El Tribunal Oral de Santa Fe, que juzga al ex comisario Roberto José Martínez Dorr por secuestro y torturas contra un ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), anunciará su sentencia el lunes 16 de abril a las 9 de la mañana. El imputado, para quien la querella pidió una pena de 20 años en cárcel común, podrá decir sus últimas palabras y luego se conocerá el veredicto sobre los dos cargos en su contra: “Privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos agravados” en perjuicio de Froilán Aguirre. Se cerrará así el quinto juicio realizado en nuestra ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.
La querella –representada por el abogado Horacio Coutaz, secretario de Derechos Humanos de la provincia– pidió 20 años de cárcel común para Martínez Dorr, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo “autor de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado por tratarse de un perseguido político” contra Froilán Aguirre. “Asimismo, solicitamos se revoque el beneficio de prisión domiciliaria y se disponga el traslado al penal que corresponda”, pidió Coutaz.
El caso por el que se juzga a Martínez Dorr ocurrió durante el primer año de la última dictadura y es el quinto proceso en llegar a juicio oral en Santa Fe. Froilán Aguirre fue emboscado por un grupo de tareas el 8 de septiembre de 1976 en el hospital Iturraspe, cuando aguardaba reunirse con un compañero que luego fue asesinado. Entonces Martínez Dorr era oficial auxiliar del Comando Radioeléctrico del departamento La Capital. Ya en democracia llegó a ascender a comisario, hasta su retiro en la década del 90.
Una treintena de testigos fueron citados por la Justicia Federal durante el proceso. La víctima declaró que, tras su secuestro, fue llevado a un centro clandestino de detención conocido como “La casita” de Rincón. Luego, Aguirre estuvo casi un mes en la Comisaría Primera donde permaneció detenido durante 29 días y donde pudo reconocer a “Morrongo” como uno de los miembros de la patota que lo secuestró y luego lo torturó.
El tribunal que tiene a su cargo el juicio está presidido por María Ivón Vella junto a los vocales José María Escobar Cello y Roberto López Arango, de la ciudad de Paraná. El fiscal general es Martín Suárez Faisal, quien estuvo a cargo del Ministerio de la Acusación en todos los juicios de lesa humanidad que se realizaron en Santa Fe. La defensa fue ejercida por el abogado oficial Germán Artola.
Pedido
de desafiliación
Mientras
avanzaba el juicio contra Martínez Dorr, desde distintos sectores del
kirchnerismo pidieron la expulsión del represor del Partido Justicialista,
luego de confirmar que aparece como afiliado. El diputado provincial Leandro
Busatto –con el apoyo del vicepresidente del partido Jorge Fernández, del Movimiento
Evita y de las agrupaciones Paco Urondo, Mesas de Trabajo y Jóvenes para la
Victoria, entre otros– anunció la determinación –en la que coincidieron los referentes
locales de la Corriente Nacional de la Militancia– de solicitar al Tribunal de
Disciplina y al Consejo Provincial del PJ la expulsión del ex policía Martínez
Dorr.El año pasado, el PJ provincial inició un proceso “de depuración” –tal como definió Busatto– de sus padrones de afiliados con el fin de apartar de sus filas a quienes estén imputados o procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En 2011, el Tribunal de Disciplina del partido desafilió a otros dos represores condenados en causas por derechos humanos: los ex policías Eduardo Ramos y Mario Facino, sentenciados en el marco de la Causa Brusa por secuestros y torturas (Facino fue condenado, en otro juicio, por la desaparición de la militante Alicia López). La expulsión fue refrendada por el último Congreso Provincial del PJ.
“Argumentos de índole política, jurídica y ética llevan a exigir la inmediata expulsión del represor Martínez Dorr”, explicó el diputado Busatto e indicó que el ex policía también está vinculado a otros operativos llevados adelante por la patota de la cual formaba parte, como el que finalizó con la muerte de Miguel Ángel Fonseca y Luis Alberto Vuistaz, o las torturas a las que fuera sometido el ex vicegobernador Eduardo Cuello.
“Es una situación sorpresiva encontrar que estos nefastos personajes, que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema democrático y que han sido responsables del mayor genocidio de la historia argentina, forman parte de la vida interna de los partidos políticos, verdaderos instrumentos de la democracia al servicio del pueblo”, añadió el legislador kirchnerista.
“Esto debe generar un proceso de profunda autocrítica y favorecer una instancia de revisión sobre los padrones de todos los partidos políticos, a fin de producir una depuración, en los padrones de afiliados, de aquellas personas que con sus actos han puesto de manifiesto su nula intención de vivir en democracia”. Para el diputado y militante de Jóvenes para la Victoria, el pedido de desafiliación es “una pequeña reparación histórica que pretende avanzar en la reconciliación de nuestro partido con la sociedad argentina, con la memoria viva de aquellos que ya no están y con los muchos compatriotas que aún persiguen justicia”.
El documento de la Corriente Nacional de la Militancia de Santa Fe, dirigido a las autoridades del PJ, sostiene que el partido “es una institución profundamente democrática y participativa con un fuerte contenido republicano” y agrega que la expulsión de Martínez Dorr es “una situación ética inclaudicable”.
“Esto nos obliga a realizar una pormenorizada autocrítica por haber albergado a este siniestro personaje en el seno de nuestro partido”, concluye el pedido, que lleva las firmas de Jorge Fernández, Leandro Busatto, Martín Gainza –jefe de la Regional Litoral de la Ansés–, Humberto Galarza –jefe UDAI Santa Fe–, Gerardo Crespi –secretario general departamental del Partido Justicialista–, del Movimiento Evita y de las agrupaciones Néstor Kirchner, Paco Urondo, Mesas de Trabajo, Arturo Jauretche, Compromiso Peronista, Fogoneros y Jóvenes para la Victoria.
El
quinto juicio en Santa Fe
El
de Martínez Dorr es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe.
El primero fue la Causa Brusa –entre septiembre y diciembre de 2009– en la que el
ex juez federal Víctor Hermes Brusa recibió la pena de 21 años de prisión por
ocho hechos de apremios ilegales. También fueron condenados cinco ex policías:
Héctor Romeo Colombini (23 años), Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto
Perizzotti (22 años), Mario Facino (20 años) y María Eva Aebi (19 años).En ese primer juicio, el tribunal definió a los delitos investigados –secuestros y torturas– como “hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado”. El fundamento se incorporó en cada uno de los fallos posteriores, como agravante, ya que los jueces consideraron que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad y son imprescriptibles.
En abril de 2010 el represor Horacio Américo Barcos –quien durante 21 años, entre 1976 y 1997, se desempeñó como personal civil de inteligencia adscripto al Ejército– fue condenado a 11 años de prisión luego de que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo encontrara culpable de haber secuestrado y torturado al matrimonio conformado por Amalia Ricotti y Alberto Tur en mayo de 1978. Fue la segunda sentencia por crímenes de lesa humanidad. Barcos deberá purgar 15 años de prisión porque el tribunal unificó la condena con una anterior que ya pesaba sobre el imputado por el delito de extorsión (un hecho de 1997, en Buenos Aires: un empresario de la construcción lo llevó a la Justicia por actas apócrifas que Barcos –dirigente de la Uocra– elaboró en su contra).
El tercer juicio fue por el asesinato de la militante de Ligas Agrarias Alicia López y se realizó entre junio y agosto de 2010. Mario Facino, ya condenado en la Causa Brusa, recibió su segunda sentencia: 23 años de prisión. El ex jefe de la Comisaría 4ª fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y homicidio. El caso ocurrió en 1976. Facino cumple prisión domiciliaria en San José del Rincón, donde fue tres veces presidente comunal.
El cuarto juicio fue a fines de 2011. En diciembre, el Tribunal Oral Federal condenó a perpetua al primer interventor de la provincia durante la dictadura, el ex coronel José María González, quien derrocó al gobernador constitucional Carlos Sylvestre Begnis. Fue condenado por el homicidio doblemente calificado de Mario Marini, secuestrado junto a su esposa Ana María Cavadini y su hijo Germán el 9 de diciembre de 1975, por el allanamiento ilegal de la vivienda de la familia y la privación ilegítima de su libertad. Es, hasta ahora, el primer y único militar enjuiciado por delitos de lesa humanidad. González vive en Buenos Aires y goza de prisión domiciliaria.
Para
las madres
En
la sesión del 22 de marzo, el diputado provincial Gerardo Rico ingresó un
proyecto de ley que propone una pensión mensual vitalicia para madres de
desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado en Santa Fe. “Es una
medida reparadora y compensatoria por la cual el mismo Estado asume un reconocimiento
a la inquebrantable dignidad de estas mujeres”, argumentó el legislador y dirigente
del Movimiento Evita. El proyecto establece una pensión mensual no contributiva
y vitalicia equivalente a tres pensiones mínimas provinciales. “Es algo que nos
debemos como santafesinos”, dijo Rico.Publicada en Pausa #91, miércoles 11 de abril de 2012
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