Desde los ámbitos legislativo y científico avanzan los señalamientos sobre la toxicidad de los agroquímicos vedette del modelo sojero, cuyos amplios márgenes de ganancia hoy retornan, tras haber caído con la crisis. Las voces de los trabajadores rurales, foco de la explotación económica y sanitaria. Las nuevas leyes y la rentabilidad sojera frente a la vida de los banderilleros: pobreza agroenvenenada.
Dos proyectos aprobados en la Cámara de Diputados de la Provincia renovaron el debate sobre el modelo agrícola, su sustentabilidad económica y ambiental y los efectos que derivan de la aplicación descontrolada de agroquímicos. Con casi 17 millones de hectáreas de soja sembradas en el país –más de la mitad de la superficie cultivable, un escenario que, según coinciden los especialistas, se seguirá expandiendo–, aparecen los primeros signos de preocupación en la esfera legislativa local. La semana pasada se sancionaron dos proyectos relacionados al uso de productos químicos en el campo.
El primero apunta a exigir que se acelere la prohibición del uso de endosulfán, un producto que saldrá del mercado –por ley– en 2011. Lo sancionó la Cámara de Diputados; allí se exige a la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia que “arbitre los medios” ante la Secretaría de Agricultura de la Nación –ahora con rango de Ministerio– para que se quite al endosulfán de la lista de productos fitosanitarios autorizados. Prohibido en más de 60 países, es un insecticida clorado que en el país se sigue usando para combatir la chinche verde de la soja. En abril, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del pesticida.
“El endosulfán se utiliza de forma masiva en la soja y también en algodón, girasol, maíz y tabaco, entre otros cultivos”, argumentó Mónica Peralta, autora de la iniciativa, del Frente Progresista Cívico y Social. “Está identificado como plaguicida extremadamente tóxico con capacidad de producir daños agudos a la salud, en el corto plazo, y crónicos: enfermedades que aparecen luego de años de contacto. Es causante de diarreas, mareos, dolor de cabeza, náuseas, llagas, dolor de garganta y cuadros de asma”. La diputada citó la recomendación del Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, que en noviembre de 2007 hizo la propuesta formal para incluir al endosulfán en el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes.
En esa propuesta se llegó a la siguiente conclusión: “El endosulfán es muy persistente en el medio ambiente y se encuentra con frecuencia en compartimientos ambientales. Tiene un gran potencial de bioacumulación. Debido a sus propiedades físicas y químicas y su semivida en la atmósfera, y sobre la base de los datos de modelos y los resultados de muestras ambientales, se ha demostrado que el endosulfán se transporta a larga distancia, lejos de sus fuentes. El endosulfán es un producto químico muy tóxico para prácticamente todo tipo de organismos. Tiene el potencial de provocar perturbación endocrina en las especies terrestres y acuáticas. Provoca neurotoxicidad y efectos hematológicos y neurotoxicidad”.
En los fundamentos agrega que, aunque la Unión Europea prohibió el endosulfán, igual se sigue usando en muchos países. “Dadas las propiedades inherentes del endosulfán, junto con las concentraciones ambientales demostradas o potenciales que superan las concentraciones permisibles máximas, y dada su ocurrencia generalizada incluso en zonas remotas, se llega a la conclusión de que el endosulfán, debido a su transporte a larga distancia en el medio ambiente, probablemente provocará efectos adversos tan notables para la salud humana y el medio ambiente que justifican la adopción de medidas a nivel mundial”.
A la severa advertencia que deja como corolario el informe citado, la diputada Peralta agregó un dato que no es menor: la Argentina, a través de la Ley 26.011, adhirió al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Allí se estipula qué contaminantes tienen propiedades tóxicas por ser resistentes a la degradación y se reconocen “los problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, resultantes de la exposición local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los efectos en las mujeres y, a través de ellas, en las futuras generaciones”.
La Cámara de Diputados también dio media sanción a un proyecto de ley que regula el manejo de los agroquímicos en todas sus etapas. Contempla todo el camino que recorren los productos, desde la fabricación hasta el almacenamiento, el transporte y la disposición final de los envases para que sean destruidos en condiciones de seguridad. Su autor, Carlos Fascendini (FPCyS) declaró: “es un paso muy importante para preservar la salud de la población”.
Uno de los temas más delicados es la disposición final de las sustancias químicas de uso agrícola. “En la provincia es posible ver tachos y bidones desparramados en el campo, sin ningún tratamiento. El lavado de equipos utilizados en la aplicación de productos químicos en arroyos, lagunas o distintos cursos de agua son prácticas habituales”, amplió el diputado.
De aprobarse la ley en el Senado, habrá sanciones más duras para quienes causen daños ambientales. La norma también le otorga más atribuciones a la Secretaría de Medio Ambiente: promoción de programas de capacitación; acciones de información al público usuario; desarrollo de buenas prácticas sobre uso y comercialización de plaguicidas; y la posibilidad de elaborar programas para que se introduzcan en las currículas educativas temas afines al control, manejo y disposición de agroquímicos.
También quedará en manos de Medio Ambiente la evaluación del riesgo que esos productos causan en la salud. El titular de la Secretaría, César Mackler, es resistido por las organizaciones ambientalistas luego de que, a mediados de año, se manifestara en contra de ampliar los límites territoriales de prohibición de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres. Esa es una de las modificaciones pendientes respecto de la actual Ley de Fitosanitarios.
La iniciativa votada en Diputados también responsabiliza a fabricantes y vendedores de agroquímicos –y a los usuarios– de la recuperación y disposición final de los envases. Y prohíbe el almacenamiento de fitosanitarios en los lugares donde se fabriquen, preparen, almacenen o vendan alimentos, bebidas y medicamentos. “A pesar de haberse evaluado un incremento de enfermedades cancerígenas en poblaciones expuestas a los agroquímicos, Santa Fe sigue careciendo de un control preventivo en su manejo y disposición final”, concluyó Fascendini.
PRUEBAS. Recientes ensayos de laboratorio realizados por investigadores de la UNL demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos: puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional. El descubrimiento, al que arribaron probando distintas dosis de glifosato, afecta la reproducción de una especie de microcrustáceo que habita ríos, lagunas y charcas de la zona. “Nos interesó conocer qué efectos podía llegar a tener el glifosato sobre organismos clave de ecosistemas acuáticos continentales, como los cladóceros. En particular seleccionamos una especie de crustáceo llamado Ceriodaphnia reticulata, que son pequeños organismos que viven en la columna de agua y que están en la base de las cadenas tróficas de los sistemas acuáticos”, explicó Ana María Gagneten, que trabaja en la línea de ecotoxicología de zooplancton de agua dulce en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.
En el trabajo sometieron los microorganismos a soluciones con distintas concentraciones del agroquímico y a un ensayo control, sin glifosato. Analizaron la sobrevivencia de la especie y la fecundidad, pero también la capacidad de degradación del herbicida, para lo cual hicieron análisis cromatográficos durante 17 días. En los ensayos descubrieron que la sobrevivencia no se vio afectada por el glifosato, pero sí la fecundidad, lo que tiene un efecto directo sobre la posibilidad de mantenimiento de una población en el tiempo, ya que debe haber una capacidad de recambio determinada por la cantidad de crías producidas.
En el experimento, el grupo control produjo 140 crías y ese valor sirvió para comparar con los distintos tratamientos con glifosato en diversas concentraciones. El de menor concentración contenía 5,33 miligramos por litro y produjo sólo 50 crías. El tratamiento dos, con una concentración 15,99 miligramos por litro, tuvo 25 crías. El tercer tratamiento, con 31,8 miligramos por litro, llegó a 36. “La fecundidad fue un parámetro muy afectado en esta especie. No registramos diferencias significativas entre las concentraciones, pero sí entre todas las concentraciones y el control”, agregó Gagneten.
Estudios a escala hechos en el laboratorio confirmaron la toxicidad del glifosato para la Cerodaphnia reticulata. La importancia de estudiar esa especie reside en que sirven de alimento a larvas y juveniles de peces que luego cambian de régimen de alimentación. Incluso, algunos peces adultos, de pequeño tamaño, siguen alimentándose durante toda su vida de estos microcrustáceos.
Otro estudio, del grupo de Medio Ambiente del Intec (Conicet-UNL), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores. Demostraron que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Y, además, en el suelo usado para la siembra, lo que causa la contaminación de las capas freáticas.
“Pusimos énfasis en esos dos plaguicidas porque su uso ha aumentado en paralelo al incremento de la superficie cultivada de soja”, indicó María Inés Maitre, investigadora del Intec. Para el estudio diseñaron un método especial –modificando la molécula del herbicida y utilizando métodos cromatográficos– capaz de detectar restos de glifosato en soja, algo que no es posible mediante análisis comunes. Para comprobar los niveles de residuos que pueden quedar en las semillas, realizaron pruebas con aplicaciones controladas de Roundup –la marca de glifosato de Monsanto– en tres lotes de la localidad de Franck, departamento Las Colonias. En muestreos con una aplicación no se encontraron restos del herbicida, pero luego de analizar la soja sometida a más de dos aplicaciones observaron que aparecían residuos. “Si bien estaban debajo de los límites permitidos, ya era un llamado de atención, porque es un cultivo transgénico que encima tiene el agregado de un tóxico muy discutido”, enfatizó Maitre.
El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de todo el procedimiento de elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedas y secas. Encontraron residuos de glifosato en las secas. Más adelante, estudiaron la permanencia de plaguicidas en el suelo. Explicó Maitre: “Pudimos concluir que, a pesar de que el glifosato se absorbe, tiene capacidad también para reabsorberse. Entonces, en épocas muy húmedas y lluviosas, puede drenar en el suelo y contaminar las capas freáticas”. A idéntica conclusión llegó el Inta de Pergamino
EL ESCENARIO. Más soja y menos nivel de inversión es lo que dejará la campaña 2009/2010. Martín Favre, titular de la Sociedad Rural de Gálvez, explicó en una entrevista con El Litoral que la baja en la inversión para trigo y maíz “se debe a la falta de expectativas de esos mercados y a que las medidas del gobierno nunca llegaron”. Para sembrar una hectárea de soja se requiere una inversión de 100 dólares, en un contexto de lluvias y con la certeza de que luego se va a poder exportar a los mercados internacionales. En cambio, el maíz requiere una inversión promedio de 300 dólares por hectárea y hoy no tiene cotización en el mercado, lo que genera incertidumbre entre los productores. Para una hectárea de trigo la inversión necesaria es de 150 dólares, pero el grano tiene precio incierto por falta de mercados. La última sequía afectó sustantivamente a esos cultivos.
Sin embargo, matizando el reiterado lamento, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) difundió un informe que da cuenta del aumento de la rentabilidad de la soja: su precio en dólares subió un 67,5% en apenas dos años. También, según el trabajo de Cifra, en el primer semestre del año la rentabilidad promedio de los cuatro principales cultivos –en dólares– fue un 24,1% superior a la del mismo período de 2007; en el caso de la soja la mejora fue de casi el triple. Fue la crisis económica mundial la que provocó una abrupta reducción en los precios durante el segundo semestre de 2008, pero desde comienzos de 2009 se registró una sostenida recuperación en el precio de los principales cultivos de exportación que: si bien no retornaron a los valores anteriores a la crisis, se ubican en un nivel similar al de comienzos de 2007.
Otra variable que se modificó es el precio de los agroquímicos, los insumos vedette del actual esquema de siembra directa. “Es cierto que bajó el glifosato, pero ése no es el factor más importante”, se quejó Favre. De todos modos, la caída en las inversiones se explica por el avance de la soja sobre el resto de los cultivos: según un informe reciente de la Sociedad Rural Argentina, se sembrarán en todo el país casi 29 millones de hectáreas –un millón y medio más que en la campaña anterior– pero con una inversión del 32,6% menor. El estudio estima que el área sembrada con trigo retrocederá un 33%, la de maíz caerá un 24% y la de girasol bajará un 15%.
El gobierno provincial tomó nota. “Vemos más cultivo de soja. Esto tiene que ver con la falta de mercados transparentes para el maíz y el trigo, y con la retirada de los productores de otras alternativas como la ganadería o los tambos”, declaró Carlos Sartor, secretario de Agroalimentos del Ministerio de la Producción. “La menor inversión pasa por la disminución de los costos de los insumos, pero también por un menor nivel de aplicación del paquete tecnológico. Hasta que todo eso no se aclare, el productor va a lo seguro y eso es la soja”, agregó el funcionario.
NADA NUEVO BAJO EL SOL. Germán Quaranta, investigador del Área de Empleo y Desarrollo Rural del Conicet, escribió una columna en Página/12 en la que se refiere a las condiciones laborales en el campo. Comienza aclarando que es difícil establecer el número de trabajadores asalariados –el Censo de 2001 registró medio millón– por las dificultades para captar el trabajo transitorio. “Se puede conjeturar que esa cifra representa fundamentalmente el trabajo permanente, estimándose en al menos otro medio millón de asalariados transitorios”, estima Quaranta. “Tradicionalmente, las ocupaciones en el agro se caracterizaron por la precariedad, siendo la inestabilidad laboral, las malas remuneraciones, el trabajo no registrado, las deficientes condiciones de trabajo y la baja sindicalización sus rasgos distintivos. Estas condiciones se acentúan para el trabajo temporario y eventual”.
Las estadísticas disponibles confirman los altos niveles de precariedad y la baja calidad del empleo con segmentos muy limitados –como los operadores de maquinarias de granos– que escapan a estas condiciones. “Se puede estimar que alrededor del 70% del empleo en la agricultura de nuestro país se encuentra al margen del debido registro”, arriesgó el investigador. “El nuevo escenario laboral y productivo complejiza la precariedad del trabajo en el sector. La importancia de los trabajadores transitorios se asocia a un cambio en su perfil, donde se superponen situaciones tradicionales y nuevos requerimientos”.
La Asociación Argentina de Periodistas Ambientales difundió a principios de octubre una serie de entrevistas realizadas por Graciela Gomez, de la ONG Ecos de Romang, y Oscar Brasca, del grupo Autoconvocados de La Criolla, a jóvenes banderilleros que trabajan en campos de la zona. Una ocupación recurrente en el sistema actual: parados al costado del paso de la máquina fumigadora –que a su paso arroja glifosato y endosulfán, entre otros productos–, los banderilleros marcan por dónde tiene que pasar. Javier Oscar Villalba vive en la localidad santafesina de Marcelino Escalada; hoy tiene 24 años y a los 17 empezó a trabajar de banderillero. Comenzó con su padre por 10 centavos la hectárea. “El veneno nos salpicaba hasta en la cara”, dijo antes de contar que comían y tomaban agua al lado de las máquinas.
“Trabajábamos sin protección: ni guantes, ni máscara. Mi papá y yo caminábamos por el sembrado, hasta llegar a unos 50 metros del mosquito y marcar. De ahí nos pasaban al lado fumigando; no tenía que quedar nada seco”. El contacto con los agroquímicos dejó huellas: su padre sufre problemas de estómago y un amigo suyo perdió todo el pelo. Javier tiene “un tumorcito” en un ojo y sarpullidos constantes en la espalda y detrás de las orejas. “Lo que hacíamos era cargar los bidones y llenar el tanque con Roundup mezclado con cipermetrina”.
Humberto Miguel Lencina vive en el barrio Santa Rosa de La Criolla. Comenzó de banderillero a los 22 años y hoy tiene 25. Sus jornadas iban de siete de la mañana a las nueve de la noche. A cambio recibía 30 pesos de jornal. “Usábamos glifosato, endosulfán y cipermetrina, en la mayoría de los casos juntos: acá le dicen cóctel”. Una vez tuvieron la rotura de una manguera, la cual lo bañó con el líquido para fumigar y tuvo que terminar la jornada con la misma ropa, que se secó sobre su piel. Otras veces, dice, “el maquinista no nos veía y, con los brazos del aparato, terminaba pulverizándonos encima”. Humberto sufre de alergias y constantes dolores de cabeza. Martín Villalba, compañero de equipo de Humberto, trabajó hasta la cosecha pasada. Hoy tiene 22 años, es banderillero desde los 19 y también está enfermo. Sufre problemas hepáticos que aún no pudo hacerse tratar.
“El drama de los chicos empleados en campos de soja es la cara de una actividad sumamente aberrante. Los niños-bandera están atados al círculo de la pobreza: ese lugar que no ve nadie”, concluyó el informe de la Asociación de Periodistas Ambientales.
Dos proyectos aprobados en la Cámara de Diputados de la Provincia renovaron el debate sobre el modelo agrícola, su sustentabilidad económica y ambiental y los efectos que derivan de la aplicación descontrolada de agroquímicos. Con casi 17 millones de hectáreas de soja sembradas en el país –más de la mitad de la superficie cultivable, un escenario que, según coinciden los especialistas, se seguirá expandiendo–, aparecen los primeros signos de preocupación en la esfera legislativa local. La semana pasada se sancionaron dos proyectos relacionados al uso de productos químicos en el campo.
El primero apunta a exigir que se acelere la prohibición del uso de endosulfán, un producto que saldrá del mercado –por ley– en 2011. Lo sancionó la Cámara de Diputados; allí se exige a la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia que “arbitre los medios” ante la Secretaría de Agricultura de la Nación –ahora con rango de Ministerio– para que se quite al endosulfán de la lista de productos fitosanitarios autorizados. Prohibido en más de 60 países, es un insecticida clorado que en el país se sigue usando para combatir la chinche verde de la soja. En abril, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del pesticida.
“El endosulfán se utiliza de forma masiva en la soja y también en algodón, girasol, maíz y tabaco, entre otros cultivos”, argumentó Mónica Peralta, autora de la iniciativa, del Frente Progresista Cívico y Social. “Está identificado como plaguicida extremadamente tóxico con capacidad de producir daños agudos a la salud, en el corto plazo, y crónicos: enfermedades que aparecen luego de años de contacto. Es causante de diarreas, mareos, dolor de cabeza, náuseas, llagas, dolor de garganta y cuadros de asma”. La diputada citó la recomendación del Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, que en noviembre de 2007 hizo la propuesta formal para incluir al endosulfán en el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes.
En esa propuesta se llegó a la siguiente conclusión: “El endosulfán es muy persistente en el medio ambiente y se encuentra con frecuencia en compartimientos ambientales. Tiene un gran potencial de bioacumulación. Debido a sus propiedades físicas y químicas y su semivida en la atmósfera, y sobre la base de los datos de modelos y los resultados de muestras ambientales, se ha demostrado que el endosulfán se transporta a larga distancia, lejos de sus fuentes. El endosulfán es un producto químico muy tóxico para prácticamente todo tipo de organismos. Tiene el potencial de provocar perturbación endocrina en las especies terrestres y acuáticas. Provoca neurotoxicidad y efectos hematológicos y neurotoxicidad”.
En los fundamentos agrega que, aunque la Unión Europea prohibió el endosulfán, igual se sigue usando en muchos países. “Dadas las propiedades inherentes del endosulfán, junto con las concentraciones ambientales demostradas o potenciales que superan las concentraciones permisibles máximas, y dada su ocurrencia generalizada incluso en zonas remotas, se llega a la conclusión de que el endosulfán, debido a su transporte a larga distancia en el medio ambiente, probablemente provocará efectos adversos tan notables para la salud humana y el medio ambiente que justifican la adopción de medidas a nivel mundial”.
A la severa advertencia que deja como corolario el informe citado, la diputada Peralta agregó un dato que no es menor: la Argentina, a través de la Ley 26.011, adhirió al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Allí se estipula qué contaminantes tienen propiedades tóxicas por ser resistentes a la degradación y se reconocen “los problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, resultantes de la exposición local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los efectos en las mujeres y, a través de ellas, en las futuras generaciones”.
La Cámara de Diputados también dio media sanción a un proyecto de ley que regula el manejo de los agroquímicos en todas sus etapas. Contempla todo el camino que recorren los productos, desde la fabricación hasta el almacenamiento, el transporte y la disposición final de los envases para que sean destruidos en condiciones de seguridad. Su autor, Carlos Fascendini (FPCyS) declaró: “es un paso muy importante para preservar la salud de la población”.
Uno de los temas más delicados es la disposición final de las sustancias químicas de uso agrícola. “En la provincia es posible ver tachos y bidones desparramados en el campo, sin ningún tratamiento. El lavado de equipos utilizados en la aplicación de productos químicos en arroyos, lagunas o distintos cursos de agua son prácticas habituales”, amplió el diputado.
De aprobarse la ley en el Senado, habrá sanciones más duras para quienes causen daños ambientales. La norma también le otorga más atribuciones a la Secretaría de Medio Ambiente: promoción de programas de capacitación; acciones de información al público usuario; desarrollo de buenas prácticas sobre uso y comercialización de plaguicidas; y la posibilidad de elaborar programas para que se introduzcan en las currículas educativas temas afines al control, manejo y disposición de agroquímicos.
También quedará en manos de Medio Ambiente la evaluación del riesgo que esos productos causan en la salud. El titular de la Secretaría, César Mackler, es resistido por las organizaciones ambientalistas luego de que, a mediados de año, se manifestara en contra de ampliar los límites territoriales de prohibición de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres. Esa es una de las modificaciones pendientes respecto de la actual Ley de Fitosanitarios.
La iniciativa votada en Diputados también responsabiliza a fabricantes y vendedores de agroquímicos –y a los usuarios– de la recuperación y disposición final de los envases. Y prohíbe el almacenamiento de fitosanitarios en los lugares donde se fabriquen, preparen, almacenen o vendan alimentos, bebidas y medicamentos. “A pesar de haberse evaluado un incremento de enfermedades cancerígenas en poblaciones expuestas a los agroquímicos, Santa Fe sigue careciendo de un control preventivo en su manejo y disposición final”, concluyó Fascendini.
PRUEBAS. Recientes ensayos de laboratorio realizados por investigadores de la UNL demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos: puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional. El descubrimiento, al que arribaron probando distintas dosis de glifosato, afecta la reproducción de una especie de microcrustáceo que habita ríos, lagunas y charcas de la zona. “Nos interesó conocer qué efectos podía llegar a tener el glifosato sobre organismos clave de ecosistemas acuáticos continentales, como los cladóceros. En particular seleccionamos una especie de crustáceo llamado Ceriodaphnia reticulata, que son pequeños organismos que viven en la columna de agua y que están en la base de las cadenas tróficas de los sistemas acuáticos”, explicó Ana María Gagneten, que trabaja en la línea de ecotoxicología de zooplancton de agua dulce en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.
En el trabajo sometieron los microorganismos a soluciones con distintas concentraciones del agroquímico y a un ensayo control, sin glifosato. Analizaron la sobrevivencia de la especie y la fecundidad, pero también la capacidad de degradación del herbicida, para lo cual hicieron análisis cromatográficos durante 17 días. En los ensayos descubrieron que la sobrevivencia no se vio afectada por el glifosato, pero sí la fecundidad, lo que tiene un efecto directo sobre la posibilidad de mantenimiento de una población en el tiempo, ya que debe haber una capacidad de recambio determinada por la cantidad de crías producidas.
En el experimento, el grupo control produjo 140 crías y ese valor sirvió para comparar con los distintos tratamientos con glifosato en diversas concentraciones. El de menor concentración contenía 5,33 miligramos por litro y produjo sólo 50 crías. El tratamiento dos, con una concentración 15,99 miligramos por litro, tuvo 25 crías. El tercer tratamiento, con 31,8 miligramos por litro, llegó a 36. “La fecundidad fue un parámetro muy afectado en esta especie. No registramos diferencias significativas entre las concentraciones, pero sí entre todas las concentraciones y el control”, agregó Gagneten.
Estudios a escala hechos en el laboratorio confirmaron la toxicidad del glifosato para la Cerodaphnia reticulata. La importancia de estudiar esa especie reside en que sirven de alimento a larvas y juveniles de peces que luego cambian de régimen de alimentación. Incluso, algunos peces adultos, de pequeño tamaño, siguen alimentándose durante toda su vida de estos microcrustáceos.
Otro estudio, del grupo de Medio Ambiente del Intec (Conicet-UNL), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores. Demostraron que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Y, además, en el suelo usado para la siembra, lo que causa la contaminación de las capas freáticas.
“Pusimos énfasis en esos dos plaguicidas porque su uso ha aumentado en paralelo al incremento de la superficie cultivada de soja”, indicó María Inés Maitre, investigadora del Intec. Para el estudio diseñaron un método especial –modificando la molécula del herbicida y utilizando métodos cromatográficos– capaz de detectar restos de glifosato en soja, algo que no es posible mediante análisis comunes. Para comprobar los niveles de residuos que pueden quedar en las semillas, realizaron pruebas con aplicaciones controladas de Roundup –la marca de glifosato de Monsanto– en tres lotes de la localidad de Franck, departamento Las Colonias. En muestreos con una aplicación no se encontraron restos del herbicida, pero luego de analizar la soja sometida a más de dos aplicaciones observaron que aparecían residuos. “Si bien estaban debajo de los límites permitidos, ya era un llamado de atención, porque es un cultivo transgénico que encima tiene el agregado de un tóxico muy discutido”, enfatizó Maitre.
El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de todo el procedimiento de elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedas y secas. Encontraron residuos de glifosato en las secas. Más adelante, estudiaron la permanencia de plaguicidas en el suelo. Explicó Maitre: “Pudimos concluir que, a pesar de que el glifosato se absorbe, tiene capacidad también para reabsorberse. Entonces, en épocas muy húmedas y lluviosas, puede drenar en el suelo y contaminar las capas freáticas”. A idéntica conclusión llegó el Inta de Pergamino
EL ESCENARIO. Más soja y menos nivel de inversión es lo que dejará la campaña 2009/2010. Martín Favre, titular de la Sociedad Rural de Gálvez, explicó en una entrevista con El Litoral que la baja en la inversión para trigo y maíz “se debe a la falta de expectativas de esos mercados y a que las medidas del gobierno nunca llegaron”. Para sembrar una hectárea de soja se requiere una inversión de 100 dólares, en un contexto de lluvias y con la certeza de que luego se va a poder exportar a los mercados internacionales. En cambio, el maíz requiere una inversión promedio de 300 dólares por hectárea y hoy no tiene cotización en el mercado, lo que genera incertidumbre entre los productores. Para una hectárea de trigo la inversión necesaria es de 150 dólares, pero el grano tiene precio incierto por falta de mercados. La última sequía afectó sustantivamente a esos cultivos.
Sin embargo, matizando el reiterado lamento, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) difundió un informe que da cuenta del aumento de la rentabilidad de la soja: su precio en dólares subió un 67,5% en apenas dos años. También, según el trabajo de Cifra, en el primer semestre del año la rentabilidad promedio de los cuatro principales cultivos –en dólares– fue un 24,1% superior a la del mismo período de 2007; en el caso de la soja la mejora fue de casi el triple. Fue la crisis económica mundial la que provocó una abrupta reducción en los precios durante el segundo semestre de 2008, pero desde comienzos de 2009 se registró una sostenida recuperación en el precio de los principales cultivos de exportación que: si bien no retornaron a los valores anteriores a la crisis, se ubican en un nivel similar al de comienzos de 2007.
Otra variable que se modificó es el precio de los agroquímicos, los insumos vedette del actual esquema de siembra directa. “Es cierto que bajó el glifosato, pero ése no es el factor más importante”, se quejó Favre. De todos modos, la caída en las inversiones se explica por el avance de la soja sobre el resto de los cultivos: según un informe reciente de la Sociedad Rural Argentina, se sembrarán en todo el país casi 29 millones de hectáreas –un millón y medio más que en la campaña anterior– pero con una inversión del 32,6% menor. El estudio estima que el área sembrada con trigo retrocederá un 33%, la de maíz caerá un 24% y la de girasol bajará un 15%.
El gobierno provincial tomó nota. “Vemos más cultivo de soja. Esto tiene que ver con la falta de mercados transparentes para el maíz y el trigo, y con la retirada de los productores de otras alternativas como la ganadería o los tambos”, declaró Carlos Sartor, secretario de Agroalimentos del Ministerio de la Producción. “La menor inversión pasa por la disminución de los costos de los insumos, pero también por un menor nivel de aplicación del paquete tecnológico. Hasta que todo eso no se aclare, el productor va a lo seguro y eso es la soja”, agregó el funcionario.
NADA NUEVO BAJO EL SOL. Germán Quaranta, investigador del Área de Empleo y Desarrollo Rural del Conicet, escribió una columna en Página/12 en la que se refiere a las condiciones laborales en el campo. Comienza aclarando que es difícil establecer el número de trabajadores asalariados –el Censo de 2001 registró medio millón– por las dificultades para captar el trabajo transitorio. “Se puede conjeturar que esa cifra representa fundamentalmente el trabajo permanente, estimándose en al menos otro medio millón de asalariados transitorios”, estima Quaranta. “Tradicionalmente, las ocupaciones en el agro se caracterizaron por la precariedad, siendo la inestabilidad laboral, las malas remuneraciones, el trabajo no registrado, las deficientes condiciones de trabajo y la baja sindicalización sus rasgos distintivos. Estas condiciones se acentúan para el trabajo temporario y eventual”.
Las estadísticas disponibles confirman los altos niveles de precariedad y la baja calidad del empleo con segmentos muy limitados –como los operadores de maquinarias de granos– que escapan a estas condiciones. “Se puede estimar que alrededor del 70% del empleo en la agricultura de nuestro país se encuentra al margen del debido registro”, arriesgó el investigador. “El nuevo escenario laboral y productivo complejiza la precariedad del trabajo en el sector. La importancia de los trabajadores transitorios se asocia a un cambio en su perfil, donde se superponen situaciones tradicionales y nuevos requerimientos”.
La Asociación Argentina de Periodistas Ambientales difundió a principios de octubre una serie de entrevistas realizadas por Graciela Gomez, de la ONG Ecos de Romang, y Oscar Brasca, del grupo Autoconvocados de La Criolla, a jóvenes banderilleros que trabajan en campos de la zona. Una ocupación recurrente en el sistema actual: parados al costado del paso de la máquina fumigadora –que a su paso arroja glifosato y endosulfán, entre otros productos–, los banderilleros marcan por dónde tiene que pasar. Javier Oscar Villalba vive en la localidad santafesina de Marcelino Escalada; hoy tiene 24 años y a los 17 empezó a trabajar de banderillero. Comenzó con su padre por 10 centavos la hectárea. “El veneno nos salpicaba hasta en la cara”, dijo antes de contar que comían y tomaban agua al lado de las máquinas.
“Trabajábamos sin protección: ni guantes, ni máscara. Mi papá y yo caminábamos por el sembrado, hasta llegar a unos 50 metros del mosquito y marcar. De ahí nos pasaban al lado fumigando; no tenía que quedar nada seco”. El contacto con los agroquímicos dejó huellas: su padre sufre problemas de estómago y un amigo suyo perdió todo el pelo. Javier tiene “un tumorcito” en un ojo y sarpullidos constantes en la espalda y detrás de las orejas. “Lo que hacíamos era cargar los bidones y llenar el tanque con Roundup mezclado con cipermetrina”.
Humberto Miguel Lencina vive en el barrio Santa Rosa de La Criolla. Comenzó de banderillero a los 22 años y hoy tiene 25. Sus jornadas iban de siete de la mañana a las nueve de la noche. A cambio recibía 30 pesos de jornal. “Usábamos glifosato, endosulfán y cipermetrina, en la mayoría de los casos juntos: acá le dicen cóctel”. Una vez tuvieron la rotura de una manguera, la cual lo bañó con el líquido para fumigar y tuvo que terminar la jornada con la misma ropa, que se secó sobre su piel. Otras veces, dice, “el maquinista no nos veía y, con los brazos del aparato, terminaba pulverizándonos encima”. Humberto sufre de alergias y constantes dolores de cabeza. Martín Villalba, compañero de equipo de Humberto, trabajó hasta la cosecha pasada. Hoy tiene 22 años, es banderillero desde los 19 y también está enfermo. Sufre problemas hepáticos que aún no pudo hacerse tratar.
“El drama de los chicos empleados en campos de soja es la cara de una actividad sumamente aberrante. Los niños-bandera están atados al círculo de la pobreza: ese lugar que no ve nadie”, concluyó el informe de la Asociación de Periodistas Ambientales.
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