Por Pilar Guala y Milagros Argenti
A casi 10 años del inicio del proceso penal, la Justicia no encontró todavía ningún culpable por los hechos de 2003. El proceso comenzó el 5 de mayo de ese año a partir de la denuncia presentada ante el fiscal Ricardo Favaretto por la titular del Sindicato de Amas de Casa, Ana Isabel Zanutigh, que fue tomada por el juez de Instrucción de la 7ª Nominación, Diego De la Torre. En marzo de 2004, Jorge Castro y su esposa Milagros Demiryi se constituyeron como actores civiles en la causa, debido a los daños y perjuicios sufridos, y solicitaron que funcionarios provinciales y municipales fueran investigados por los delitos de estrago culposo calificado e incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.
Los testimonios
Entre el 9 de octubre de 2003 y el 21 de noviembre de 2005, De la Torre llamó a declarar a 20 funcionarios como testigos e indagó a siete de ellos, entre los que se encontraban el ex director de Defensa Civil, Carlos Filomena, el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli.
En su testimonial, Filomena aseguró que ningún organismo técnico nacional ni provincial le advirtió sobre la magnitud de la inundación y que la repartición que conducía no conocía monitoreo alguno sobre el Salado o sus defensas. Expresó que entre sus tareas en situaciones de “catástrofe” estaban “minimizar los daños, y reponer las condiciones al estado natural. Además, estar en el lugar de los hechos”. Consultado sobre la existencia de un plan de contingencia y evacuación, Filomena respondió: “no es tarea de Defensa Civil. Esa pregunta debería hacérsela a la Municipalidad”. Afirmó que “la Dirección estaba desmantelada” y agregó que su “misión fue dar instrucciones, consejos, o asesoramientos” a las comunas afectadas por anegamientos, incluyendo otros departamentos de la provincia.
Las declaraciones del director de Obras Hidráulicas, Ricardo Fratti, se destacaron por ser las más detalladas en relación con las actuaciones durante los peores momentos de la inundación. Sirven también para contrarrestar la tristemente célebre frase “A mí nadie me avisó”, utilizada por Reutemann pero también presente en los testimonios de otros tantos ex funcionarios.
Fratti respondió en las dos declaraciones, sin dudar, que él informó, y destacó la situación que vivían por entonces otras localidades del centro-norte de la provincia afectadas por anegamientos del Salado. Hizo hincapié en las reuniones realizadas por el Comité de Emergencia del 28 y 29 de abril. Estas declaraciones estuvieron acompañadas por documentos que acreditaron sus dichos, incluido el mapa en el que había marcado con una línea roja hasta dónde llegaría el agua. En sus declaraciones especifica:
- “El 28 de abril a las 13, con presencia de autoridades provinciales y municipales, informé lo que se había podido recabar hasta ese momento: que había que estar en alerta porque esta crecida era ya más grande que todas las conocidas… y que al haber colapsado los terraplenes provisorios o de emergencia de Gorostiaga, podía haber miles de evacuados”.
- “El 29 de abril a las 11.30 en una reunión en la gobernación con presencia del gobernador y otros funcionarios, el intendente (…), les informó y avisó lo que hasta ese momento habíamos logrado y les mostré el plano de áreas de riesgo, con alturas de las distintas zonas de la ciudad y se informó que de acuerdo a lo estimado hasta ese momento, dónde se iba a inundar la ciudad, indicándose con una línea roja la cota 16-80”.
Distintos funcionarios le expresaron a De la Torre que no recordaban esas explicaciones, otros adujeron que la explicación que dio Fratti fue en un lenguaje “demasiado técnico”. El ex director de Hidráulica en su declaración afirmó que el lenguaje utilizado fue “comprensible para todos los asistentes”.
Por su parte, Berli recordó con claridad las advertencias dadas por Fratti en las reuniones del Comité de Emergencia y detalló un encuentro improvisado que se produjo durante la madrugada del lunes 28 en calle Gorostiaga con Reutemann y Álvarez.
Berli sí le había ilustrado al gobernador el cuadro de situación que se presentaba en la ciudad con antelación a la reunión del 29 de abril. El ex ministro respondió que el gobernador “palpaba, directamente, los hechos como se iban sucediendo. No hubo un informe particular sobre la situación general que se vivía, sino que se lo iba viviendo en la medida de que los hechos iban ocurriendo”, agregó.
Reutemann, por escrito
A poco de cumplirse un año de la inundación y en la antesala del masivo acto en la plaza 25 de Mayo, el 12 de abril de 2004, Carlos Reutemann –prácticamente ausente hasta entonces del proceso–, respondió por escrito un pedido de declaración testimonial.
El documento presentado no fue más que una reafirmación de sus recordadas y paupérrimas explicaciones desplegadas en las pizarras del Salón Blanco de la Casa Gris en las sucesivas conferencias de prensa brindadas en el momento más álgido de la catástrofe. Declaró que tomó conocimiento de la situación cuando se llegó a tener “en un determinado momento 156 localidades en emergencia hídrica”. “Sin embargo”, continuó, “nunca se me hizo saber ni por las autoridades municipales, ni a través de las áreas con competencia específica de mi gobierno, acerca de la incidencia que la crecida podía tener sobre la ciudad de Santa Fe. Tampoco la Nación, a través de sus reparticiones específicas, como ser el INA, alertó o cursó avisos previos”.
El cuestionario remitido por el magistrado recibió respuestas escuetas y evasivas; la modalidad de la declaración –por escrito– sirvió para evitar repreguntas del juez.
A modo de cierre y remate, el ex gobernador reiteró: “ningún organismo técnico nacional, provincial ni municipal, ni ninguna autoridad o persona, dio aviso de la magnitud que alcanzaría el hecho motivo de investigación, que constituyó una verdadera catástrofe, repentina, intempestiva, inédita e imprevisible”.
En esta etapa del proceso, el juez convocó a más de diez testigos, más allá de los funcionarios mencionados, vinculados a áreas técnicas, profesionales en la materia y periodistas.
Entre ellos, se destacó el director de la Regional Litoral del INA, Carlos Paoli, quien declaró en noviembre de 2003 y presentó una serie de estudios realizados por esa dependencia. Paoli afirmó que si el Tramo III del terraplén hubiese estado terminado, la ciudad no habría vivido la situación que afrontó.
Álvarez, por cuatro
En la primera etapa de la causa, Álvarez compareció en cuatro oportunidades ante el juez. En su indagatoria, el ex intendente aludió a la falta de datos, advertencias y al “grado de desinformación” existente entre los funcionarios. Tal como lo hiciera Filomena, Álvarez afirmó que no fue llamado “por ningún miembro o al menos por el director de Defensa Civil provincial el 29 de abril de 2003”. En relación con la reunión del Comité de Emergencia de esa fecha, agregó que “no había certezas de que ningún funcionario provincial, nacional, del Ejército o Gendarmería, haya anticipado lo que iba a ocurrir”. La declaración incluye un detalle de sus dichos en LT10 sobre qué zonas de la ciudad se inundarían, donde explicó que lo que informó en el programa El Cuarto Poder fue aclarado luego por esa emisora tras recibir un llamado de Fratti quien, según Álvarez, calificó la situación como difícil.
El ex intendente concluye su declaración con una muletilla presente en varios cuerpos de la causa: “en lo personal no recibí ni oficial ni extraordinariamente ningún tipo de información certera o al menos aproximada de lo que podía suceder. Nunca nadie me informó”.
Peritaje y cambio de juez
En septiembre de 2004 se fijó un listado de peritos cuya función era realizar un informe técnico sobre las causas y efectos de la inundación. Resultaron sorteados Jorge Bacchiega, Jorge Maza y Juan Carlos Bertoni. Entre las conclusiones más destacables de su trabajo, presentadas un año después, se encuentran las siguientes:
- “La capital provincial presentaba algunos problemas estructurales que no correspondían ser resueltos en una situación de emergencia sino que debieron haberse evaluado y corregido en forma previa, a la luz del nivel de vulnerabilidad que presentaba la ciudad”. En ese sentido, “la acción de cierre [de la defensa a la altura del Hipódromo] debió iniciarse (…) en días previos al ingreso de las aguas, [ya que de lo contrario] no resulta factible de realizarse (o al menos tiene menos posibilidades de éxito) una vez iniciado el escurrimiento hacia el interior de la ciudad. [En el mismo sentido], las acciones que se encararon durante la crecida del año 2003, no dieron resultados satisfactorios dado que las mismas comenzaron a ejecutarse una vez que el agua había comenzado a ingresar a la ciudad”.
- “El inicio del ingreso del agua a la ciudad y su incremento (los días 27 y 28 de abril) conforman un aviso importante que debió haber determinado acciones de evacuación, [las cuales] debieron contemplar no sólo las zonas que ya se encontraban anegadas sino también aquellas que, por su ubicación, presentaban elevados riesgos de anegamiento”.
- “A través de una simple y expeditiva modelación matemática se hubiera podido determinar la evolución de los caudales entrantes por calle Gorostiaga y la brecha formada en el terraplén en función de los caudales circulantes en el río Salado y sus consecuentes alturas enla sección del Hipódromo […], en consecuencia se podían calcular luego las áreas abarcadas por la inundación”.
- “Se puede afirmar que con los registros existentes en poder de las autoridades de la Provincia y la utilización de modelos matemáticos de fácil y libre disponibilidad, era técnicamente factible establecer tanto la fecha como la cantidad de agua y velocidad de la misma, que pasaría por la margen oeste de la ciudad de Santa Fe”.
A fines de 2005, Roberto Busser, abogado del ex secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Juan José Maspons, y del ex secretario de Promoción Comunitaria de la Municipalidad, Juan Carlos Cafaratti, recusó a De la Torre: pidió que se apartara de la causa. El argumento principal de Busser fue que el magistrado tenía la atribución de “realizar la actividad persecutoria” y, al mismo tiempo, la facultad de “decidir la necesidad y la legalidad de las medidas persecutorias”. En efecto, según el viejo Código Procesal Penal Provincial (que es el aplicable a la causa Inundación y que aún está vigente en parte), el juez de Instrucción conduce la investigación y a la vez resuelve a quién imputar o no sobre la base de sus propias actuaciones. Era la normativa vigente, a la que De la Torre debía atenerse. Pues bien, en un curioso escrito, el magistrado aseguró haberse “desempeñado con la imparcialidad, neutralidad, prudencia, serenidad y ecuanimidad que el caso imponía” y dijo no compartir los argumentos de Busser, no obstante lo cual observó que “lo que debe preservarse (…) es la imagen del juez que habrá de entender en el proceso”, por lo cual hizo lugar al planteo. Así fue como la causa recayó en el juzgado a cargo de Jorge Patrizi.
Los tres que tapan al resto
El 24 de febrero de 2006, Castro y Demiryi presentan un escrito por el cual advierten que su pretensión de “resarcimiento integral de los daños causados por la catástrofe” se extiende también a la Provincia y “a todos los terceros que resultaren […] responsables”. El pedido fue aceptado y así fue como, en una estrategia ejemplar, los abogados patrocinantes, Ricardo Hase y Jorge Elizondo, consiguieron implicar a la Provincia y el Municipio para que comenzaran a responder, en tanto estados, al menos por lo reclamado por los actores civiles que participan de la causa penal.
Más allá de avanzar en algunas declaratorias, la actuación más destacable de Patrizi fue su fallo. El 19 de abril de 2006, resolvió procesar al ex intendente de la ciudad, Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Wilfredo Berli, y al ex director de Hidráulica provincial, Ricardo Ángel Fratti, por el delito de estrago culposo agravado por el resultado de la muerte de 18 personas, y les trabó embargos por 50 mil pesos a cada uno. Asimismo, dictó la falta de mérito para Carlos Miguel Gómez Galissier, José D’Ambrosio, Carlos Alberto Filomena, Juan Carlos Caffaratti, Juan José Maspons, Jorge Alfonso Bounous y Alejandro Hugo Álvarez Oporto, aduciendo que no encontraba justificación para procesarlos, pero tampoco para sobreseerlos. Y en un controvertido apartado, Patrizi aseguró que no existían “elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos” que motivaron la causa penal.
El fiscal Favaretto manifestó su desacuerdo con Patrizi: pidió la nulidad de las faltas de mérito dictadas y solicitó que se impute también por incumplimiento de los deberes de funcionario público a Alvarez, Fratti y Berli; los abogados defensores, obviamente, apelaron los procesamientos. Pero la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe le dio la razón al magistrado de Instrucción: Filomena, Gómez Galissier, D’Ambrosio, Caffaratti, Maspons, Bounous y Álvarez Oporto fueron sobreseídos.
La Instrucción fue el juego inicial. Los tres procesados perdieron. Los actores civiles sufrieron una derrota parcial, en vistas de que el ex gobernador Jorge Obeid ni siquiera fue convocado y que Reutemann fue desligado del hecho; ambos ex gobernadores resultaron victoriosos. Pero la demanda de los Castro contra los estados municipal y provincial quedó en pie. Los sobreseídos, por su parte, ganaron y se retiraron definitivamente.
La partida se embarulla
La causa entró en una meseta de más de un año y posteriormente ingresó en etapa de transición, con cambios sustanciales. El juez pasó a ser Mauricio Frois, de nula actuación. Su inacción no sorprendió: en marzo de 2009 sería suspendido por dejar prescribir más de 300 causas. En tanto, Norberto Nisnevich quedó como fiscal.
En una destacable actuación, Nisnevich formuló el requerimiento de elevación a juicio el 5 de marzo de 2008. La idea fue solicitar que comience el juzgamiento de Álvarez, Berli y Fratti, enumerando los motivos y evaluando la prueba existente. El nuevo fiscal se basó en artículos periodísticos, en antecedentes históricos (como la inundación de 1973), en los informes técnicos de diversos organismos (INA, SMN, Cepal, UNL), en los testimonios, en las indagatorias y, sobre todo, en la pericia oficial, para determinar que los procesados “se desempeñaron en forma negligente al no haber adoptado los recaudos en tareas propias de sus funciones, tendientes a reducir y/o minimizar los efectos del ingreso de las aguas del Río Salado” y pese al “comportamiento observado por dicho cauce de agua con anterioridad”. Nisnevich también dio “por probado que la crecida e inundación del río Salado era previsible” y agregó que tanto la escasa luz del puente sobre la autopista como la falta del tramo III de la defensa influyeron en la precipitación de los acontecimientos. En este último caso, el fiscal consigna que si se hubiera efectuado un cierre provisorio con tres días de antelación a la inundación, los efectos de esta última se habrían minimizado considerablemente, y que los funcionarios procesados contaban con preavisos para actuar en consecuencia.
Los abogados de Álvarez, Berli y Fratti, y también la Municipalidad y la Provincia, apelaron la requisitoria y pidieron diversas nulidades. Suspendido Frois, tomó la causa el juez de Sentencia Enrique Álvarez, quien resolvió en contrario de esas solicitudes, se excusó y se retiró.
Tras la transición, se retomó la partida. En 2011 arrancó la revancha. Comenzó la etapa definitoria del proceso: el plenario –cuyo objetivo es juzgar a los imputados–, continúa hasta el día de hoy. El magistrado Dardo Rosciani tomó la causa y Leónidas Candioti Leiva era el fiscal. Los jugadores son Álvarez, Berli y Fratti, los actores civiles, y el fiscal. También los estados municipal y provincial, por la demanda de Castro y Demiryi en su contra. El juez arbitra el juego.
Se abrió entonces la causa a prueba, por lo que las partes debían proponer testigos y documental que avalaran sus posiciones. Las cartas, sobre la mesa. Los demandantes sugirieron personas, videos y papeles que dieran cuenta de que esos tres funcionarios, la Municipalidad y la Provincia son los culpables, y los abogados defensores procedieron de igual forma para demostrar lo opuesto. Mientras tanto, Candioti Leiva debía hacer lo propio para arribar a una posterior acusación de los imputados. Pues bien, Candioti Leiva, a quien le corresponde ponerse del lado de las víctimas y dar todos los elementos que estén a su alcance para esclarecer el hecho, no presentó una sola prueba. Se retiró en varias manos sucesivas sin siquiera cantar envido, dando increíble ventaja a los imputados y delegando la responsabilidad de incriminar a quienes no la tienen: los actores civiles. Por eso Jorge Castro aduce reiteradamente: “desgraciadamente, somos las víctimas las que debemos probarle al Estado que nos inundaron”. Lo grave de la cuestión es que ya no queda posibilidad de ingresar pruebas, porque la instancia para sugerirlas ya se cerró.
Tras la patética y perjudicial intervención de Candioti Leiva, la Fiscalía quedó a cargo de Carlos Rolando, que no tuvo intervención alguna; posteriormente fue tomada por Gerardo Alesso, quien se excusó por haberse inundado, y en marzo de este año recaló en Mariela Jiménez, hoy trabajando en la causa. En tanto, Rosciani se jubiló a fines de 2012 y su juzgado está subrogado actualmente por Gustavo Urdiales. A pedido de los abogados de la parte civil, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, designó a Jorge Andrés para respaldar la tarea de Jiménez y dar impulso y agilidad al proceso.
En este momento, Urdiales baraja el mazo. Él debe resolver qué testigos y documental propuestos por las partes acepta, para luego comenzar con la etapa de producción de prueba. Entonces sí las cartas estarán definitivamente sobre la mesa: cuando se retomen las audiencias y se engrosen los ya abultados expedientes.
No obstante, en diálogo con Pausa, la fiscal aseguró que “ya hay suficiente prueba como para avanzar y llegar adonde pretendemos, que es lograr la acusación y la condena”. Admitió que “éste es un proceso eterno, y es necesario dar una respuesta tanto a las víctimas como a los implicados. Nuestro compromiso es cierto: responder lo antes posible; y queremos hacerlo a fines de este año”.
En cuanto a la posibilidad de que Reutemann y Obeid resulten implicados, Jiménez indicó que “quien tenga responsabilidad deberá presentarse ante la Justicia a dar las explicaciones”. “Yo no me cierro a la posibilidad de que planteemos que algún otro funcionario está implicado”, agregó, aunque fue firme al aclarar que la causa en curso versa exclusivamente sobre Álvarez, Fra-tti y Berli. “En este proceso no es posible” imputar a nadie más. “Lo que uno puede hacer es, con el material existente, ver si hay algún otro funcionario que tenga incumbencia, pero en ese caso hay que hacer un nuevo pedido en Instrucción para abrir otro proceso”.
Las posibilidades, así, están. Se definirá en el partido “bueno”.
La causa en cifras
118 meses de proceso judicial.
23 muertos contabilizados por la Policía y reconocidos
oficialmente.
18 muertos reconocidos en el auto de procesamiento.
15 cuerpos de expedientes.
7 fiscales estuvieron a cargo de impulsar la causa.
6 jueces fueron pasándose los expedientes de uno a otro.
3 procesados: el ex intendente Marcelo Álvarez, el ex
ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el director de Hidráulica Ricardo
Fratti.
1 delito imputado (estrago culposo agravado).
0 condenados.
Publicada en Pausa #112, miércoles 24 de abril de 2013
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