Un grupo autoconvocado, ante la ausencia de respuestas del
Estado, reclama la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia.
Por Ileana Manucci
Unos 29 femicidios se registraron en la provincia durante
2011 y, según el Inadi, en estos primeros meses de 2012 ya hubo un centenar de
casos de violencia hacia la mujer. Aunque está próxima la inclusión del
femicidio en el Código Penal, con agravamiento de penas, la situación de
desprotección de miles de mujeres ante la violencia que sus parejas ejercen
sobre ellas, sigue estando lejos de resolverse.
En noviembre del año pasado, un grupo de mujeres y hombres
autoconvocados, entregaron a la Municipalidad un petitorio en el cual se
solicitó que se “arbitren las medidas que fueren necesarias a los fines de
instaurar un sistema de Casas de Refugios para mujeres víctimas de violencia”.
María Claudia Albornoz forma parte de este grupo y explica que esta movida
nació luego de que expresara en su Facebook la rabia e impotencia que había
sentido al acompañar a una vecina a realizar una denuncia, y la poca, o nula,
respuesta por parte de los organismos del Estado. “La acompañé a diferentes
lugares, tratando de buscar una solución una respuesta, y la verdad que fue una
mañana nefasta, porque la mujer se volvió a la casa con un papelito con dos
números de teléfonos, nada más”, cuenta María Claudia. “Volvió a su casa, donde
corría peligro, donde temía que su pareja la quemara viva…Después que hago un
comentario en la red sobre esto, mucha gente comenzó a sumarse, a opinar y ahí
se habló por primera vez de la necesidad de los refugios. Así nació un grupo de Facebook llamado
Queremos refugios para mujeres víctimas de violencia en Santa Fe. Después de
algunos intercambios, decidimos juntarnos y el 25 de noviembre, el Día de la No
Violencia contra la Mujer, hicimos nuestra primera salida a la calle,
entregando calcos en la peatonal”.
—¿Cómo hicieron el petitorio?
—El tema era urgente, todos los que estábamos trabajando en
ámbitos adonde nos llegaban estos casos veíamos que era desesperante la
situación de muchas mujeres. Decidimos hacer un petitorio para llevar a la
Municipalidad, que creemos que es la que debe hacerse cargo de esto, porque
tiene incidencia y responsabilidad en el ámbito de la ciudad. Se hizo una
redacción con muy buena fundamentación jurídica, fuimos y lo entregamos.
Las argumentaciones son claras: “los refugios, más allá de
las urgencias que resuelven las más de las veces, se constituyen en condición
de posibilidad del inicio de cualquier proceso legal por parte de las mujeres
víctimas de violencia. El acceso real a espacios de reflexión y ayuda
psicológica que les permitan entender la dinámica de la violencia y las
posibles opciones para su solución debe ser siempre el paso previo al inicio de
cualquier proceso judicial. El Estado debe proveer lugares seguros para las
mujeres y sus hijas e hijos”.
—¿Qué respuesta tuvieron?
—Nos atendieron Adriana Molina y Marta Fassino, tuvimos una
entrevista con ellas y se armó un expediente en función de esto. También
tuvimos un encuentro con la directora de Políticas de Género del Ministerio de
Desarrollo Social, Mercedes Martorell, quien nos dijo que ya estaban
trabajando, junto con el municipio, para tener plazas, no los refugios, donde
alojar a estas mujeres con sus hijos. Pero hasta el momento no hemos tenido
respuestas claras sobre el petitorio, por eso en los próximos días vamos a
volver a la Municipalidad a exigir que las políticas se cumplan.
Los refugios, como lugares físicos, sólo resuelven una parte
de la problemática. Albornoz plantea la necesidad de que se habilite un número
telefónico, como el que ya existe en Rosario, adonde se pueda acudir en un
primer momento. Luego, resulta indispensable el acompañamiento de un equipo
interdisciplinario que pueda atender las necesidades que irán surgiendo en
diversos ámbitos. “Lo primero que hay que hacer, lo más urgente, es sacarla de
la casa. En Buenos Aires inclusive hay una especie de guardia, que va a la casa
y saca a la mujer, porque se sabe que corre un riesgo muy alto”, explica
Albornoz, “Pero después hay que hacer todo un trabajo en función de que la
mujer logre autonomía económica y, por supuesto, de que se penalice al violento, porque sino
parecería un contra sentido: dejas al violento en la casa y sacas a la familia,
a la mujer, y esto pasa porque la mayoría de las veces las leyes no se cumplen.
Muchas mujeres hacen la denuncia, la policía saca al agresor de la casa y
extienden un recurso para que no se acerque; pero eso funciona en algunos
sectores, en los barrios más carenciados no, ya que el hombre se queda cerca,
espera que el patrullero se vaya y regresa. La impunidad está metida en todos
lados, el violento va, viene y siempre termina haciendo de las suyas”.
Ausencia estatal
La falta de políticas y
de respuestas es uno de los grandes escollos a superar para frenar la
violencia machista. Los casos que día a día aparecen en los medios, de mujeres
asesinadas, quemadas, violadas por sus parejas, se reproducen gracias a la
impunidad, a las sanciones que se aplican pero que no se cumplen, porque nadie
las controla.
—¿A dónde acude hoy una mujer víctima de violencia?
—Lo más efectivo es recurrir directamente a Fiscalía o al
Centro de Asistencia a la Víctima, de la de Defensoría del Pueblo; a las
comisarías comunes no se puede ir porque allí las mujeres son revictimizadas,
se reproduce una situación muy violenta. La ausencia del Estado la vemos
claramente cuando buscamos datos, estadísticas, registros sobre la problemática
y no los hay. Poder medir esto tiene que ver con poder resolver, las
estadísticas sirven para eso, para visibilizar una situación y hacer algo. Acá
hay mucho discurso sobre el tema, pero en la realidad no pasa nada; las
direcciones o secretarías de la mujer existen pero nunca hay presupuesto,
entonces ahí entendemos que realmente todo es discurso, porque aunque en esos
lugares hay profesionales idóneas y comprometidas, si no se les da presupuesto
real para llevar a cabo políticas, se cae todo. Es claro que el tema no se está
abordando seriamente y eso, te diría, hasta le sale más dinero al Estado.
—¿En qué sentido?
—Es un problema de salud y, si uno lo pone en términos
económicos, le sale muy caro a la salud pública atender a una mujer golpeada,
violada, destruida psicológicamente; todo lo que tiene que hacer el sistema de
salud para recuperar a esa mujer es mucho y carísimo. Por supuesto que
deberíamos erradicar la violencia machista porque es una situación de
desigualdad y de injusticia, pero si también lo llevamos al terreno económico,
es más barato prevenir que curar. Lo mismo pasa con el aborto: a la salud
pública le sale más caro atender a una mujer que abortó clandestinamente que si
pudiéramos, como país, tomar una decisión madura y tener un aborto legal,
seguro y gratuito. El patriarcado ha calado muy hondo y Argentina es un país
muy machista, por eso resulta vital que existan políticas en serio para
erradicar la violencia, porque estás situaciones son cada vez más duras y
difíciles de remontar para las mujeres.
Publicada en Pausa #92, miércoles 25 de abril de 2012
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