo una pericia técnica para que la causa
inundación llegara a la etapa de alegatos, previa a la sentencia, la defensa
del ex intendente Marcelo Álvarez –uno de los tres imputados– pidió “la
prescripción de la acción penal”. El actor civil anticipó que “no puede
prosperar” porque hay “una cantidad abrumadora de pruebas” para seguir adelante
con el proceso. La decisión está en manos del juez Gustavo Urdiales.
El planteo del ex intendente no sorprendió. A diferencia de
los otros procesados –el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex
director de Hidráulica Ricardo Fratti–, Álvarez no propuso testigos durante la
última etapa de testimoniales, que se desarrolló entre el 10 de junio y el 6 de
agosto. Su estrategia fue pedir la prescripción del proceso “por haber
transcurrido el plazo de cinco años que tiene previsto como pena máxima el
delito de estrago culposo”. A raíz de lo presentado por los abogados de
Álvarez, Pablo Guastavino y Alejandro Paz, se volvió a interrumpir el avance
del proceso cuando faltaba realizar una pericia climática, pedida por la
defensa de Berli.
La Causa Inundación es un muestrario del poder de la chicana judicial. Sin la lucha de los inundados, jamás hubiera podido avanzar.
Ahora los fiscales Jorge Andrés y Mariela Jiménez, tras
estudiar la presentación de la defensa y Álvarez, deberán formular un dictamen
para que el juez Urdiales defina si hace lugar o no al planteo de prescripción.
La resolución se demorará, coincidieron todas las fuentes consultadas. Y es
seguro que será apelada por la parte que no resulte favorecida, lo que dilatará
un proceso que ya lleva más de diez años.
Los mil palos en la rueda
La prescripción es el último eslabón de una larga cadena de
planteos por parte de las defensas de los imputados. En 2009, el entonces juez
de Sentencia Enrique Álvarez había rechazado cuatro pedidos de nulidad
presentados por los imputados, quienes más tarde plantearon la nulidad de las
indagatorias, la pericial hidráulica, el procesamiento y la requisitoria de
elevación a juicio.
Hasta el momento, en buena parte debido al arduo batallar
del actor civil –y por la presión que ejercen los inundados en la plaza desde
hace más de una década–, la
Justicia rechazó cada una de las medidas solicitadas por los
acusados. En este caso, los abogados que patrocinan al matrimonio
Castro-Demiryi –actor civil del proceso– están convencidos de que hay elementos
para un nuevo rechazo.
El artículo 67 del Código Penal establece, entre otros
motivos, que la prescripción no corre “cuando el imputado es un funcionario
público”. El arquitecto Álvarez es, en la actualidad, funcionario en el
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la provincia, con 25 años de
antigüedad. Su cargo es asistente profesional mayor, categoría 5 y su
dependencia la
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. Ese será
el principal argumento de la
Fiscalía para rechazar el planteo del ex intendente. “De
todas maneras, tenemos que ver cuáles son los fundamentos que utiliza la
defensa de Álvarez para invocar que ha prescripto la acción penal”, explicó el
fiscal Andrés, quien igual eligió no adelantar opinión sobre el dictamen.
Según la defensa de Álvarez, transcurrió “el plazo de cinco
años que tiene previsto como pena máxima el delito de estrago culposo”. Tras la
presentación, considerada como “una acción perentoria”, el juez Urdiales
suspendió la causa principal para resolver si da lugar al planteo o si avanza hacia
la etapa de alegatos. En caso de que Urdiales rechace el planteo de Álvarez, el
siguiente paso es la pericia climática pedida por Néstor Oroño, en
representación del imputado Berli, para la cual ya fueron sorteados tres
peritos que aceptaron el cargo.
Qué fue de Álvarez
La carrera política de Álvarez parecía haber terminado
durante la inundación de 2003, pero no fue así. El ex intendente –un hombre del
riñón de Carlos Reutemann– se benefició del pacto de impunidad que sellaron el
Lole y su sucesor Jorge Obeid. Así, continuó durante la última década en la
órbita del Estado, aunque se alejó definitivamente de la política partidaria y
casi no se lo vio, salvo en Tribunales.
En diciembre de 2003, cuando se produjo el cambio de
mandatos, Álvarez –quien hasta los 90 se había desempeñado en la Dirección Provincial
de Construcciones y Equipamientos Especiales del Ministerio de Obras Públicas–
fue designado por el ministro Alberto Hammerly –derrotado por Obeid en la
elección de ese año– como funcionario en el Ente Regulador de Servicios
Sanitarios (Enress).
Hammerly también nombró en el Enress a Berli –empleado de
planta de la Dirección
de Hidráulica–, quien se hizo cargo de la Gerencia de Relaciones Institucionales del
organismo, donde se desempeña hasta la actualidad. El tercer procesado, Fratti,
no corrió la misma suerte: fue uno de los pocos funcionarios despedidos por
Reutemann durante 2003 y no volvió a ocupar cargos públicos.
Álvarez mantuvo su cargo en el Enress mientras José Manuel
Kerz estuvo en el directorio del organismo. En 2007 venció su mandato y el ex
intendente volvió al Ministerio de Obras Públicas, donde había comenzado su
carrera.
La presentación del ex intendente fue realizada tras el
cierre de las últimas testimoniales, en las que prestaron declaración unos 30
testigos, entre ellos el ex gobernador Obeid, el ex ministro de Hacienda y
Obras Públicas Juan Carlos Mercier, el ex subsecretario de Obras Públicas
municipal Alfonso Bounous, el jefe del distrito Santa Fe de Vialidad Nacional
Rafael Pretto y el ex secretario de Recursos Hídricos municipal Raúl Omar
Jonás.
También declararon el ex rector de la Universidad Nacional
del Litoral y ex intendente Mario Barletta, investigadores del Conicet,
ingenieros, peritos y vecinos afectados, quienes revivieron ante el juez
Urdiales el horror de 2003.
Por escrito, también prestaron declaración el ex gobernador
Reutemann, el actual mandatario Antonio Bonfatti y el intendente José Corral.
Faltan dos en la
Justicia
Para Georgina Stratta, una de las abogadas del matrimonio
Castro-Demiryi, “las catástrofes no son naturales. Naturales son los fenómenos.
Se transforman en catástrofe cuando el hombre no los sabe manejar o no se
manejan adecuadamente, que es lo que pasó. Se pudo hacer la obra bien; no se
hizo. Se pudo prever que el Salado estaba creciendo; se descuidó el dato. Se
pudieron observar los estudios que la provincia había contratado y que
disponía; no se hizo. Y, entrada el agua a la ciudad, o cuando era inminente,
se pudo obrar en algunos barrios para evitar que el agua entrara de noche. Eso
hizo que mucha gente no pudiera salir y el mapa de muertos así lo demuestra,
entre otros muchos elementos que hay en el juicio”.
Con esos fundamentos, el actor civil buscará que el proceso
no cierre con una eventual sentencia sino que continúe con la citación de los
ex gobernadores Reutemann y Obeid no ya como testigos sino en calidad de
indagados. Para los demandantes, está claro que Obeid desatendió el cierre de
la defensa oeste durante su primer mandato y que ni Reutemann ni Álvarez
supieron manejar la crisis una vez que las aguas del Salado inundaron la
ciudad. La abogada Stratta sostuvo que no evacuaron a tiempo los barrios del
oeste por “un criterio equivocado” y por contar con “mala información”.
Más allá de que el planteo de prescripción fue interpretado
como una nueva maniobra dilatoria, los abogados del actor civil suponen que la
resolución del juez Urdiales será “lo más rápido posible” ya que, entienden,
hay voluntad de avanzar hacia la etapa de sentencia. En el mismo sentido se
pronunció el vicegobernador Jorge Henn, quien dirigió un mensaje al Poder
Judicial en contra de “la impunidad” como salida de una causa emblemática.
No obstante, la abogada Stratta lanzó duras críticas a la Justicia provincial:
“Cualquier resultado se vincula a sus antecedentes. Y sabemos que no ha sido
fácil promover la causa, llevarla adelante; no ha sido fácil encontrar, en el
servicio judicial y en el ejercicio de la acción penal, personas que se
ocuparan de la causa”.
Con todo, la abogada piensa que hasta ahora las actuaciones
judiciales “sí dejaron suficientes elementos para la reapertura de su
instrucción respecto de imputados cuya convocatoria fue negada en su momento”:
Obeid y Reutemann. Por los elementos recolectados –declaraciones, pericias y
documentos– “queda en claro que la responsabilidad no se limita a las personas
que están en este momento vinculadas al proceso”, sostuvo la letrada.
“La
Fiscalía cuenta con elementos suficientes para instar la
convocatoria de los ex gobernadores”, siguió Stratta. “Esa convocatoria fue
negada en su momento por el juez de Instrucción (Jorge Patrizi). Recurrimos esa
decisión, pero no tuvimos éxito. Llegamos hasta la Corte nacional, que no se
expidió sobre el fondo de la cuestión porque no había sentencia definitiva, que
es uno de los requisitos para que la
Corte se pronuncie vía recurso extraordinario”.
La abogada continuó: “Todas las decisiones que dejaron firme
la causa se tomaron sobre la base de los elementos con que se contaba entonces
(2003-2006). Hoy hay más elementos”, en alusión a las pruebas que había
rechazado Patrizi en el final de la etapa de instrucción. “Fueron presentadas
en el plenario, con conformidad de las partes y sin objeciones, de manera que
forman parte del plexo probatorio. De ahí surgen elementos clarísimos, que se
quisieron evitar en la instrucción, y ahora se tienen. El Ministerio Público
podría utilizarlos para pedir que se cite a declaración a los ex gobernadores”,
instó Stratta.
En un mensaje dirigido a los fiscales Andrés y Jiménez,
pidió que citen a los ex mandatarios porque no se puede soslayar su
responsabilidad antes, durante y después de la inundación: “Entre los dos
gobernaron 16 años la provincia, con lo cual su ajenidad respecto de la
cuestión resulta hasta risible. Se supone que quienes condujeron tanto tiempo
provincia no pueden ser ajenos a semejante catástrofe”.
Publicada en Pausa #120, miércoles 28 de agosto de 2013
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