lunes, 27 de septiembre de 2010

Por el fin de la apología

Proponen que el Estado no paute más en los medios que ofrecen servicios sexuales y que sirven de pantalla para la capta de personas

Por Ezequiel Nieva

Dos proyectos de ley que ingresaron en la Legislatura, un proyecto de resolución en el Concejo Municipal y un encendido artículo del jefe de Gabinete Aníbal Fernández marcan un viraje en la posición del Estado –en todos sus niveles– respecto de la libertad con la que los medios publicitan los “servicios personales” –un eufemismo que debe leerse como prostitución– y los falsos clasificados de empleo mediante los cuales las redes de trata de personas captan mujeres.
En medio de un debate creciente por la responsabilidad social de las empresas periodísticas, el Estado aparece ahora más decidido a intervenir para frenar una práctica muy arraigada: la publicidad de actividades que están penadas por ley y que, además, atentan contra la dignidad y la libertad de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños.

NO MÁS PAUTA. La diputada Alicia Gutiérrez, acompañada por Lucrecia Aranda, Mónica Peralta y Oscar Urruty, presentó un proyecto por el que busca establecer un nuevo criterio para el reparto de la pauta oficial; de sancionarse, el Estado ya no podrá contratar espacios en los medios que publiciten “mensajes e imágenes que promuevan la explotación sexual o fomenten el consumo de prostitución”.
De ese modo –siendo que la pauta oficial siempre es más jugosa que los avisos de “servicios personales” y los clasificados en los que se solicitan “chicas para whiskerías”– Gutiérrez y sus pares pretenden ponerle coto a la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas, que se vale de la publicación de avisos “con evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables”, según argumentó la autora del proyecto.
Estadísticas recientes señalan que en América Latina el 61% de las mujeres captadas por redes de trata son menores de edad. En la provincia, sólo durante 2008, se recibieron 1.189 denuncias por menores desaparecidas. A ese trasfondo, la autora del proyecto le sumó un concepto del Foro de Periodismo Argentino, entidad que observó como contradictoria la conducta de los medios de comunicación que, en su definición editorial y en su construcción noticiosa colaboran con la denuncia de estas formas modernas de esclavitud pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata. “Un dato adicional es la creciente naturalización de estos avisos entre las ofertas comerciales de automotores, viviendas, electro-domésticos y búsqueda de personal, como si fueran parte de una oferta lícita”, señaló Gutiérrez.
Algunos medios en forma unilateral decidieron eliminar ese tipo de publicidad de sus páginas: La Arena de La Pampa, La Mañana de Neuquén y La República de Corrientes. Pero, acuciados por urgencias económicas o en su afán de mejorar la recaudación, la mayoría de los medios impresos sigue ofreciendo generosos espacios para los “servicios personales”. “Esta simbiosis entre medios y proxenetismo interpela a la ética de los dueños de los medios, pero también a los poderes públicos que se sirven de esos mismos medios para su publicidad institucional”, explicó Gutiérrez. “Es fundamental entender que en el tema trata de personas, donde se ponen en juego los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, los medios de comunicación y las políticas públicas desempeñan uno de los roles más importantes en la prevención y sensibilización contra este flagelo”, agregó.


LA PUBLICIDAD DE UN DELITO ES DELITO. Los diputados Antonio Riestra y Santiago Marcheroni –acompañados por el presidente del cuerpo, Eduardo Di Pollina– presentaron un proyecto similar al de Gutiérrez pero más amplio en sus alcances. Además de prohibir la publicidad oficial en medios que publiciten o difundan avisos en los que se promueva la explotación sexual, el proxenetismo o el reclutamiento de personas para la prostitución, también persigue introducir una modificación en el Código de Faltas de la provincia.
De sancionarse la iniciativa, se incorporará en el artículo 80 del Capítulo III –que versa sobre los delitos contra la fe pública– un nuevo inciso: “El que difunda avisos de publicidad por medios gráficos, radiales, audiovisuales o de internet, que de manera directa o indirecta promuevan la explotación sexual de hombres o mujeres, el proxenetismo y/o el reclutamiento y mantenimiento de personas para la prostitución, será reprimido con multa de hasta 10 jus por cada día de publicación”. En nuestra ciudad, la unidad jus –que se actualiza en forma periódica– fue fijada a mediados de año en 150 pesos.
Con el proyecto de ley, explicaron, buscan que el Estado intervenga en forma directa en el problema de la trata. Por un lado, castigando a quienes promueven un delito: medios que publicitan servicios sexuales o que ofrecen dudosos trabajos para mujeres que, en la gran mayoría de los casos, son en localidades alejadas del lugar de publicación, lo que genera una deuda inicial de la supuesta beneficiada con el empleo a favor de su empleador. Por el otro, dirigiendo la pauta oficial sólo a los medios que no promueven delitos.
Riestra calculó que cada fin de semana, en los principales diarios de la provincia, se publican alrededor de 500 anuncios de explotación sexual. “La proliferación de este tipo de anuncios ha generado la preocupación de organizaciones, especialistas y funcionarios que trabajan sobre la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual”, señaló el diputado, a la vez que hizo un fuerte llamado a la Justicia a “actuar de oficio” cada vez que se observen elementos que permitan concluir que detrás de la publicación de un aviso clasificado se encubre un delito: la captación para la trata.

EN LA CIUDAD. Desde el Concejo Municipal propusieron regular los clasificados como forma de combatir la trata. Carlos Suarez y Jorge Henn presentaron un proyecto de resolución por el cual solicitan convocar a representantes de los medios masivos, especialmente gráficos, para regular la publicación de los ofrecimientos laborales remunerados destinados a mujeres para desempeñarse como bailarinas o acompañantes en whiskerías o cabarets, “claros señuelos de la capta de personas para la trata”.
Se prevé que el municipio suscriba convenios de colaboración con los medios tendientes a regular la publicación o publicidad de ofertas laborales, requiriendo datos que permitan una identificación del oferente. Los concejales quieren que se estudie además la prohibición de los avisos clasificados con ofertas laborales, publicados en la ciudad, pero destinados a cubrir la demanda de otras localidades.

Publicado en Pausa #63

viernes, 24 de septiembre de 2010

Ya salió Pausa #63

En los kioscos de Santa Fe (o en tu casa, si ya te suscribiste) está Pausa #63 esperando que la leas
Entre otros temas, en este número, varias bombas:

En la tapa, una cobertura sobre el debate político local, provincial y nacional para que los medios dejen de publicitar la trata
Y Adentro: UN ESPECIAL DE 4 PÁGINAS CON TODA LA PROGRAMACIÓN (y recomendaciones) PARA RECORRER DE PUNTA A PUNTA LA NOVENA BIENAL DE ARTE JOVEN


Y mucho más, en 16 páginas a sólo $3



lunes, 20 de septiembre de 2010

Bienvenidos a la era de la fumigación

El gobierno admitió que ya no quedan más tierras cultivables y que se avanzará hacia un modelo de “mayor uso del recurso suelo”.


En la provincia, la superficie cultivable llegó al límite, según reconoció en la semana el ministro de la Producción Juan José Bertero. El debate por el modelo agropecuario se acentúa a medida que se acerca el tratamiento, en la Legislatura, de la nueva ley que regulará el uso de productos químicos. Bertero ya marcó la cancha: dijo que es necesario “aumentar el uso del suelo y la productividad” ya que no hay más tierras disponibles. En paralelo, siguen las opiniones sobre cómo debe concebirse la norma que regulará el uso de agroquímicos en la provincia. El proyecto que votó la Cámara de Diputados establece un límite de 500 metros, desde la línea agronómica, para las fumigaciones terrestres y de 1.000 metros para las aéreas. El cambio generó rechazo en las entidades de productores: dicen, afectará sus ganancias. Tampoco conforma a los ambientalistas, que lo consideran permisivo respecto del fallo de San Jorge, que fija 800 y 1.500 metros respectivamente. El Senado aún no trató el proyecto, pero sus integrantes ya conversaron con profesionales y productores y prometieron estudiar cambios para suavizar –a favor de los rindes y a costa del ambiente– los efectos de la nueva ley.

EL PROYECTO Y EL CASO SAN JORGE. Bertero le puso reparos al proyecto para modificar la actual ley de agroquímicos al señalar que no se debería legislar sobre un producto puntual sino sobre la práctica en general: “Hoy hablamos de glifosato y mañana quizás hablemos de otra cosa, como ayer hablábamos de otros productos. A mí me parece que no hay que trabajar con un producto y que hay que escuchar las opiniones de quienes habilitan este proceso, como el caso de Senasa, que es la autoridad de aplicación”.

El ministro apelará a los trabajos de ese organismo nacional para cumplir con una de las disposiciones del fallo de la Justicia de San Jorge, que pidió al gobierno y a la UNL estudios nuevos sobre la toxicidad del glifosato. “El plazo no terminó; Fiscalía de Estado está trabajando en el tema para ver cuál es la respuesta final”. Bertero se quejó: “Primero, se nos convoca a nosotros y no se le da participación a Senasa. Y segundo, hay estudios realizados por universidades, encargados por la Nación, que no se han mencionado. Nosotros creemos que hay que tenerlos en cuenta”.

Según el funcionario, las conclusiones de esos estudios “no son tan categóricas sobre los efectos negativos” de los agroquímicos. Bertero volvió a pedir responsabilidad a las comunas y ciudades del interior que aún no definieron su línea agronómica –el final del ejido urbano–, elemento clave para aplicar la norma que, finalmente, termine sancionando la Legislatura. “Partimos de la base de que son productos tóxicos”, siguió el ministro.

“La aplicación tiene que ir de la mano de una receta extendida por un profesional y el aplicador tiene que estar habilitado, pero en muchos casos estas cosas no ocurren. Lo mismo con los envases. Si no hay una toma de conciencia de que un envase tiene un producto tóxico y que hay llevarlo al lugar determinado donde se le pueda dar un destino final, vamos a tener problemas porque se dejan los envases depositados en cualquier parte”.

MÁS SUPERFICIE, MÁS SOJA. En una jornada convocada por profesionales agrónomos para estudiar el proceso de la soja, Bertero advirtió: “En los últimos 30 años la superficie dedicada a la agricultura en la provincia aumentó un 30 por ciento, llevándonos al límite de la superficie apta para cultivo en función de la tecnología y los procesos que hoy tenemos. En el mismo período, la superficie destinada a soja aumentó un 320 por ciento. Por lo tanto, ante el escenario de oportunidades que nos da un mundo que demanda alimentos, estar a la altura de ese proceso será posible si trabajamos sobre tres variables: aumentar la superficie, intensificar el uso del recurso e incrementar la productividad. De esas tres, una –la superficie– está al límite. Entonces, si queremos aprovechar el contexto, debemos trabajar en aumentar el uso de ese recurso para incrementar la productividad”.

El ministro de la Producción recordó que la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, “puso en mano de los gobiernos provinciales el cuidado de los recursos. En consecuencia, el recurso suelo es un bien público que todo debemos cuidar. A tal fin, el gobierno trabaja junto a varias instituciones en cuatro líneas: ordenamiento territorial o zonificación agroecológica, sustentabilidad de los nuevos procesos, contención social con inclusión social y empleo rural, y rentabilidad de las actividades agropecuarias. Esa red debe ser el primer engranaje de transmisión de las políticas agropecuarias: qué vamos a hacer con el suelo y con las aplicaciones que haremos sobre ese suelo. En ese marco, los profesionales son nuestra vía de transmisión de conciencia social”, les dijo Bertero a los agrónomos.

RECHAZO I. “El gobernador (Hermes) Binner y el Senado tienen la palabra”, señaló la Junta Promotora provincial de Proyecto Sur. En un comunicado firmado por Hugo Kofman (Santa Fe) y Silvia Bianchi (Rosario), pusieron en duda que el gobierno quiera resolver la nueva ley de fitosanitarios desde una perspectiva ambiental. Y atacaron la posición de la Sociedad Rural, entidad que al igual que la Federación Agraria criticó los cambios que introdujo la Cámara de Diputados a la norma vigente.

“La media sanción de la modificación de la ley de fitosanitarios establece una distancia mínima de 500 metros de las poblaciones para la fumigación terrestre con glifosato. Escasa protección y menor a la de 800 metros que estableció un fallo judicial en San Jorge y ratificó la Cámara de Apelaciones. A pesar de ello, la Sociedad Rural de nuestra provincia ha iniciado una fuerte campaña para que el Senado ni siquiera apruebe esta distancia y pretende reducirla a 200 metros”.

Los dirigentes de Proyecto Sur recordaron que las fumigaciones en la localidad de San Jorge tuvieron “efectos nocivos” para sus habitantes. “Pero no lo vemos al gobernador Binner acercarse a esa población para interiorizarse de la situación y buscar soluciones. Nos parece una falta de consideración que se niegue a recibir a las organizaciones ambientalistas, lo cual contrasta con su presencia en la Jornada de Soja para Profesionales”. Según Kofman y Bianchi, el gobernador “sostiene una posición afín a la de la Sociedad Rural”.

RECHAZO II. En el seno de la Federación Agraria tampoco gustó el proyecto votado en la Cámara de Diputados. Por eso los referentes de la entidad fueron al Senado y se reunieron con Griselda Tessio y con representantes de los dos bloques. Antes, los profesionales habían expresado sus objeciones ante los mismos interlocutores.

Los dirigentes de Federación Agraria manifestaron su desacuerdo con algunos puntos del proyecto y sostuvieron que su intención es que se logre una ley consensuada que priorice la salud de la población y no perjudique la producción. Pretenden, según anunciaron en la reunión, “llegar a una ley superadora que se base en controles efectivos, educación y manipulación responsable de los agroquímicos”.

Desde la entidad aseguraron que, de aprobarse el proyecto tal como lo votaron los diputados, se perderían muchas tierras productivas. El senador Juan Carlos Mercier puso como ejemplo la localidad de Avellaneda, del departamento General Obligado: afirmó que con la nueva ley se verían afectadas el 40% de sus tierras, volviéndose improductivas. Federación Agraria propuso que la ordenanza vigente en la localidad de Godoy (departamento Constitución) sea tomada como base para la redacción de la norma definitiva para el uso de agroquímicos en la provincia.

En el distrito Godoy, la ordenanza que rige desde 2003 y que fue modificada en 2008, se elaboró tomando como base a la ley 11.273 de fitosanitarios, que es justamente la que se pretende actualizar. Godoy y los pueblos cercanos (Oratorio Morante, Campo La Victoria) dependen de la producción de granos. Allí, por consenso comunitario, no se aplican productos de las denominadas bandan amarilla y roja –los más perjudiciales para la salud y el ambiente–, como endosulfán, 2,4 D, paracuat, metamidofos, clorpirifos y adherentes a base de nonilfenoles. Glifosato se puede usar, pero respetando la distancia mínima respecto de la línea agronómica.

INGENIEROS VS. AMBIENTALISTAS. Gerardo Severín, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, opinó: “El proyecto que se aprobó en Diputados es muy distinto al que sugerimos nosotros. El nuestro es muy superador al que se aprobó. En la norma que recibió media sanción se fijan pautas que no son convenientes ni para la producción, ni para la sociedad”. El dirigente atacó a los ecologistas que vienen reclamando cambios a la ley vigente: “Muchos ambientalistas se equivocan porque tienen un profundo desconocimiento”.

“Nosotros tenemos nuestra visión técnica del problema. La legislatura puede determinar la cantidad de metros que le parezca para fumigar, pero si el producto se aplica mal, podemos perjudicar a la población. El tema no pasa exclusivamente por los metros que se establezcan como pulmón, sino por la aplicación. En el caso de las pulverizaciones periurbanas, las condiciones deberían garantizarse con un ingeniero agrónomo. Esta es la única manera de asegurar que el producto no llegue a la población”, añadió Severín.

El referente de los profesionales definió: “Nosotros defendemos el medio ambiente. Creemos que todos los sectores tenemos que juntarnos para luchar por un ambiente armónico que asegure la producción que necesitamos para darle de comer a la gente. Hay ambientalistas que se equivocan; tienen un profundo desconocimiento del tema”.

En la semana, Binner y Bertero compartieron tres actividades con productores y agrónomos: toda una señal sobre lo que se viene.

Publicado en Pausa #62

viernes, 17 de septiembre de 2010

¿Donde está la posta? II

Ayer comenzó el tratamiento en comisión del proyecto de ley para regular un precio igualitario en el papel de diario, sobre el cual hemos escrito en el #62 de Pausa una carta abierta dirigida a los legisladores por Santa Fe.
Tal tratamiento en comisión fue calificado como fuera de reglamento por los diferentes bloques de la oposición y, por ello, no asistieron al evento. Se trató de una audiencia pública, la primera de un total de cinco, que estuvo protagonizada por las exposiciones de diversos referentes el espacio mediático local y de, como cuestión a destacar, dueños de empresas gráficas periodísticas de todo el país y de diferente escala y tiraje.

Desde la tapa misma Crónica explicita su posición

Los diarios Clarín, Tiempo Argentino, Página/12, Ámbito financiero y Crónica cubrieron la audiencia con diversos enfoques. Tiempo Argentino destaca un futuro acercamiento del socialismo a las audiencias, Página/12 recupera varios tramos de las exposiciones y reseña quiénes fueron los expositores y Crónica se focaliza –incluso en la tapa– en los diputados que no asistieron a la audiencia. Ámbito publicó en su versión on-line de ayer una nota centrada en la exposición de su representante, Gustavo Isaack, mientras que hoy publicó una nota en la página 12 de su versión impresa (on-line requiere suscripción). Clarín cubrió la noticia con el título número 22 (de un total de 26) de la sección "El país" de su edición impresa. Por su parte, en La Nación no hemos encontrado una cobertura, aunque sí una nota así intitulada: "El objetivo final es silenciar la información", dijo Magnetto a The Financial Times
Los invitamos a leer nuestra carta abierta, los textos linkeados y, como siempre, a aportar en los comentarios toda la información y los links que se relacionen con esta cuestión.

(che: las letritas turquesa son links, avisamos por las dudas)

martes, 14 de septiembre de 2010

Carta abierta a los legisladores por Santa Fe. Sobre papel prensa

Esta carta fue publicada en la edición en papel de Pausa, la #62 que salió a la calle el viernes pasado. Si acuerda con su contenido, difúndala.

A los diputados y diputadas por la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación: los radicales y socialistas en el Frente Cívico y Social, a la diputada por Solidaridad e Igualdad, al demoprogresista y al del GEN, a quienes pertenecen al Frente para la Victoria. Al senador Rubén Giustiniani y a la senadora Roxana Latorre:

Esto es palabra impresa en papel de diario.

Ustedes, muy pronto, van a discutir y legislar sobre la posibilidad cierta de que existan más voces en este soporte.

Apelamos sólo a ustedes, y no a todos los representantes de nuestra provincia para la Nación.

Omitimos a quienes ya explícitamente pertenecen a espacios partidarios que se han pronunciado en contra de esa posibilidad. Se aproxima un proceso legislativo que va a exigir un control político institucional intenso y público. De su producto se espera, también, el mismo resultado.

Control institucional público: así un Estado republicano democrático es transparente. Esa transparencia permite que las cosas se discutan pluralmente y se negocien. Se acuerden, o no se acuerden: siempre se puede empezar otra vez. Y cambiar colectivamente, dentro de las reglas establecidas, en períodos razonables, cortos y sólidamente previsibles.

Esa forma es superior respecto de la forma privada existente para la producción y venta de papel de diario en la actual situación. Una situación que, además, estructuralmente está detenida en el momento mismo de su fundación.

La forma privada en la que el papel de diario se produce y distribuye fue diseñada durante la última dictadura. No discurriremos en este punto sobre en qué condiciones y con qué métodos se materializó ese diseño. Señalaremos, sí, que esa forma privada tuvo un sólo y único objetivo: el control de la opinión pública. (Las razones coyunturales son obvias: no es necesario hacer una recorrida por el archivo de Clarín y de La Nación durante la dictadura. Compartían entonces las posiciones tanto como ahora: en sus contenidos, soportes, empresas y hasta periodistas). Estas dos firmas crean, modelan, acompañan y actualizan la opinión pública.

La opinión pública implica el modo, los canales y los soportes en que todos los que pisamos este suelo nos conectamos y nos identificamos con una nube de ideas, de información, de emociones en algún sentido comunes. Está llena de palabras, de lenguaje, de intercambio. Y todos aquellos que estamos lanzados a la opinión pública no podemos evitar su triple mandato simultáneo de posibilidades. Ocupar la mayor cantidad de espacio en esa nube: producir sentido común. Cuestionarlo, que es también un modo de estar ahí. Ampliarlo, hacerlo crecer y darle matices: capturar gestos, tendencias, elementos sociales extendidos y situarlos en la palabra masiva. Cada una de esas posibilidades actúan relacionadas y así el sentido común se complejiza, se diversifica. Y la palabra masivamente publicada pasa a estar situada en las palabras de otros, que frente a frente, por celular, o investidos en un avatar de la esfera 2.0, conversan entre sí sobre lo que leen, oyen, miran, scanean en la web.

Lo que diferencia a Clarín y La Nación es que durante la dictadura no sólo fueron parte vinculada al gobierno de facto como socios empresariales o voceros. (Como cómplices en la tortura o el secuestro y apropiación de hijos de desaparecidos es una calificación sobre la que la Justicia debe todavía dirimir). El punto es cómo de esa asociación nació un modelo empresarial específicamente destinado a anular la diversidad. Eso significa ocupar espacio en la opinión pública con una estrategia basada en ser la única productora de papel en la zona territorial fiscal y cambiaria con capacidad y escala para fijar precios de privilegio.

Clarín y La Nación operan con muchísimos menos riesgos que otras voces que integran el espacio público en su mismo soporte. Muchísimos menos riesgos es muchísimos menos millones de dólares.

Casi no hay gran empresa periodística externa a Papel Prensa que no lo haya dicho. En los 80 lo decía Julio Ramos en Ámbito Financiero, en los 90 y hace pocos años Jorge Lanata lo indicó en Página/12 y en Crítica. Jorge Fontevecchia lo ha dicho en su último formato de Perfil. Lo dijo estos días el Grupo Uno –que, en paralelo, batalla contra la ley de Medios– a través de su diario insignia en la provincia, La Capital de Rosario, y luego en su edición local. Crónica, el más popular antes de que Clarín y La Nación iniciaran su política de precios asimétricos, también lo ha señalado. Son todos impresores de palabras en papel de diario. Y está también en la documentación de la empresa.

Clarín y La Nación toman decisiones en conjunto respecto de la producción y venta del papel para todos los diarios, regulando cuánto se produce y qué parte de esa producción está destinada a la competencia. Dejan a los terceros sin papel así sea operando por debajo de la capacidad instalada. Compran cerca del 70% de lo que producen. Pagan por su propia producción casi 500 dólares, venden su remanente a 600. Los terceros han de rogar por entrar allí: los que no pueden (más del triple de consumo de papel que los que sí) tienen que conformarse con papel importado a precios que van de los 700 a 800 dólares.


No puede ser que no sea de interés público que la opinión pública esté condicionada por esta política de precios. Garantizar las posibilidades libres de acceso a la opinión pública es parte de la constitución misma del hecho legislativo democrático. ¿Cómo el legislador puede permitir que se produzca ese tipo de gestión de la palabra impresa escrita? Si la discrecionalidad en la entrega de pauta oficial –cuestión no legislada en la Nación, tampoco en las provincias ni en los municipios– es tema de debate, ¿cómo se puede permitir que la censura esté en los precios mismos que permiten acceder al soporte propio de la palabra impresa?

El sistema privado de decisiones instaurado por la asociación entre Clarín, La Nación y la dictadura no sólo no garantiza las posibilidades de acceso a la opinión pública, sino todo lo contrario: las poda o las bloquea. Y en la palabra impresa está base de la agenda diaria mediática, el punto desde donde se irradia al resto del sistema periodístico, el punto en que se cristaliza aquello que por ese sistema circula.

No se refiere a otra cosa el proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados.

Se trata de la conformación de una comisión de 16 legisladores, proporcionales a los bloques, para la consideración de un marco regulatorio para la producción y venta de papel. Un marco cuyos objetivos contemplan el abastecimiento a precio igualitario para todos los medios que lo requieran. Equidad comercial y sustitución de importaciones. Ese marco regulatorio, tras pasar por esa comisión, se discutirá en el Congreso.

Legisladoras y legisladoras: sabemos que han sabido negociar, mejorar, desarrollar leyes recientes sustantivas para la democracia y la igualdad de derechos. Que tal acción se ha realizado manteniendo en firme las diferencias partidarias y de ubicación respecto del Poder Ejecutivo. Ha estado allí el voto transversal por el matrimonio igualitario, pero también la estatización de las AFJP. Ha estado allí la necesaria ley de Medios. Esperamos de la oposición que no adopte intransigencias inconducentes, tanto como que el oficialismo no se cierre en posturas rígidas y estólidas.

Un marco regulatorio para la producción de papel a precios igualitarios abre a la libertad de expresión, no la cercena. Tan necesario y simple como eso. Es la tarea del legislador en relación al derecho: producir justicia en términos de equidad y libertad. Pero también apelamos a ustedes en tanto hombres y mujeres de la política institucional que apoyan procesos de producción de justicia en términos de reparación y verdad.

Disolver la política de censura por precios impuesta por Papel Prensa es una temática para el legislador. Pero, mientras tanto, el juez se enfrentará a la producción de un fallo relativo a delitos contra la humanidad. Habrá documentos, testimonios y un proceso que será narrado por una de las partes implicadas: justamente, la acusada.

La estrategia de ese relato es abierta: manosear el pasado hasta volverlo un reality familiar de la tortura; inventar una versión sobre la institucionalidad de los tiempos de la dictadura que es, como poco, una fantasía procaz de la legalidad; desacreditar sin pudor al movimiento de derechos humanos.

Ese fallo por venir referirá a delitos contra la humanidad. El movimiento de derechos humanos lideró este reclamo a la justicia desde finales de los 70, cuando los únicos acompañantes eran abogados con destino de centro clandestino de detención. Esos delitos siempre fueron denunciados dentro de un imperativo estricto: el ajuste a los procedimientos, requerimientos y plazos de la Justicia. Ya en democracia, el movimiento de derechos humanos partió de un punto claro: exigir todas las garantías para los acusados, aquellos que extrajeron toda garantía para aplicar su violencia.

¿Habría verdadera seguridad jurídica si no hubiesen existido las denuncias y condenas promovidas por el movimiento por los derechos humanos?

Otra vez, será ahora la Justicia la que dirima respecto de la compra de Papel Prensa. Por esa situación les pedimos, hombres y mujeres de la política institucional de la democracia, dos cosas más.

Primero, una defensa enfática de la acción de la Justicia: allí estarán las pruebas y procedimientos. Que se apoye su acción: fue necesario un consenso político para el juicio a las juntas, para la derogación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios a genocidas. Es también necesario un consenso político para esta causa, la cual continuamente, y con una virulencia inédita, será presentada a la opinión pública sin ningún recato a la hora de apelar a impugnaciones, afrentas y descalificaciones. Queriendo hacer de víctimas, victimarios.

Por eso también se hace necesario reconocer y defender al movimiento de derechos humanos. En todas sus formas (desde el Equipo Argentino de Antropología Forense al Banco Nacional de Datos Genéticos, desde Hijos a las Abuelas de Plaza de Mayo) siempre se ha ajustado al mandato de la democracia. Porque el movimiento de derechos humanos es inseparable de que hayamos llegado a la democracia.

Es cierto que actualmente la política de buena parte del movimiento de derechos humanos se ha vuelto política de Estado a través de una decidida gestión de gobierno. Con más razón entonces aquellos que se oponen a este gobierno no pueden defeccionar. La justicia no ha de ser supeditada al conflicto partidario. No se puede defeccionar, no se puede dejar sólo en manos de una gestión el sostén de legitimidad. Ese sostén ha de venir de las instituciones políticas en su conjunto. Radicales y socialistas no pueden ser indiferentes a esto. Interpelamos, entonces, a la mística genuina de aquellos radicales que encarnaron y llevaron adelante el juicio a la juntas. Y a la racionalidad institucional, en términos de programa y conducta política, de la militancia socialista.

Apertura en la elaboración del proyecto para el oficialismo y apropiación del momento histórico por parte de la oposición son los principales desafíos para recuperar la dignidad del palabra política y las posibilidades de proliferación de la palabra impresa pública.

Señores y señoras legisladores y legisladoras, nuestro pedido es abierto, de cara a nuestros lectores, desde un periódico de la capital de la provincia que representan, que de tan pequeño ni siquiera compra papel por cuenta propia sino que depende de un imprentero. Se lo pedimos porque, justamente, esperamos que cuando llegue el día de crecer y comprar el papel prensa por nuestra cuenta, podamos acceder –ni más ni menos– que a un precio justo.

El precio justo que a través de la mano militar los propagandistas de la represión negaron a todos y cada uno de los que quisieron comprometerse con esto de escribir palabras para imprimirlas y que alguien, como ustedes, las puedan discutir, refutar o disfrutar.


jueves, 9 de septiembre de 2010

Mañana: Pausa #62

Desde mañana en los kioscos de Santa Fe
Pausa #62

Con estos contenidos:

Inundación de soja: el gobierno provincial admite que la frontera agropecuaria llegó al límite y que la soja prácticamente invade todo. El reclamo de las entidades agrarias en contra del fallo San Jorge y de la limitación a las fumigaciones en las proximidades de zonas urbanas

Carta abierta a los legisladores por Santa Fe: la posición y la exhortación editorial del periódico por un precio justo e igualitario del papel de diario.

No pagan los impuestos: el quién es quién de los célebres evasores de Santa Fe

Contra la trata: los efectos de ley 26.364 y de los equipos interdisciplinarios que afrontan la cuestión; 921 víctimas liberadas

Y todo el deporte, el cine, la música, los espectáculos, las crónicas de viajes, el humor y más

Todo por $3, desde mañana, en los kioscos





sábado, 4 de septiembre de 2010

Pausa en la Feria del Libro

Amigos, amigas, los esperamos desde mañana y hasta el domingo 12 en la Feria del Libro. Estación Belgrano, Bv. Gálvez entre Dorrego y Avellaneda, de 9 a 21 hs.

En el stand de Pausa van a poder encontrar ediciones atrasadas, ideal para coleccionistas. Y para todos aquellos interneteros que aún no conocieron el peri
ódico versión papel, será una buena oportunidad.

Los esperamos!!!