Un llamado a poner atención en las instituciones donde los más excluidos son prácticamente depositados.
Por José María Borlle (*)
Marcelo Percia define institución como “un barullo devastador, un estallido que arrasa con clasificaciones, estadísticas y esquemas, un hervidero de desconfianzas y complicidades… así, toda institución tendrá diferentes historias. Una oficial y otra marginal que se escribirá en los pasillos, en las quejas murmuradas, en el humor”.
Puertas de hierro, amarillo de años, agujeros por donde la locura de los manicomios se deja entrever, por donde falla la ocultación de quienes allí habitan. En ocasiones repetidas, todos reciben la misma toalla (¿son un mismo cuerpo?), todos usan el mismo cepillo (¿son una misma boca?), o una misma máquina de afeitar, exponiéndose así los sufrientes de un padecimiento psíquico a los riesgos mortíferos de las “enfermedades intrahospitalarias”. El sueño psicótico por fin cumplido de una gran boca, de un cuerpo extendido hasta el infinito universal de los “todos iguales”; una clasificación diagnóstica que ahorra la ardua tarea de hacerse un nombre. El precio: ¡renunciar a sus derechos!
¿Qué condiciones existen para un tratamiento de las diferentes expresiones del sufrimiento psíquico en el hospital psiquiátrico de nuestra ciudad?
Entrar a las salas de internación del hospital es aventurarnos en una nación que no llega a ser tal, en un espacio público que nos remonta a antiguos momentos históricos en los que al “loco” se lo excluía, se lo depositaba para culminar sus días lejos de los “normales”, para evitar la propagación de dicho flagelo que atenta contra nuestro orden social. Una pseudonación, un lugar sin derechos, un lugar de anulación de la subjetividad, de reducción de la vida a puro cuerpo.
El hospital psiquiátrico Dr. Mira y López se encuentra acariciando el límite norte de nuestra Santa Fe, donde en sus comienzos no había barrios, sólo lugares de “expatriación” como el leprosario de Recreo (Hospital Protomédico Manuel Rodríguez), el hospital para tuberculosos (el Sayago) y, por supuesto, los delincuentes mayores (la cárcel de Las Flores) y los menores (escuela de irregulares sociales). Así se ha ido identificando a estos grupos como los “peligros” y los “contagios”.
SOCIEDAD Y LOCURA. La “locura” que habita nuestras sociedades es locura social y no solo individual. En principio, porque somos seres sociales al constituirnos con el otro. Tendemos a identificarnos con otros al tiempo que lo hacemos a un nombre en singular –un nombre propio– y desde ellos entretejemos la así llamada diversidad (un término redundante, puesto que de por sí todo lo social es diverso).
Entre las respuestas sociales –es decir, políticas– para los desarreglos subjetivos encontramos una central: los espacios institucionales en los que se opera incisivamente para amedrentar a aquellos pacientes que interpelan a la institución que “vela” por ellos, que no se acomodan en ella en tanto objetos. Y si vence la cronificación institucional, el alta está cada vez más alto... Se palpa un “modo de inclusión segregativo”, oxímoron que grafica la inclusión de sujetos que transitan crisis subjetivas en lugares que los segregan de lo social, adjudicando motes a quienes padecen, singularmente, crisis sociales de la época. Reina allí una política dirigida a los llamados “indigentes”, “vulnerables”, jóvenes en conflicto…, en definitiva, los oprimidos por la dictadura de la sociedad de la numeración, de la oferta y la demanda, del puro mercado. Legalidad de una nación de los y las cada vez más jóvenes-locos-pobres, donde cierto goce intramuros les está “permitidobligado”.
TECNOLOGÍAS DE REPRESIÓN SUBJETIVA. Las tecnologías son variadas y no siempre demasiado sutiles en estos claustros de anulación del sujeto: fijaciones mecánicas sin indicación médica acorde a la situación del paciente, aumento de medicación como forma de castigo implícito, clasificaciones diagnósticas que apresuran la rotulación (“no se sabe bien quién es, pero sí claramente qué es”), malos tratos físicos y psíquicos, boicot a las propuestas de tratamiento desde una lógica alternativa, y quizás algunas más.
Para comentar una, obsérvese la fijación mecánica: atar un paciente a una cama es una indicación médica para cuando el paciente transita una crisis con excitación psicomotriz, cosa que sucede realmente pocas veces. El psiquiatra indica la medicación necesaria para frenar la crisis, pero la misma tiene su tiempo para comenzar a hacer el efecto buscado; se intenta entonces que el paciente esté protegido de su propia violencia, que lo lleva a agredirse, a agredir a otros o a exponerse a graves riesgos. Una vez que la medicación actuó, se desata al paciente. La estrategia está plenamente fundamentada en esos casos. Sin embargo, el manicomio deja atado al paciente durante días sin que el psiquiatra (los únicos autorizados para indicar y quitar la fijación) lo haya evaluado. En ocasiones, a pesar de que se haya “levantado” la fijación indicada, el paciente continúa atado.
La justificación: “se va a fugar”. Se vulnera así la ley provincial de Salud Mental, que prohíbe los métodos que coartan la libertad de los sujetos. Más que “fugarse”, quizá busquen irse por no encontrar allí más que medicación, monotonía del tiempo, olores nauseabundos, despojo de lo propio (hasta la vestimenta), denigración integral de su persona, maltrato psicológico, zapatillas rotas, ojotas y agua fría en invierno, violación de la intimidad… Cabe señalar que la ley provincial de Salud Mental (promulgada el 26 de diciembre de 1991) en su artículo 1 establece que “entre las alternativas más idóneas, se evitarán aquellas que pudieran ocasionar algún daño a la salud, privilegiándose las que menos restrinjan la libertad y alejen del núcleo familiar y social”. Además, en el artículo 14 reza, “Los establecimientos de internación de salud mental deberán brindar tratamiento en condiciones que resguarden la integridad psíquica y física de las personas, su dignidad personal y afecten en la medida absolutamente indispensable su libertad, conforme las disposiciones de la presente Ley. Están prohibidas todas las medidas, procedimientos o métodos de castigo físico o psíquico”.
UNA LEY DESREGULADA. Es responsabilidad del Ministerio de Salud, de la Dirección Provincial de Salud Mental en particular y del Poder Judicial auditar inmediatamente el hospital psiquiátrico de Santa Fe, para verificar hasta qué punto la ley provincial de Salud Mental se está implementando y para garantizar los derechos vulnerados de quienes padecen la internación. Así lo dice la ley en su artículo 21: “Los jueces (…), inspeccionarán cada vez que lo consideren conveniente y por lo menos dos veces al año los establecimientos (…) verificando las condiciones de alojamiento, cuidado personal y atención profesional, condiciones de desarrollo de los programas de tratamiento y observancia de los derechos de los internados”. Trabajé tres años en el hospital; nunca apareció ningún funcionario ni juez a realizar dicha inspección.
La transformación paulatina del hospital psiquiátrico en un hospital interdisciplinario en los plazos que establece la ley, está muy lejos de ser un hecho. El artículo 18 establecía un plazo máximo de tres años a partir de la promulgación para dicha transformación. La ley promueve también la implementación de medidas asistenciales alternativas: salud mental en hospitales generales –con y sin internación– atención domiciliaria, servicios de emergencia, centros de salud comunitarios, hospitales de día, casas de medio camino, talleres protegidos… Al momento, no aparecen con fuerza los recursos que la ley dictamina, a 18 años de su promulgación y dos de su reglamentación.
TERRITORIO DE LUCHA. El hospital es escenario de luchas que son, como todas ellas, de liberación. Luchas que llevan adelante pacientes que toman para sí toda propuesta alternativa a la lógica manicomial, lógica que segrega, encierra, rotula, estigmatiza, sella en el sujeto sufriente una impronta de la cual le será muy difícil desembarazarse. Los pacientes dejan de tener paciencia y, algunos más que otros, recuperan la palabra u otros modos de expresión para darnos a conocer su historia, que amerita ser escuchada. Se resitúan como sujetos históricos cuando cuestionan un régimen hospitalario que los lleva a dormir la mayor parte del día, a recibir altas dosis de medicación que impiden desarrollar sus potencialidades. Pero cuando esto sucede se boicotean los dispositivos que jerarquizan al sujeto, mientras los pacientes hasta reciben represalias en los momentos en que el hospital es sólo tierra de enfermeros y psiquiatras de guardia. La lucha y resistencia a la lógica manicomial (que también invade otras instituciones como la escuela, la familia, la justicia, etcétera) resultan del sostenimiento comprometido y crítico de quienes día a día le ponen el cuerpo a la locura del manicomio, pensando y generando espacios de restitución subjetiva desde una lógica de salud mental.
Estas luchas se llevan a cabo contra viento y marea de las políticas oficiales que precarizan a través de “contratos basura” (sin derechos laborales básicos) al recurso humano que trabaja en los dispositivos alternativos, proveyéndoles de escasos recursos materiales para su sostenimiento, no brindando espacios de formación crítica sobre la práctica, proponiendo sólo espacios de difusión de políticas públicas con discursos “políticamente correctos” que no colaboran en demasía con la erradicación definitiva de las tecnologías represivas.
La terrible realidad que viven diariamente los sujetos internados y los trabajadores consecuentes con la transformación de fondo y no de forma del hospital, no es muy original... Dicha situación de extrema gravedad se vive en la mayoría de los hospitales psiquiátricos de nuestro país, lo cual es denunciado permanentemente. Recientemente, en la revista Topia dos trabajadores del hospital Borda de Buenos Aires denunciaron abiertamente las lógicas y técnicas represivas que siguen siendo pilares de los tratamientos en ese hospital. Una psicóloga y un estudiante fueron los autores del artículo y luego fueron despedidos, como es de público conocimiento.
Por eso una parte importante de trabajadores considera que la organización política de quienes trabajamos en salud mental debe abarcar a todos los trabajadores de la salud y a la comunidad, para impulsar con más fuerza transformaciones estructurales al tiempo que se haga efectiva, en principio, la ley Salud Mental, reglamentada pero muy poco aplicada.
(*) Psicólogo. Trabaja en la Dirección Provincial de Salud Mental y es miembro de la Asamblea de Trabajadores de la Salud.
sábado, 28 de noviembre de 2009
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Patriarcado en jaque
ONG articulan acciones con el Estado para revertir el flagelo de la violencia de género. “No es una cuestión privada: todo lo que tenga que ver con la violencia tiene que ocuparnos”, definió el ministro Farías. El peligro de la naturalización. Las voces de Beatriz Fullone, Rosa Acosta, Mabel Busaniche, Liliana Loyola y Rosa Ameduri.
Por Marcela Perticarari
Año tras año las cifras aumentan. Son números que representan vidas. Quizás sea porque la problemática se torna visible y más mujeres se animan a contar sobre el flagelo que las acosa, en muchos casos, a través de largos períodos de sus existencias. Entonces deciden que es el momento de salir en busca de una solución. O tal vez sea porque los mandatos del patriarcado parecen acentuarse y la violencia está naturalizada, dificultando desterrar los mitos y aquello de que “sólo se le fue un poco la mano”. Lo cierto es que la violencia doméstica, calificada por muchos especialistas como pandemia del siglo XXI, tiene una ley que ampara a las mujeres, pero más del 50% desconoce sus alcances.
A fines de julio de 2001 se aprobó el Decreto Nº 1.745 que reglamenta la ley de Protección contra la Violencia Familiar en nuestra provincia. Fue el fruto de casi dos años de trabajo interdisciplinario entre profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina.
Como contrapartida de la problemática que lleva a miles de mujeres al año a denunciar su situación en distintos estamentos, son varias las organizaciones que trabajan en el terreno para combatir la violencia. El Estado intenta hacerse eco mediante políticas públicas que contengan una visión de género.
El próximo miércoles se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1981, militantes por los derechos de la mujer conmemoran el 25 de noviembre el brutal asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, por orden de Rafael Trujillo. A pocos días de tan triste aniversario, es oportuno un recorrido por las iniciativas que buscan desterrar la violencia.
La semana pasada, el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad (Cesc) y el gobierno provincial firmaron un convenio para poner en marcha el Observatorio de Violencia de Género de la ciudad de Santa Fe, que fue propuesto por el propio Cesc con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
De la presentación participaron el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, y representantes de las entidades comprometidas en el proyecto: el Cesc, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la Dirección Provincial de las Mujeres de la provincia y ATE Santa Fe. También disertó, como invitada, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Las entidades comprometidas analizarán casos de violencia de género. Para ello, víctimas y funcionarios judiciales serán encuestados con el objeto de profundizar en la problemática y conocer de qué manera se trabaja esta problemática y qué respuesta se les da a las víctimas de la violencia de género.
ENTENDER EL PROBLEMA. “Uno de los datos más alarmantes de las encuestas que hicimos en Rosario es que las mujeres no conocen la ley 11.529 de Protección contra la Violencia Familiar. Este desconocimiento no les permite decidir o solicitar algunas medidas de protección. Queríamos ver el real acceso de las mujeres a la Justicia y nos encontramos con obstáculos que tienen que ver con cómo se entiende la problemática de la violencia, cuántas veces tienen que contar su situación las víctimas. Esto se conoce como la re-victimización”, comentó la fundadora del Cesc, Beatriz Fullone.
En nuestra ciudad se realizará el mismo relevamiento que en Rosario, con el apoyo de la ONG Palabras, de la Dirección Provincial de la Mujer y de un equipo interdisciplinario.
Durante la presentación del observatorio se hizo hincapié en la necesidad de una formación en perspectiva de género para hacer una lectura adecuada de una problemática compleja. “Sin esta perspectiva no se puede entender cómo es posible que una mujer vuelva con un hombre violento, aún después de haberlo denunciado. Esto está relacionado con cuestiones económicas, sociales, de salud, psicológicas, entre otras. Socialmente, la mujer tiene que cumplir el rol de madre, cuidar a su esposo y su casa; es decir, le corresponde el ámbito de lo privado. En cambio, al hombre se lo prepara para el afuera: que sea fuerte, luchador y proveedor. Entonces, la violencia familiar y de género quedan reducidas al ámbito de lo privado, pero es un problema público”, graficó Fullone.
Los resultados del observatorio deberán servir para diseñar políticas públicas que tengan en cuenta la perspectiva de género.
El ministro Pablo Farías declaró que “la firma del convenio significa un compromiso de los distintos entes que vienen trabajando la problemática de la violencia de género y, sobre todo, la violencia contra la mujer, que lamentablemente es uno de los flagelos más fuertes. Los casos en que son víctimas mujeres han ido en aumento y también los femicidios. Me parece que el convenio permitirá crear un gran foro de debate, de análisis y de seguimiento”.
Por ello, a partir de la información que genere el Observatorio de Violencia de Género se reforzarán algunas de las políticas que se llevan adelante desde la cartera y se implementarán nuevas medidas en el ámbito gubernamental y judicial. “En la provincia hay cuestiones que nos preocupan, como una cierta naturalización de estas situaciones. Es decir, socialmente se actúa con pasividad y no se identifica como una gran problemática. Aparece como algo natural, algo que pasa del otro lado de las puertas de las casas y que, por lo tanto, es una cuestión privada. Pero no es una cuestión meramente privada: todo lo que tenga que ver con la violencia tiene que preocuparnos y ocuparnos”, reflexionó Farías.
EL CESC Y SU OBSERVATORIO. El Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad fue creado en homenaje a Carlos Triglia, ex juez penal y acérrimo defensor de los derechos humanos. Fundado por Beatriz Fullone, el Cesc aborda principalmente problemáticas de la mujer y la familia desde una perspectiva de género, promoviendo el efectivo ejercicio de los derechos. Desde la organización se trabaja principalmente con las problemáticas actuales de la mujer y la familia, posibilitando alternativas y promoviendo el ejercicio de los derechos. Entre sus objetivos está el de trabajar con la comunidad para ir borrando las desigualdades de género. En lo cotidiano esa idea se concreta a través de múltiples actividades, entre ellas cursos sobre problemática de género y violencia familiar, jornadas de reflexión y capacitación, talleres y espacios para mujeres.
Institucionalmente, las acciones y proyectos del Cesc intentan fortalecer el vínculo con la comunidad, con los vecinos y organizaciones sociales, a fin de ser realmente una referencia para el abordaje de dichas problemáticas.
El Observatorio de Violencia Género está vinculado con el monitoreo de la ley Nº 11.529 de Violencia Familiar. Por ello, uno de sus horizontes es concretar un mapa de la situación tendiente a la erradicación de esta compleja problemática. “La idea es ver que no basta con la legislación, poder visualizar cuáles son y dónde están esas fallas, para plantear un trabajo articulado con los distintos estamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La meta es que realmente los derechos que expresa la ley se cumplan. Queremos que sirva de herramienta tanto a los poderes públicos como a nosotros”, explicó Fullone.
Durante una primera etapa se realizarán cuestionarios y se recabará información acerca de la ley de Violencia Familiar. El trabajo de campo es parte del proceso de investigación que tiende a obtener elementos de la realidad concreta, factibles de plasmar en las políticas públicas. “Luego de tener todo este corpus relevado, veremos qué cosas podemos pensar desde la sociedad civil y el Estado. Lo fundamental es que sea más accesible la cuestión de la violencia familiar en la justicia. Sabemos que todavía en nuestra provincia y en el país hay una gran deuda hacia la población que hace esas presentaciones, porque todavía no está implementada la especificidad para tratar este tema”, amplió la fundadora del Cesc.
En Rosario, la consulta se hizo entre 306 mujeres y de ese total se realizó un corte con 127 testimonios que brindan datos significativos: el primero de ellos se refiere a que las mujeres que llegan, y que en general sufren situaciones de violencia desde hace muchos años, son aquellas que han tenido o tienen menores posibilidades de acceso a la educación y a un trabajo calificado y con una remuneración acorde.
También se confirmó que las mujeres que tienen mayores posibilidades económicas contratan abogados y se presentan en los tribunales de Familia. La edad promedio de quienes recurren a la Justicia es de entre los 25 y 39 años, el 25% son amas de casa, otro 21% están desocupadas, un 20,5% forman parte del gran número de trabajadoras no registradas y un 20% cobra planes sociales.
Desde la ONG Palabras, Mabel Busaniche rescató el trabajo posterior: “Después de concluir esta experiencia del observatorio tenemos que hacer mesas de diálogo para intercambiar generosamente distintas propuestas”. Finalmente, opinó que las organizaciones sociales están fragmentadas, por lo que hay que buscar estrategias comunes para dirigirse a los medios, al Estado y a la Justicia.
EL DERECHO HUMANO. Rosa Acosta, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, recordó los tipos de violencia más comunes que sufren las mujeres: física, psíquica, sexual y económica. “La ley 11.529 marca los diferentes estamentos que deben hacerse cargo del problema que sufre la mujer cuando se le violan sus derechos, su dignidad y su integridad. Esa ley nos permitió tener un marco, pero el observatorio está mostrando desde 1997 cuáles son las falencias que las mujeres ven en el Poder Judicial, porque una ley no hace magia: es un camino para que aquella que tiene un problema pueda acudir a un lugar. Tanto el Poder Ejecutivo como Judicial tienen que tomar el caso cuando una mujer manifiesta que es víctima de violencia”.
“Los derechos humanos sin justicia no podrían existir. La justicia en sí son los derechos humanos”, definió Acosta. “Necesitamos un sistema para ver cómo las políticas públicas se aplican con una perspectiva de género. En este sentido, diseñamos el organigrama político-institucional de forma tal de dar cabida a esta perspectiva de género en todos los programas y acciones que lleva adelante la Secretaría para monitorear las políticas de otras jurisdicciones del Poder Ejecutivo y Legislativo”. La funcionaria también señaló la necesidad de generar programas que prevengan la violencia “para llegar antes de que las mujeres necesiten asistencia”.
Por su parte, la defensora adjunta del pueblo zona norte, Liliana Loyola, sentenció: “Estamos hablando del derecho a una vida libre de violencia. Todos tenemos ese derecho por igual. Y cuando se viola un derecho humano, se viola por la acción del violento pero también se viola por la omisión de las políticas que tienen que resolver estas acciones violentas”.
Loyola argumentó que la violencia de género es un entrecruzamiento entre la vulnerabilidad social y los factores de riesgo para que una persona sea víctima de violencia: “Si bien la violencia de género atraviesa todas las capas sociales, no todos los sectores sociales tienen los mismos recursos para recurrir a estamentos judiciales y al tratamiento para la víctima. Por eso es fundamental este mapa que hará el observatorio para saber hasta dónde vamos a definir las políticas de Estado”.
La funcionaria recordó que la Defensoría del Pueblo cuenta con un Centro de Atención a la Víctima “que nos permite estar en contacto permanente con este padecimiento”. En los últimos años, el centro atendió más de 8.500 casos de víctimas de violencia de género. “Allí no se hacen solamente consultas sino que se atiende, se acompaña a una persona a reestructurarse a sí misma para poder enfrentar esta situación que la ha destruido íntima, física y psíquicamente, y eso lleva mucho tiempo”, contó la defensora.
En toda la provincia no hay más que cinco centros de atención, ubicados en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. En este punto se encuentra uno de los obstáculos más importantes en lo que refiere a la llegada a las víctimas: “Más nos alejamos de esas ciudades, más desprotegidas encontramos a las mujeres: tienen menos accesibilidad al Poder Judicial y a la Policía”, admitió Loyola. En esta línea, objetó a la burocracia “ya que en algunos casos las mujeres que han sido víctimas de maltratos tienen que esperar horas hasta que los fiscales autoricen su estadía en un albergue. Ahí llegan las mujeres que se animaron a llegar, a veces no tienen plata para pagar el colectivo. Sabemos que es gente que tiene su vida en riesgo. Por eso, desde el equipo interdisciplinario nos propusimos trabajar sobre la visibilización, porque la violencia de género es invisible y la visibilización no se logra mediante un decreto o por una ley, sino con el trabajo”.
EL TRABAJO EN LA PROVINCIA. María Rosa Ameduri, directora provincial de las Mujeres –área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social– destacó la importancia de tener un espacio de observación sobre los hechos que ocurren y las formas en que se abordan. “Vemos en distintas estadísticas las características de la población que llega y la forma en que es atendida, cuántos hijos tiene, cuántos años de convivencia llevan juntos... Los números son un completo devenir. Esto no es un simple listado de cifras, sino que lleva un análisis, una reflexión y una puesta en común para ver cómo dirigir las políticas de Estado. El mayor desafío que tenemos es poder aunar los datos en un registro único. El observatorio está recabando la cantidad de denuncias hechas en las comisarías y en la Defensoría del Pueblo, más los datos recabados por Derechos Humanos, más las causas que llegan a Tribunales. Buscamos trabajar fuertemente con las fiscalías en cada pueblo. Es un trabajo lento, con muchos retrocesos y pocos avances, pero estamos dispuestas a llevarlo adelante. Eso nos va a dar la posibilidad de ver la realidad clara y concreta”.
“Todos y todas tenemos que tomar conciencia de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Si todos lo entendieran sería mucho más sencillo llevarlo adelante”, concluyó Ameduri.
NUEVA OFICINA. Días pasados, la Justicia santafesina firmó un convenio con la Corte Suprema de la Nación para implementar en la provincia una oficina similar a la que recibe denuncias de violencia doméstica en la ciudad de Buenos Aires. María Angélica Gastaldi, ministra de la Corte de Santa Fe, informó que “la Corte nacional tiene interés en fomentar un sistema como el que exige el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés)”, que pone énfasis en el seguimiento estadístico, la ubicación de tipos de casos y la jurisprudencia. Según la ministra, lo más importante del proyecto es que “busca empoderar a las mujeres, que es la única forma de evitar la victimización. Es un planteo democrático que tiene que ver con el acceso a la justicia”.
Gastaldi subrayó: “Hay que mirar todas las formas de violencia contra la mujer. Puede aparecer como victimaria y que eso sea la eclosión de una violencia previa: el 70% de las detenidas por delitos graves los cometieron al explotar situaciones de violencia extrema. He visto jueces que tenían a la vista a víctimas de los más atroces daños físicos y psíquicos y aún así pasaban inadvertidas. También los jueces aplican el debido proceso y es cierto que en relaciones afectivas y de apego es difícil desentrañar la prueba, pero a veces aparecen los estereotipos. como en casos en los que dicen: ‘Bueno, le pegaba y se le fue la mano’, cuando el hombre termina degollando a la mujer”.
Durante el seminario Ciudades Libres de Discriminación, llevado a cabo por el Inadi en agosto, Ameduri trazó el panorama de las cinco regiones que componen la provincia. “Tratar de hablar de todas las realidades de la provincia es bastante difícil porque tenemos diferencias sustanciales entre una y otra localidad. La realidad no es la misma en el norte que en el sur”, reconoció. No obstante, sostuvo: “Si uno piensa cómo viven las mujeres frente a las distintas realidades, vemos que es sustancialmente diferente para una mujer de Venado Tuerto encarar el tema laboral que para una mujer de Reconquista, que tiene que luchar día a día para conseguir agua, por ejemplo. Las realidades son distintas, pero las iguala la discriminación por el simple hecho de ser mujer”.
LOS NÚMEROS DE LA AGRESIÓN. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió en un año 6.746 denuncias y detectó 8.354 personas que sufrieron maltratos familiares, el 82% de las cuales son mujeres.
A un año de inaugurada la oficina, la vicepresidenta de la Corte, Elena Higthon de Nolasco, afirmó que “para derribar ciertos mitos, como el de que la violencia doméstica siempre es cosa de ignorantes o pobres, el nivel de estudios que tienen los varones y mujeres denunciadas es secundario, completo o incompleto”.
Respecto al tipo de violencia, se observa que un 89% corresponde a violencia psicológica, 68% física, 30% económica y 14% sexual, pudiendo cada caso estar afectado por más de un tipo, como se puede deducir de los guarismos.
Del total de denuncias efectuadas entre septiembre de 2008 al mismo mes de 2009, 4.907 expedientes fueron derivados al fuero civil, mientras que en 3.382 casos se dio intervención al penal, ya que un legajo puede ser derivado a dos fueros.
La Oficina de Violencia Doméstica realiza un informe de riesgo para la víctima en el mismo momento de la denuncia, con constatación de lesiones físicas y la disposición eventual de medidas cautelares, así como de un policía de consigna si se establece la restricción al agresor de permanencia en el hogar.
Si bien la oficina permanece abierta las 24 horas, la mayor parte de las mujeres van los lunes y martes, porque les resulta más difícil justificar una salida el fin de semana de su casa.
Unas 500 causas penales fueron archivadas por los jueces, que no toman en cuenta casos que puntualmente pueden aparecer pequeños. “Nos preocupa que se archiven porque queremos que se siga investigando para que no haya minimización de la violencia doméstica, donde el círculo violento va y viene, y puede terminar en homicidio”, concluyó la jueza Higthon de Nolasco.
El alerta está planteado.
EN CIFRAS
6.746 denuncias recibió la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último año
82 mujeres murieron en lo que va de 2009 víctimas de femicidios
22-39 es la franja etaria promedio que más casos de maltratos denunció en ese mismo período
89% de las denuncias fueron por violencia psicológica
500 causas penales fueron archivadas por los jueces
Fuentes: Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.
Defensoría del Pueblo de la provincia.
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad.
Por Marcela Perticarari
Año tras año las cifras aumentan. Son números que representan vidas. Quizás sea porque la problemática se torna visible y más mujeres se animan a contar sobre el flagelo que las acosa, en muchos casos, a través de largos períodos de sus existencias. Entonces deciden que es el momento de salir en busca de una solución. O tal vez sea porque los mandatos del patriarcado parecen acentuarse y la violencia está naturalizada, dificultando desterrar los mitos y aquello de que “sólo se le fue un poco la mano”. Lo cierto es que la violencia doméstica, calificada por muchos especialistas como pandemia del siglo XXI, tiene una ley que ampara a las mujeres, pero más del 50% desconoce sus alcances.
A fines de julio de 2001 se aprobó el Decreto Nº 1.745 que reglamenta la ley de Protección contra la Violencia Familiar en nuestra provincia. Fue el fruto de casi dos años de trabajo interdisciplinario entre profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina.
Como contrapartida de la problemática que lleva a miles de mujeres al año a denunciar su situación en distintos estamentos, son varias las organizaciones que trabajan en el terreno para combatir la violencia. El Estado intenta hacerse eco mediante políticas públicas que contengan una visión de género.
El próximo miércoles se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1981, militantes por los derechos de la mujer conmemoran el 25 de noviembre el brutal asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, por orden de Rafael Trujillo. A pocos días de tan triste aniversario, es oportuno un recorrido por las iniciativas que buscan desterrar la violencia.
La semana pasada, el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad (Cesc) y el gobierno provincial firmaron un convenio para poner en marcha el Observatorio de Violencia de Género de la ciudad de Santa Fe, que fue propuesto por el propio Cesc con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
De la presentación participaron el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, y representantes de las entidades comprometidas en el proyecto: el Cesc, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la Dirección Provincial de las Mujeres de la provincia y ATE Santa Fe. También disertó, como invitada, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Las entidades comprometidas analizarán casos de violencia de género. Para ello, víctimas y funcionarios judiciales serán encuestados con el objeto de profundizar en la problemática y conocer de qué manera se trabaja esta problemática y qué respuesta se les da a las víctimas de la violencia de género.
ENTENDER EL PROBLEMA. “Uno de los datos más alarmantes de las encuestas que hicimos en Rosario es que las mujeres no conocen la ley 11.529 de Protección contra la Violencia Familiar. Este desconocimiento no les permite decidir o solicitar algunas medidas de protección. Queríamos ver el real acceso de las mujeres a la Justicia y nos encontramos con obstáculos que tienen que ver con cómo se entiende la problemática de la violencia, cuántas veces tienen que contar su situación las víctimas. Esto se conoce como la re-victimización”, comentó la fundadora del Cesc, Beatriz Fullone.
En nuestra ciudad se realizará el mismo relevamiento que en Rosario, con el apoyo de la ONG Palabras, de la Dirección Provincial de la Mujer y de un equipo interdisciplinario.
Durante la presentación del observatorio se hizo hincapié en la necesidad de una formación en perspectiva de género para hacer una lectura adecuada de una problemática compleja. “Sin esta perspectiva no se puede entender cómo es posible que una mujer vuelva con un hombre violento, aún después de haberlo denunciado. Esto está relacionado con cuestiones económicas, sociales, de salud, psicológicas, entre otras. Socialmente, la mujer tiene que cumplir el rol de madre, cuidar a su esposo y su casa; es decir, le corresponde el ámbito de lo privado. En cambio, al hombre se lo prepara para el afuera: que sea fuerte, luchador y proveedor. Entonces, la violencia familiar y de género quedan reducidas al ámbito de lo privado, pero es un problema público”, graficó Fullone.
Los resultados del observatorio deberán servir para diseñar políticas públicas que tengan en cuenta la perspectiva de género.
El ministro Pablo Farías declaró que “la firma del convenio significa un compromiso de los distintos entes que vienen trabajando la problemática de la violencia de género y, sobre todo, la violencia contra la mujer, que lamentablemente es uno de los flagelos más fuertes. Los casos en que son víctimas mujeres han ido en aumento y también los femicidios. Me parece que el convenio permitirá crear un gran foro de debate, de análisis y de seguimiento”.
Por ello, a partir de la información que genere el Observatorio de Violencia de Género se reforzarán algunas de las políticas que se llevan adelante desde la cartera y se implementarán nuevas medidas en el ámbito gubernamental y judicial. “En la provincia hay cuestiones que nos preocupan, como una cierta naturalización de estas situaciones. Es decir, socialmente se actúa con pasividad y no se identifica como una gran problemática. Aparece como algo natural, algo que pasa del otro lado de las puertas de las casas y que, por lo tanto, es una cuestión privada. Pero no es una cuestión meramente privada: todo lo que tenga que ver con la violencia tiene que preocuparnos y ocuparnos”, reflexionó Farías.
EL CESC Y SU OBSERVATORIO. El Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad fue creado en homenaje a Carlos Triglia, ex juez penal y acérrimo defensor de los derechos humanos. Fundado por Beatriz Fullone, el Cesc aborda principalmente problemáticas de la mujer y la familia desde una perspectiva de género, promoviendo el efectivo ejercicio de los derechos. Desde la organización se trabaja principalmente con las problemáticas actuales de la mujer y la familia, posibilitando alternativas y promoviendo el ejercicio de los derechos. Entre sus objetivos está el de trabajar con la comunidad para ir borrando las desigualdades de género. En lo cotidiano esa idea se concreta a través de múltiples actividades, entre ellas cursos sobre problemática de género y violencia familiar, jornadas de reflexión y capacitación, talleres y espacios para mujeres.
Institucionalmente, las acciones y proyectos del Cesc intentan fortalecer el vínculo con la comunidad, con los vecinos y organizaciones sociales, a fin de ser realmente una referencia para el abordaje de dichas problemáticas.
El Observatorio de Violencia Género está vinculado con el monitoreo de la ley Nº 11.529 de Violencia Familiar. Por ello, uno de sus horizontes es concretar un mapa de la situación tendiente a la erradicación de esta compleja problemática. “La idea es ver que no basta con la legislación, poder visualizar cuáles son y dónde están esas fallas, para plantear un trabajo articulado con los distintos estamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La meta es que realmente los derechos que expresa la ley se cumplan. Queremos que sirva de herramienta tanto a los poderes públicos como a nosotros”, explicó Fullone.
Durante una primera etapa se realizarán cuestionarios y se recabará información acerca de la ley de Violencia Familiar. El trabajo de campo es parte del proceso de investigación que tiende a obtener elementos de la realidad concreta, factibles de plasmar en las políticas públicas. “Luego de tener todo este corpus relevado, veremos qué cosas podemos pensar desde la sociedad civil y el Estado. Lo fundamental es que sea más accesible la cuestión de la violencia familiar en la justicia. Sabemos que todavía en nuestra provincia y en el país hay una gran deuda hacia la población que hace esas presentaciones, porque todavía no está implementada la especificidad para tratar este tema”, amplió la fundadora del Cesc.
En Rosario, la consulta se hizo entre 306 mujeres y de ese total se realizó un corte con 127 testimonios que brindan datos significativos: el primero de ellos se refiere a que las mujeres que llegan, y que en general sufren situaciones de violencia desde hace muchos años, son aquellas que han tenido o tienen menores posibilidades de acceso a la educación y a un trabajo calificado y con una remuneración acorde.
También se confirmó que las mujeres que tienen mayores posibilidades económicas contratan abogados y se presentan en los tribunales de Familia. La edad promedio de quienes recurren a la Justicia es de entre los 25 y 39 años, el 25% son amas de casa, otro 21% están desocupadas, un 20,5% forman parte del gran número de trabajadoras no registradas y un 20% cobra planes sociales.
Desde la ONG Palabras, Mabel Busaniche rescató el trabajo posterior: “Después de concluir esta experiencia del observatorio tenemos que hacer mesas de diálogo para intercambiar generosamente distintas propuestas”. Finalmente, opinó que las organizaciones sociales están fragmentadas, por lo que hay que buscar estrategias comunes para dirigirse a los medios, al Estado y a la Justicia.
EL DERECHO HUMANO. Rosa Acosta, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, recordó los tipos de violencia más comunes que sufren las mujeres: física, psíquica, sexual y económica. “La ley 11.529 marca los diferentes estamentos que deben hacerse cargo del problema que sufre la mujer cuando se le violan sus derechos, su dignidad y su integridad. Esa ley nos permitió tener un marco, pero el observatorio está mostrando desde 1997 cuáles son las falencias que las mujeres ven en el Poder Judicial, porque una ley no hace magia: es un camino para que aquella que tiene un problema pueda acudir a un lugar. Tanto el Poder Ejecutivo como Judicial tienen que tomar el caso cuando una mujer manifiesta que es víctima de violencia”.
“Los derechos humanos sin justicia no podrían existir. La justicia en sí son los derechos humanos”, definió Acosta. “Necesitamos un sistema para ver cómo las políticas públicas se aplican con una perspectiva de género. En este sentido, diseñamos el organigrama político-institucional de forma tal de dar cabida a esta perspectiva de género en todos los programas y acciones que lleva adelante la Secretaría para monitorear las políticas de otras jurisdicciones del Poder Ejecutivo y Legislativo”. La funcionaria también señaló la necesidad de generar programas que prevengan la violencia “para llegar antes de que las mujeres necesiten asistencia”.
Por su parte, la defensora adjunta del pueblo zona norte, Liliana Loyola, sentenció: “Estamos hablando del derecho a una vida libre de violencia. Todos tenemos ese derecho por igual. Y cuando se viola un derecho humano, se viola por la acción del violento pero también se viola por la omisión de las políticas que tienen que resolver estas acciones violentas”.
Loyola argumentó que la violencia de género es un entrecruzamiento entre la vulnerabilidad social y los factores de riesgo para que una persona sea víctima de violencia: “Si bien la violencia de género atraviesa todas las capas sociales, no todos los sectores sociales tienen los mismos recursos para recurrir a estamentos judiciales y al tratamiento para la víctima. Por eso es fundamental este mapa que hará el observatorio para saber hasta dónde vamos a definir las políticas de Estado”.
La funcionaria recordó que la Defensoría del Pueblo cuenta con un Centro de Atención a la Víctima “que nos permite estar en contacto permanente con este padecimiento”. En los últimos años, el centro atendió más de 8.500 casos de víctimas de violencia de género. “Allí no se hacen solamente consultas sino que se atiende, se acompaña a una persona a reestructurarse a sí misma para poder enfrentar esta situación que la ha destruido íntima, física y psíquicamente, y eso lleva mucho tiempo”, contó la defensora.
En toda la provincia no hay más que cinco centros de atención, ubicados en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. En este punto se encuentra uno de los obstáculos más importantes en lo que refiere a la llegada a las víctimas: “Más nos alejamos de esas ciudades, más desprotegidas encontramos a las mujeres: tienen menos accesibilidad al Poder Judicial y a la Policía”, admitió Loyola. En esta línea, objetó a la burocracia “ya que en algunos casos las mujeres que han sido víctimas de maltratos tienen que esperar horas hasta que los fiscales autoricen su estadía en un albergue. Ahí llegan las mujeres que se animaron a llegar, a veces no tienen plata para pagar el colectivo. Sabemos que es gente que tiene su vida en riesgo. Por eso, desde el equipo interdisciplinario nos propusimos trabajar sobre la visibilización, porque la violencia de género es invisible y la visibilización no se logra mediante un decreto o por una ley, sino con el trabajo”.
EL TRABAJO EN LA PROVINCIA. María Rosa Ameduri, directora provincial de las Mujeres –área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social– destacó la importancia de tener un espacio de observación sobre los hechos que ocurren y las formas en que se abordan. “Vemos en distintas estadísticas las características de la población que llega y la forma en que es atendida, cuántos hijos tiene, cuántos años de convivencia llevan juntos... Los números son un completo devenir. Esto no es un simple listado de cifras, sino que lleva un análisis, una reflexión y una puesta en común para ver cómo dirigir las políticas de Estado. El mayor desafío que tenemos es poder aunar los datos en un registro único. El observatorio está recabando la cantidad de denuncias hechas en las comisarías y en la Defensoría del Pueblo, más los datos recabados por Derechos Humanos, más las causas que llegan a Tribunales. Buscamos trabajar fuertemente con las fiscalías en cada pueblo. Es un trabajo lento, con muchos retrocesos y pocos avances, pero estamos dispuestas a llevarlo adelante. Eso nos va a dar la posibilidad de ver la realidad clara y concreta”.
“Todos y todas tenemos que tomar conciencia de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Si todos lo entendieran sería mucho más sencillo llevarlo adelante”, concluyó Ameduri.
NUEVA OFICINA. Días pasados, la Justicia santafesina firmó un convenio con la Corte Suprema de la Nación para implementar en la provincia una oficina similar a la que recibe denuncias de violencia doméstica en la ciudad de Buenos Aires. María Angélica Gastaldi, ministra de la Corte de Santa Fe, informó que “la Corte nacional tiene interés en fomentar un sistema como el que exige el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés)”, que pone énfasis en el seguimiento estadístico, la ubicación de tipos de casos y la jurisprudencia. Según la ministra, lo más importante del proyecto es que “busca empoderar a las mujeres, que es la única forma de evitar la victimización. Es un planteo democrático que tiene que ver con el acceso a la justicia”.
Gastaldi subrayó: “Hay que mirar todas las formas de violencia contra la mujer. Puede aparecer como victimaria y que eso sea la eclosión de una violencia previa: el 70% de las detenidas por delitos graves los cometieron al explotar situaciones de violencia extrema. He visto jueces que tenían a la vista a víctimas de los más atroces daños físicos y psíquicos y aún así pasaban inadvertidas. También los jueces aplican el debido proceso y es cierto que en relaciones afectivas y de apego es difícil desentrañar la prueba, pero a veces aparecen los estereotipos. como en casos en los que dicen: ‘Bueno, le pegaba y se le fue la mano’, cuando el hombre termina degollando a la mujer”.
Durante el seminario Ciudades Libres de Discriminación, llevado a cabo por el Inadi en agosto, Ameduri trazó el panorama de las cinco regiones que componen la provincia. “Tratar de hablar de todas las realidades de la provincia es bastante difícil porque tenemos diferencias sustanciales entre una y otra localidad. La realidad no es la misma en el norte que en el sur”, reconoció. No obstante, sostuvo: “Si uno piensa cómo viven las mujeres frente a las distintas realidades, vemos que es sustancialmente diferente para una mujer de Venado Tuerto encarar el tema laboral que para una mujer de Reconquista, que tiene que luchar día a día para conseguir agua, por ejemplo. Las realidades son distintas, pero las iguala la discriminación por el simple hecho de ser mujer”.
LOS NÚMEROS DE LA AGRESIÓN. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió en un año 6.746 denuncias y detectó 8.354 personas que sufrieron maltratos familiares, el 82% de las cuales son mujeres.
A un año de inaugurada la oficina, la vicepresidenta de la Corte, Elena Higthon de Nolasco, afirmó que “para derribar ciertos mitos, como el de que la violencia doméstica siempre es cosa de ignorantes o pobres, el nivel de estudios que tienen los varones y mujeres denunciadas es secundario, completo o incompleto”.
Respecto al tipo de violencia, se observa que un 89% corresponde a violencia psicológica, 68% física, 30% económica y 14% sexual, pudiendo cada caso estar afectado por más de un tipo, como se puede deducir de los guarismos.
Del total de denuncias efectuadas entre septiembre de 2008 al mismo mes de 2009, 4.907 expedientes fueron derivados al fuero civil, mientras que en 3.382 casos se dio intervención al penal, ya que un legajo puede ser derivado a dos fueros.
La Oficina de Violencia Doméstica realiza un informe de riesgo para la víctima en el mismo momento de la denuncia, con constatación de lesiones físicas y la disposición eventual de medidas cautelares, así como de un policía de consigna si se establece la restricción al agresor de permanencia en el hogar.
Si bien la oficina permanece abierta las 24 horas, la mayor parte de las mujeres van los lunes y martes, porque les resulta más difícil justificar una salida el fin de semana de su casa.
Unas 500 causas penales fueron archivadas por los jueces, que no toman en cuenta casos que puntualmente pueden aparecer pequeños. “Nos preocupa que se archiven porque queremos que se siga investigando para que no haya minimización de la violencia doméstica, donde el círculo violento va y viene, y puede terminar en homicidio”, concluyó la jueza Higthon de Nolasco.
El alerta está planteado.
EN CIFRAS
6.746 denuncias recibió la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último año
82 mujeres murieron en lo que va de 2009 víctimas de femicidios
22-39 es la franja etaria promedio que más casos de maltratos denunció en ese mismo período
89% de las denuncias fueron por violencia psicológica
500 causas penales fueron archivadas por los jueces
Fuentes: Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.
Defensoría del Pueblo de la provincia.
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad.
sábado, 21 de noviembre de 2009
Pausa #49
Nota de tapa
EL MACHISMO EN ACCIÓN.
Desde su apertura, el centro de atención a la víctima de la Defensoría del Pueblo atendió 8.500 casos
El trabajo conjunto entre el Estado y las ONG permitió hacer visible un problema que en el imaginario aparece como “privado” y que, sin embargo, debería comprometer a la sociedad toda: la violencia de género. En Santa Fe funcionará un observatorio cuyo primer objetivo será realizar un mapa de la situación en la ciudad. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia insisten en la necesidad de generar programas preventivos para poder actuar “antes de que las mujeres necesiten asistencia”. Estudios recientes indican que el 82% de las denuncias por maltratos familiares son realizadas por mujeres.
TAMBIÉN EN ESTA EDICIÓN
Retruco en el Senado
La Cámara Alta se dispone a aprobar el proyecto de unión civil pero con cambios. Así, el trámite legislativo volvería a empezar y la sanción definitiva de la ley se seguirá dilatando. Las razones “naturales” de un senador del PJ.
Un debate reciclado
El traslado del relleno sanitario y la erradicación de basurales a cielo abierto aparecen como prioridades de la ciudad, más allá del color político de los protagonistas. Las nuevas disposiciones del Concejo y el caso de Playa Norte.
Andrés Calamaro en Santa Fe
La ciudad se prepara para el histórico show del cantante. Breve repaso de una carrera única.
ADEMÁS
- Tres artículos de opinión: la recuperación de la Esma, una mirada sobre la salud mental y la reforma político-electoral que se avecina.
- Deportes: la nueva camada de técnicos, bajo la lupa de Gastón Chansard.
- Y, como siempre, noticias, humor y la más completa agenda cultural.
Próxima edición: viernes 4 de diciembre
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Toda certeza es delirante
Por Adrián Brecha
Hay que estar seguros, no importa de que ni para que. El tema de ahora y siempre será la “inseguridad”. No importa que en el país la gente muera más por accidentes de transito que por delitos. “Hace falta mano dura”, se escucha en la voz del taxista siempre tan amigo de las medidas garantistas; “Más policía” pide la vecina de Candioti dejando su mensaje grabado en un programa mañanero de AM; “Más patrulleros” reclama el viejo de la esquina. Más “complejos” penitenciarios, más cámaras para que nos vigilemos, más GPS para saber dónde esta cada patrullero, más, cada día más, canta Valeria Lynch.
Los argentinos vemos unas 1500 horas de televisión al año, según datos de una encuesta realizada por una universidad que auspicia a Los Simpsons. Parecería que en la TV hay muchos más robos, asaltos y crímenes que en la mismísima calle, por lo cual, si uno usara el mismo razonamiento que algunos programas, sería mucho más seguro salir a la calle que mirar televisión, donde roban a todos y todas a cada momento, sobre todo a la hora del noticiero, o cada media hora cuando se anuncian los titulares.
La semana pasada los legisladores provinciales dieron muestras de cómo se mide el termómetro y aprobaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de seguridad pública en el ámbito de toda la provincia y por el término de un año. La norma busca “proteger integralmente la vida y los bienes de las personas”, y comprende aspectos organizativos, funcionales y operativos del sistema de seguridad. Prevé aplicar programas para “atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en los sectores más vulnerables”; y programas de vinculación y coordinación con municipios y comunas. También contempla la creación de juzgados comunales y oficinas del Registro Civil para la recepción de todo tipo de denuncias.
El proyecto de ley prevé la instrumentación de un novedoso sistema de buzones en las oficinas del Registro Civil para la recepción de denuncias, cuando no se trate de un delito penal. Serán abiertos al menos una vez por mes por el responsable de la oficina con dos testigos y contaran con la locución de Jorge Formento.
A este proyecto le queremos sumar una idea que venimos pensando hace algún tiempo. Lleva por nombre “Programa de adopción policial”. El programa es muy simple: cada familia santafesina debería adoptar a un/a agente policial en su seno familiar. De esta manera se evitaría la construcción de nuevas comisarías y las familias estarían muchísimo más seguras. Además reforzaría los lazos de la comunidad con la azul institución.
Hay que estar seguros, no importa de que ni para que. El tema de ahora y siempre será la “inseguridad”. No importa que en el país la gente muera más por accidentes de transito que por delitos. “Hace falta mano dura”, se escucha en la voz del taxista siempre tan amigo de las medidas garantistas; “Más policía” pide la vecina de Candioti dejando su mensaje grabado en un programa mañanero de AM; “Más patrulleros” reclama el viejo de la esquina. Más “complejos” penitenciarios, más cámaras para que nos vigilemos, más GPS para saber dónde esta cada patrullero, más, cada día más, canta Valeria Lynch.
Los argentinos vemos unas 1500 horas de televisión al año, según datos de una encuesta realizada por una universidad que auspicia a Los Simpsons. Parecería que en la TV hay muchos más robos, asaltos y crímenes que en la mismísima calle, por lo cual, si uno usara el mismo razonamiento que algunos programas, sería mucho más seguro salir a la calle que mirar televisión, donde roban a todos y todas a cada momento, sobre todo a la hora del noticiero, o cada media hora cuando se anuncian los titulares.
La semana pasada los legisladores provinciales dieron muestras de cómo se mide el termómetro y aprobaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de seguridad pública en el ámbito de toda la provincia y por el término de un año. La norma busca “proteger integralmente la vida y los bienes de las personas”, y comprende aspectos organizativos, funcionales y operativos del sistema de seguridad. Prevé aplicar programas para “atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en los sectores más vulnerables”; y programas de vinculación y coordinación con municipios y comunas. También contempla la creación de juzgados comunales y oficinas del Registro Civil para la recepción de todo tipo de denuncias.
El proyecto de ley prevé la instrumentación de un novedoso sistema de buzones en las oficinas del Registro Civil para la recepción de denuncias, cuando no se trate de un delito penal. Serán abiertos al menos una vez por mes por el responsable de la oficina con dos testigos y contaran con la locución de Jorge Formento.
A este proyecto le queremos sumar una idea que venimos pensando hace algún tiempo. Lleva por nombre “Programa de adopción policial”. El programa es muy simple: cada familia santafesina debería adoptar a un/a agente policial en su seno familiar. De esta manera se evitaría la construcción de nuevas comisarías y las familias estarían muchísimo más seguras. Además reforzaría los lazos de la comunidad con la azul institución.
viernes, 13 de noviembre de 2009
El grito que viene desde las tripas
Las organizaciones sociales indican que cada día mueren 25 niños de hambre. Para revertir esa realidad desalentadora, el Movimiento Los Chicos del Pueblo realizó una nueva marcha. Las cifras de un flagelo nacional, la realidad en la ciudad y la voz de los referentes de las ONG más comprometidas.
Por Sergio Ferreyra
La deuda con los más chicos es común a todos los distritos del país. De ahí la necesidad de los movimientos sociales comprometidos con la niñez de realizar una marcha nacional para denunciar el alarmante grado de desnutrición. El gobierno nacional reconoció este reclamo y lanzó un plan para que los hijos de desocupados o de trabajadores en negro reciban $180 mensuales cada uno. Además, en la provincia se implementan varios planes destinados a paliar la falta de alimentos: el Nutrir Más, que tiene cerca de 11.500 beneficiarios, el Plan Alimentario que llega a 177 mil beneficiarios y el programa “Complemento Nutritivo Alimentario que lleva 81.500 raciones a los que lo necesitan. A estos datos, se suma el relevamiento sobre registros oficiales que realizó un concejal local.
LA VISIBILIZACIÓN DEL HAMBRE. El grito del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo llegó nuevamente a Santa Fe: “El hambre es un crimen, ni un pibe menos” volvieron a exclamar el viernes pasado muchas voces infantiles, mezcladas con las de los adultos que militan día a día para revertir la grave situación de falta de alimento para los más chicos.
El escenario fueron las calles santafesinas, desde el Parque Alberdi hasta la Plaza de Mayo, con una escala previa en el Tribunal Oral Federal, donde se lleva a cabo el juicio a los represores que actuaron en Santa Fe durante la última dictadura. La manifestación arribó a la ciudad justo un día después de un anuncio clave de la presidenta: la asignación de $180 mensuales por hijo a los trabajadores en negro o desocupados como subsidio. Los principales referentes de la marcha tomaron postura sobre el tema y dijeron que se trata de una conquista de su lucha, que es sólo un paso y que todavía falta mucho.
Por su parte, el miércoles pasado los gobernadores y ministros de las provincias mantuvieron una reunión con la presidenta para interiorizarse sobre los alcances de la medida. En la provincia de Santa Fe, se estima que el subsidio alcanzará a 380 mil niños y adolescentes y en la ciudad a 50 mil.
En este contexto, el sociólogo y creador del movimiento Pelota de Trapo, Alberto Morlachetti, dijo: “Este es el reclamo que hacemos en todo el país, Santa Fe siempre es un hito para nosotros. Las que realizamos aquí siempre son marchas llenas de ternura. Seguimos reclamando fuertemente que el hambre es un crimen. No hay estadísticas, pero sabemos que mueren 25 chicos por día de una forma evitable”.
Después del arribo de la principal columna de la Marcha de los Chicos del Pueblo a la Plaza de Mayo, una niña llamada Guadalupe fue la primera en subir al escenario y dijo: “Los pibes son de todos” y cantó “olelé olalá el hambre es un crimen, lo vamos a parar”. La acción desató la algarabía y la inmediata aprobación de los asistentes a la plaza.
Al costado del escenario, Morlachetti agregó: “El país empezó a visibilizar el hambre a partir de nuestras marchas, antes ni siquiera se advertía, tal es así que denunciarlo era peligroso. Actualmente, en todas partes se reclama pero se hace muy poco para erradicar este flagelo que hiere nuestra dignidad y sobre todo la de los niños. Habrá que cambiarlo”.
Lejos de sacarle el cuerpo a la militancia y con el claro reconocimiento de la deuda actual con los niños, Celina Koffman, Madre de Plaza de Mayo e ícono de la resistencia, dijo en el Parque Alberdi, antes de marchar: “El hambre se acentuó, el índice de pobreza e indigencia aumenta en forma alarmante, se está mutilando a nuestra niñez, este es el segundo genocidio que se está dando. Los niños no son un material renovable, o se los atiende ahora y se dictan políticas de Estado para protegerlos o se continúa con esta campaña electoral permanente”.
EL COLOR DE LA MARCHA. A su turno, desde el escenario montado en la Plaza de Mayo, la CTA Santa Fe se hizo presente. Diego Cardozo, representante del gremio sostuvo: “Los chicos no son de la calle, los chicos son del pueblo, de sus padres, de los maestros, de los trabajadores que militan en los barrios avanzando hacia una sociedad más justa”.
También habló otra niña, proveniente Buenos Aires, y que es parte del movimiento Pelota de Trapo. Pidió por una infancia en la cual “no haya que preocuparse por la comida, en la que no haya que trabajar o preocuparse por el gatillo fácil, por el hambre que mata, que nos deja sin futuro. El hambre es un crimen, no queremos ni un pibe menos, que nos devuelvan la esperanza, la sonrisa y la ternura, no queremos ni un pibe menos que no coma o que no vaya a la escuela o que sea violado, queremos un futuro pero no cualquier futuro”.
QUÉ SE HACE EN LA PROVINCIA. En Santa Fe, hay en funcionamiento programas destinados a paliar la desnutrición desde diferentes ángulos. Nutrir Más es uno de ellos, que abarca toda la provincia y apunta directamente a la recuperación del niño en riesgo nutricional. Adrián Diserio (Director provincial de Asistencia Crítica de pendiente del Ministerio de Desarrollo Social) dijo a Pausa: “El tope histórico se ubica en 11.500 beneficiarios financiados por la Nación”, divididos entre los que presentan riesgos nutricionales y los celíacos. Desde septiembre de 2008 había 9550 beneficiarios con riesgo nutricional y en septiembre de 2009 se llegó a 9800, lo que muestra un incremento de alrededor de 300 personas. En el caso de los celíacos, desde septiembre de 2008 al mismo mes de 2009 se mantuvieron las prestaciones en 1450 aproximadamente.
A través de este programa, las madres –cuyos niños necesitan un refuerzo nutricional– reciben una chequera con tickets por un total de $50, y no tiene cupo específico. Aquellas situaciones que los médicos detectan como una situación de riesgo nutricional se derivan al programa. El mismo establece que debe haber controles médicos para ser beneficiarios. Como contraprestación las madres deben asistir a distintos talleres sobre educación nutricional, controles mensuales, cuidados infantiles, hábitos alimentarios y manejo higiénico de los alimentos.
El ingreso a este programa es irrestricto, cualquier niño menor de 6 años, que cumpla con los criterios de inclusión (básicamente encontrarse dentro de los parámetros de desnutrición aguda, y/o riesgo nutricional y haber sido detectado por un efector de salud: municipal, provincial, nacional o bien a través de una ONG) es dado de alta en el padrón. “Esta es una de las diferencias que nosotros tenemos con salud, ellos te pueden decir que disminuyó la desnutrición, pero el número de nuestros padrones sigue siendo el mismo. Esto se debe a que nosotros consideramos no sólo la desnutrición sino también el riesgo nutricional”, destacó Diserio.
La provincia cuenta, además, con un Plan Alimentario que tiene en la actualidad 177 mil beneficiarios. Para este programa sí existe un cupo, que debe respetarse y es manejado directamente por los municipios y las comunas. Según los números oficiales, Santa Fe es la provincia que más fondos paga a sus beneficiarios en prestación de planes alimentarios.
“En Santa Fe la oferta alimentaria es amplia y muy variada, no debería haber problemas de olla y de desnutrición, en cada lugar hay reparto de víveres. Algo difícil de superar es que, como la gente perdió la costumbre de comer en su hogar, asiste diariamente a los comedores comunitarios. Esto está visto como un problema social y no como un problema de nutrición. En muchos casos la violencia familiar es lo que desata estas acciones”, dijo Adrián Diserio. El funcionario también evaluó: “En estos casos la ayuda de los municipios debería ser más cualitativa que cuantitativa, las familias requieren un apoyo constante en la crianza, estimulación, en la educación, porque el niño que tiene un problema de alimentación tiene un problema a futuro”.
OTROS PROGRAMAS. Existe también el plan denominado “Complemento Nutritivo Alimentario”, que es impulsado por el gobierno provincial. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad social de nuestra ciudad, en lo que refiere a la alimentación.
El programa, a cargo específicamente del Ministerio de Desarrollo Social, proveyó durante los primeros seis meses de instrumentación aproximadamente 81.500 raciones de alimentos producidos por la Planta de Alimentos Nutritivos de la Universidad Nacional del Litoral, a veinte comedores comunitarios de Santa Fe.
La implementación de este programa se enmarcó en la campaña de regularización y optimización de los servicios prestados por comedores comunitarios y copas de leche, que en estos días lanzó la cartera social.
LA ASIGNACIÓN, UNA CONQUISTA. La Marcha de los Chicos del Pueblo llegó a Santa Fe un día después de que la presidenta anunciara la entrada en vigencia de un programa para otorgar una suma de dinero a los menores de 18 años, hijos de padres desocupados o de trabajadores en negro –en un ajuste reciente, también se incorporaron las empleadas domésticas. La decisión despertó un revuelo generalizado.
Consultado sobre esta medida, Alberto Morlachetti le dijo a Pausa: “La asignación universal por hijo es limitativa, pero reconoce el hambre de manera oficial. No erradica el problema pero es el comienzo para hacerlo. No soy oficialista, está claro, pero pienso de esa forma. Lo que veo es que este gesto es una constatación, pero no por una graciosa concesión del gobierno, sino porque son los chicos los que le arrancaron a este gobierno la asignación”.
Por su parte, Celina Koffman opinó: “Hemos sentido un pequeño alivio con la asignación universal de $180, esperamos que sea realmente utilizado para los niños sin ningún interés político o electoral, que sea un paso adelante; tenemos la esperanza de que así lo sea, es una manera de empezar a erradicar el hambre. A este país le sobran las soluciones para erradicar el hambre, sobran las madres, sobran corazones, sobra amor, pero falta decisión política”.
Luciano Candioti, representante de la Asociación Juanito Laguna, y uno de los organizadores locales de la llegada de la Marcha a Santa Fe reflexionó: “La asignación de $180 por hijo no es una bondad de la señora presidenta, sino que es una conquista, algo que arrancó de las organizaciones populares: es un punto que venimos planteando desde 1997, como tantas otras organizaciones. Lo que sí decimos es que la cifra es irrisoria y no sirve para nada porque uno tiene que tomar como media la canasta básica. En nuestros barrios el promedio de chicos por casa es de cuatro chicos, con esta cifra ni siquiera se llega a la canasta de indigencia”.
HAY QUE APRENDER LA CONSIGNA. Ante la dura batalla contra el hambre que plantea el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, Morlachetti concluyó esperanzado y optimista, en que “se ganó parte del imaginario. ‘El hambre es un crimen’ es parte de una consigna que en el último tiempo se aprendió, pero los colectivos sociales continúan muy fragmentados. El desafío pasa por juntar los pedacitos de sueños y marchar hacia un rechazo a esta situación que nos dignifique a todos: el hambre no puede existir en la Argentina, porque es un país demasiado rico, es uno de los principales productores de alimentos. Hay que erradicar el hambre definitivamente, no es una cuestión de dinero, es una decisión política”.
Casi con la misma impronta, Celina Koffman opinó: “En cada amanecer se nos mueren 25 niños, pero creo que si perdemos la esperanza perdemos todo. Hay que seguir luchando, hay que seguir comprometiéndose, exigiendo a los políticos y sabiendo a quién se vota. El hambre es un crimen y hay que erradicarlo”.
Luciano Candioti, por su parte, fue al grano: “Nosotros en nuestros hogares, en nuestras imprentas y en nuestros emprendimientos productivos apoyamos y acompañamos el proyecto de vida de los niños, guardamos su primer diente de leche, su primera fotografía. Cuando los chicos te dicen que ellos deben vivir a través del fruto del trabajo de sus padres, hacen un planteo político profundísimo. Tenemos que hacernos cargo de esto nuevamente, para construirles a los pibes una sociedad y un futuro mejor”.
LOS NÚMEROS FAMÉLICOS. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada el año pasado dice que Santa Fe cuenta que el 4,7% de los niños está con bajo peso; 6,3% con desnutrición crónica; 1,2% de desnutrición aguda; 8,6% de obesidad. Según estos datos, la provincia de Santa Fe encabeza la nómina de porcentajes de niños con desnutrición crónica del país, y, también, la de niños con obesidad –un serio trastorno de alimentación–, en la franja entre los 6 meses y los siete años (edad de formación infantil, según especialistas).
En nuestra ciudad, el concejal del Frente para la Victoria Luciano Leiva hizo un relevamiento y un informe presentado el año pasado en el recinto. El trabajo sostiene: “el primer inconveniente que se presenta al iniciar cualquier investigación de tipo empírica es el del acceso a la información veraz. En nuestro caso, costó conseguir información centralizada, con una sola metodología de recolección, que permitiera establecer estadísticas y el posterior análisis de su evolución por cohortes. No existe, o no está a disposición pública, en el Ministerio de Salud ni en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Menos aún en las áreas de incumbencia municipales”.
El informe del edil justicialista dice: “un chico que en la primera infancia (0-6 años) sufre la desnutrición pierde toda oportunidad de desarrollo normal de sus capacidades físicas e intelectuales, tiene problemas de talla y de peso. El segundo puede ser recuperado con una buena alimentación pero la talla no se recupera ni se compensa. Aparecen las anemias ocultas que, también, se pueden convertir en crónicas”.
El trabajo subraya también que a las nefastas consecuencias en la salud física y la imposibilidad de un desarrollo corporal normal, se suman los daños irreversibles del orden intelectual: “No se trata sólo de retrasos madurativos que se observan en los primeros grados de la escuela primaria, y que impiden que los niños desnutridos aprendan lo que el sistema educativo incluye en la currícula para esos primeros años de escolarización. En estas circunstancias, los notables índices de deserción y desgranamiento consecuentes se convierten en emergentes notables. Si se tratara sólo de una mora madurativa, sería cuestión de dar otros tiempos a estos niños para el logro de objetivos cognitivos. Pero en la mayoría de los casos no se trata de eso”.
El relevamiento incluido en el informe del concejal Leiva, incluye un detallado mapa de situación alimenticia en relación con el lugar de residencia de los menores: “La desnutrición, con mayor o menor índice, abarca todos los barrios de la ciudad de Santa Fe, situados por fuera de avenidas o bulevares troncales”. “Los datos que se poseen son los de los chicos que pasaron por el sistema público de salud. Quedan excluidos de estos registros los chicos cuyos padres poseen alguna obra social y acceden a la medicina privada, y los chicos que no fueron atendidos ni en el sector público ni privado. Universo que debería buscarse en la población santafesina viviendo en la indigencia”.
LA ESCUELA TAMBIÉN ESTÁ DESNUTRIDA. El detalle del informe muestra que en el Centro del Área Programática de Salud (CAPs) de Mendoza Oeste se registraron 148 casos de chicos afectados. Muy cerca de allí, la Escuela Nº 809 (Mendoza 4300), se observa un desgranamiento –diferencia generada entre los alumnos que ingresaron y los que egresaron– del 48,72% entre la matrícula de Primer Grado y la del Séptimo Grado. A cuadras de aquélla, la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 601, mostró un porcentaje mayor: 75,29%, pero contempló hasta la finalización del Ciclo Polimodal.
El CAPs de Barrio San Lorenzo, registró 280 chicos afectados, mientras que la Escuela Nº 570 (Entre Ríos 3600), exhibió un desgranamiento del 30,38%, con el agravante de que el sistema educativo no ofrece, en el área de cobertura, ningún otro servicio de educación pública secundaria común o técnica.
En este caso, vale la pena retomar el concepto de Ariel Diserio acerca de la costumbre de las familias de asistir al comedor escolar o comunitario en lugar de cocinar en sus casas. El informe de Leiva coincide en parte con este concepto, aunque también ensaya una crítica en el modo en el que el Estado atiende estas urgencias: “el Estado liberal se desentiende del problema. Le devuelve la responsabilidad a la familia. Pero estas familias (segunda o tercera generación viviendo en la pobreza cuando no en la indigencia, que se alimentaron en comedores comunitarios o escolares), no tienen los instrumentos educativos, culturales y sociales que le permitan entender que el problema es más grave de lo que ellas mismas creen, porque en realidad ellas sobrevivieron en las mismas condiciones en las que hoy lo hacen sus hijos”.
EN LA CIUDAD
San Lorenzo: 280
Santa Rosa de Lima: 199
Alto Verde: 143
Varadero Sarsotti: 61
Chalet: 43
Centenario: 37
San Jerónimo: 21
Total de casos de niños desnutridos atendidos en los centros de salud de área programática del Hospital Cullen, correspondientes a barrios del sudoeste . Las cifras fueron obtenidas en un relevamiento realizado en agosto de 2008.
También se relevaron las atenciones registradas en el Hospital Sayago, correspondientes a los barrios del noroeste de la ciudad: San Martín de Porres (54), Las Delicias (45) y Nueva Pompeya (42) encabezan el listado, con la salvedad de que faltan los datos de Las Flores II y Villa Hipódromo.Fuente: equipo de investigación del concejal Luciano Leiva
lunes, 9 de noviembre de 2009
Entre el fin y el comienzo del comunismo
Por Luciano Alonso (*)
Según un viejo chiste ruso, en plena apertura tras la muerte de Stalin su sucesor Nikita Krushev da un discurso y dice: “Camaradas: en el horizonte se avizora el comunismo”. Un obrero le pregunta: “¿Qué es el horizonte, camarada Krushev?” y éste le responde “Buscalo en el diccionario”. Al volver a casa el obrero revisa el diccionario y encuentra: “Horizonte: línea imaginaria que separa el cielo de la tierra y que se aleja a medida que nos acercamos a ella”.
Esa anécdota fantástica resume tanto la realidad de los estados comunistas del siglo XX como las perspectivas de que la palabra “comunismo” siga proponiendo algo. Veinte años después de la desestructuración del bloque soviético y de la caída de los regímenes de partido único en Europa centro-oriental –prolegómenos de la desarticulación de la propia URSS en los dos años siguientes– la experiencia comunista sigue pesando como el más tremendo lastre sobre todas las posibilidades de pensar sociedades post-capitalistas. ¿Es que la “caída del Muro de Berlín” produjo un mundo unidimensional, inevitablemente capitalista? ¿Es que eso que se cayó era al menos una imagen de la sociedad emancipada, del “verdadero reino de la libertad” del que hablaban los fundadores del marxismo? ¿Es que el comunismo como concepto está vinculado necesariamente a las nociones de control totalitario y administración estatal? Los discursos neoliberales y neoconservadores convalidan con una respuesta positiva a todas esas preguntas, en una continuidad lógica con los enunciados “occidentales y cristianos” de la Guerra Fría. Pensar una alternativa a ese discurso dominante, instalado en los cerebros como un sentido común ineludible, supone construir colectivamente una verdad más ajustada a lo acontecido, menos arbitraria y al mismo tiempo abierta al futuro.
La caída del comunismo como proyecto social no se produjo el 9 de noviembre de 1989. Tampoco se puede fechar en el fallido experimento de apertura política y reforma económica de Mikhail Gorbachov en 1985-1991. En rigor, el proyecto comunista se perdió en algún momento impreciso de la historia rusa y sólo esporádicamente asomó en otras experiencias revolucionarias. Quizá murió en 1918 cuando los bolcheviques anularon la Asamblea Constituyente en la que tenían mayoría los social-revolucionarios. O cuando en 1921 el Ejército Rojo reprimió el levantamiento de los marinos de Kronstadt, que pretendían construir un poder popular que llevara más lejos la propia revolución. O hacia 1925-1929 con la estructuración de las formas de dominación que se conocerían como estalinismo. O incluso cuando la “revolución desde arriba” de Stalin impuso el terror sobre los mismos miembros del partido, afianzó el modelo totalitario y provocó un genocidio en regiones como Ucrania.
En un punto de ese proceso los imperativos de la lucha contra la reacción y las agresiones exteriores dieron paso a la construcción de una sociedad que podemos llamar de distintas maneras (comunista, soviética, socialista burocrática, etc.) pero que fue la antítesis de una democracia de productores y consumidores libremente asociados y colectivamente organizados. Sólo fenómenos monstruosos como la crisis capitalista de 1930 y la posibilidad cierta de la dominación mundial capitalista-totalitaria encarnada en el nazismo alemán y en el fascismo japonés pudieron ocultar esa patente discrepancia. Eso, unido a la ceguera de muchos militantes e intelectuales, a la hipocresía de muchos dirigentes y al poder simbólico que emanaba del tremendo sacrificio del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial. El comunismo como proyecto emancipatorio siempre estaría más allá –y en contra– de la realidad del sistema comunista.
Lo que vino después fue simplemente el rol de la URSS como potencia mundial, en una puja desigual con el capitalismo estadounidense por el control de espacios estratégicos, y el recurso a modelos similares –nunca idénticos– por parte de países en vías de liberación nacional. Si bien la lucha de clases se planteó cada vez más en un escenario mundial, las clases dominantes de los estados comunistas (burocracias o nomenklaturas) jugaron sus propias apuestas a favor de un orden que les garantizara la continuidad en el poder y los beneficios que se derivaban de ello. Ese poder que les facilitaría reconvertirse en prósperos propietarios, gerentes o políticos del nuevo orden capitalista semiperiférico cuando el sistema soviético colapsara. Ya desde mucho antes de 1989 habían aprendido a integrarse de una u otra manera al mundo capitalista, especialmente en el mercado financiero y de materias primas.
En ese marco, la caída del Muro fue simplemente el acontecimiento-símbolo del reordenamiento geopolítico en beneficio de los estados centrales de la economía-mundo, que muestra de la incapacidad de los estados soviéticos para competir en el plano de la concentración de capital. Pero además fue un acontecimiento espectacular en el sentido profundo de la palabra; tanto evento transmitido con un formato mass-mediático como ejemplo de la dominación tecno-estética propia del capitalismo avanzado. Los actores de esa fractura, los que pusieron el cuerpo en las manifestaciones callejeras contra la burocracia alemana oriental y que en su gran mayoría luchaban por un socialismo democrático que no dejara atrás las conquistas sociales que el sistema soviético todavía mantenía, fueron absolutamente invisibilizados. La posibilidad de que la reunificación supusiera un replanteo de las estructuras sociales, económicas y políticas a ambos lados del Muro fue rápidamente enterrada y miles de osties (orientales) entraron a comprar electrodomésticos a Berlín occidental.
Otros actores tuvieron una capacidad de incidencia muy superior a la de las organizaciones populares del este europeo. Sea con la presión económica y militar estadounidense contra el bloque oriental en la era Reagan, sea con el papel de los medios occidentales en lo que Paul Virilio llamó un “golpe de estado comunicacional”, los agentes estatales y empresariales capitalistas manejaron una serie de recursos que facilitaron no sólo la disolución del poder soviético sino también la construcción de identidades favorables a sus proyectos de dominación. Quizás pequemos de puro chovinismo futbolero, pero esos poderes se verían hasta en la derrota argentina en la final del Mundial de 1990. En una mezcla de azares y condicionamientos, el absurdo penal cobrado por el árbitro Edgardo Codesal condensó el carácter espectacular de un proceso que representaba para Alemania la reunificación nacional bajo el modelo capitalista neoliberal. Luego, la “globalización” como realidad de la mundialización del capital y como proyecto político de las clases dominantes de los países centrales se impuso con un totalitarismo mil veces más efectivo, por lo sutil, que las brutalidades de las dictaduras comunistas.
El comunismo como modo de dominación no terminó con la caída del Muro ni con la división de la URSS en un mosaico de estados tercermundistas, entre los que destaca la aún impresionante potencia rusa. Continúa con formas muy diferentes en países marginales como Cuba y Corea del Norte y, sobre todo, como estructura de poder que facilita el desarrollo capitalista en China. Pero en tanto proyecto emancipatorio, como intento de que la humanidad asuma el control de su propio destino y de que los beneficios del desarrollo alcanzado lleguen a la totalidad de los seres humanos, y no sólo a unos pocos, las formas que adoptó el comunismo en el siglo XX ya no pueden entusiasmar a nadie que tenga un mínimo de juicio crítico. ¿Significa eso que el contenido sustantivo de la idea comunista debe abandonarse definitivamente?
Otra vez, repensar la historia es posible si partimos de la negación de las figuras ideológicas dominantes. Como lo plantea un autor formado en el catolicismo y tan poco dado a las verdades “duras” como Gianni Vattimo, la reinvención de la idea comunista aparece como el único camino para la realización de una sociedad justa y realmente democrática. Pensar la posibilidad de una sociedad no-capitalista supone imaginar nuevas formas de lazo social, nuevas experiencias de libertad y equidad, y en ese sentido es importante volver a pensar el comunismo. Lo que podemos significar con el término es algo distinto del cuco propuesto por la derecha, pero también es diferente de las experiencias pasadas. Se trata entonces de pelear por la palabra, de recuperarla para dotar de sentido a otras prácticas.
Probablemente haya que inventar nuevos vocablos para hablar de viejos anhelos. Lo que tienen de bueno términos como “comunista”, “socialista libertario” o “anarquista” es que no pueden ser tan fácilmente expropiados por la dominación espectacular del capitalismo, como otros tantos que ya han perdido toda significación emancipatoria. En todo caso, el comunismo podrá volver a ser un horizonte ya no como promesa incumplida por un modelo totalitario sino como aquello que podemos volver a perseguir, insistentemente, en un proceso siempre inacabado de luchas por una sociedad mejor.
(*) Historiador, docente e investigador de la UNL
Según un viejo chiste ruso, en plena apertura tras la muerte de Stalin su sucesor Nikita Krushev da un discurso y dice: “Camaradas: en el horizonte se avizora el comunismo”. Un obrero le pregunta: “¿Qué es el horizonte, camarada Krushev?” y éste le responde “Buscalo en el diccionario”. Al volver a casa el obrero revisa el diccionario y encuentra: “Horizonte: línea imaginaria que separa el cielo de la tierra y que se aleja a medida que nos acercamos a ella”.
Esa anécdota fantástica resume tanto la realidad de los estados comunistas del siglo XX como las perspectivas de que la palabra “comunismo” siga proponiendo algo. Veinte años después de la desestructuración del bloque soviético y de la caída de los regímenes de partido único en Europa centro-oriental –prolegómenos de la desarticulación de la propia URSS en los dos años siguientes– la experiencia comunista sigue pesando como el más tremendo lastre sobre todas las posibilidades de pensar sociedades post-capitalistas. ¿Es que la “caída del Muro de Berlín” produjo un mundo unidimensional, inevitablemente capitalista? ¿Es que eso que se cayó era al menos una imagen de la sociedad emancipada, del “verdadero reino de la libertad” del que hablaban los fundadores del marxismo? ¿Es que el comunismo como concepto está vinculado necesariamente a las nociones de control totalitario y administración estatal? Los discursos neoliberales y neoconservadores convalidan con una respuesta positiva a todas esas preguntas, en una continuidad lógica con los enunciados “occidentales y cristianos” de la Guerra Fría. Pensar una alternativa a ese discurso dominante, instalado en los cerebros como un sentido común ineludible, supone construir colectivamente una verdad más ajustada a lo acontecido, menos arbitraria y al mismo tiempo abierta al futuro.
La caída del comunismo como proyecto social no se produjo el 9 de noviembre de 1989. Tampoco se puede fechar en el fallido experimento de apertura política y reforma económica de Mikhail Gorbachov en 1985-1991. En rigor, el proyecto comunista se perdió en algún momento impreciso de la historia rusa y sólo esporádicamente asomó en otras experiencias revolucionarias. Quizá murió en 1918 cuando los bolcheviques anularon la Asamblea Constituyente en la que tenían mayoría los social-revolucionarios. O cuando en 1921 el Ejército Rojo reprimió el levantamiento de los marinos de Kronstadt, que pretendían construir un poder popular que llevara más lejos la propia revolución. O hacia 1925-1929 con la estructuración de las formas de dominación que se conocerían como estalinismo. O incluso cuando la “revolución desde arriba” de Stalin impuso el terror sobre los mismos miembros del partido, afianzó el modelo totalitario y provocó un genocidio en regiones como Ucrania.
En un punto de ese proceso los imperativos de la lucha contra la reacción y las agresiones exteriores dieron paso a la construcción de una sociedad que podemos llamar de distintas maneras (comunista, soviética, socialista burocrática, etc.) pero que fue la antítesis de una democracia de productores y consumidores libremente asociados y colectivamente organizados. Sólo fenómenos monstruosos como la crisis capitalista de 1930 y la posibilidad cierta de la dominación mundial capitalista-totalitaria encarnada en el nazismo alemán y en el fascismo japonés pudieron ocultar esa patente discrepancia. Eso, unido a la ceguera de muchos militantes e intelectuales, a la hipocresía de muchos dirigentes y al poder simbólico que emanaba del tremendo sacrificio del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial. El comunismo como proyecto emancipatorio siempre estaría más allá –y en contra– de la realidad del sistema comunista.
Lo que vino después fue simplemente el rol de la URSS como potencia mundial, en una puja desigual con el capitalismo estadounidense por el control de espacios estratégicos, y el recurso a modelos similares –nunca idénticos– por parte de países en vías de liberación nacional. Si bien la lucha de clases se planteó cada vez más en un escenario mundial, las clases dominantes de los estados comunistas (burocracias o nomenklaturas) jugaron sus propias apuestas a favor de un orden que les garantizara la continuidad en el poder y los beneficios que se derivaban de ello. Ese poder que les facilitaría reconvertirse en prósperos propietarios, gerentes o políticos del nuevo orden capitalista semiperiférico cuando el sistema soviético colapsara. Ya desde mucho antes de 1989 habían aprendido a integrarse de una u otra manera al mundo capitalista, especialmente en el mercado financiero y de materias primas.
En ese marco, la caída del Muro fue simplemente el acontecimiento-símbolo del reordenamiento geopolítico en beneficio de los estados centrales de la economía-mundo, que muestra de la incapacidad de los estados soviéticos para competir en el plano de la concentración de capital. Pero además fue un acontecimiento espectacular en el sentido profundo de la palabra; tanto evento transmitido con un formato mass-mediático como ejemplo de la dominación tecno-estética propia del capitalismo avanzado. Los actores de esa fractura, los que pusieron el cuerpo en las manifestaciones callejeras contra la burocracia alemana oriental y que en su gran mayoría luchaban por un socialismo democrático que no dejara atrás las conquistas sociales que el sistema soviético todavía mantenía, fueron absolutamente invisibilizados. La posibilidad de que la reunificación supusiera un replanteo de las estructuras sociales, económicas y políticas a ambos lados del Muro fue rápidamente enterrada y miles de osties (orientales) entraron a comprar electrodomésticos a Berlín occidental.
Otros actores tuvieron una capacidad de incidencia muy superior a la de las organizaciones populares del este europeo. Sea con la presión económica y militar estadounidense contra el bloque oriental en la era Reagan, sea con el papel de los medios occidentales en lo que Paul Virilio llamó un “golpe de estado comunicacional”, los agentes estatales y empresariales capitalistas manejaron una serie de recursos que facilitaron no sólo la disolución del poder soviético sino también la construcción de identidades favorables a sus proyectos de dominación. Quizás pequemos de puro chovinismo futbolero, pero esos poderes se verían hasta en la derrota argentina en la final del Mundial de 1990. En una mezcla de azares y condicionamientos, el absurdo penal cobrado por el árbitro Edgardo Codesal condensó el carácter espectacular de un proceso que representaba para Alemania la reunificación nacional bajo el modelo capitalista neoliberal. Luego, la “globalización” como realidad de la mundialización del capital y como proyecto político de las clases dominantes de los países centrales se impuso con un totalitarismo mil veces más efectivo, por lo sutil, que las brutalidades de las dictaduras comunistas.
El comunismo como modo de dominación no terminó con la caída del Muro ni con la división de la URSS en un mosaico de estados tercermundistas, entre los que destaca la aún impresionante potencia rusa. Continúa con formas muy diferentes en países marginales como Cuba y Corea del Norte y, sobre todo, como estructura de poder que facilita el desarrollo capitalista en China. Pero en tanto proyecto emancipatorio, como intento de que la humanidad asuma el control de su propio destino y de que los beneficios del desarrollo alcanzado lleguen a la totalidad de los seres humanos, y no sólo a unos pocos, las formas que adoptó el comunismo en el siglo XX ya no pueden entusiasmar a nadie que tenga un mínimo de juicio crítico. ¿Significa eso que el contenido sustantivo de la idea comunista debe abandonarse definitivamente?
Otra vez, repensar la historia es posible si partimos de la negación de las figuras ideológicas dominantes. Como lo plantea un autor formado en el catolicismo y tan poco dado a las verdades “duras” como Gianni Vattimo, la reinvención de la idea comunista aparece como el único camino para la realización de una sociedad justa y realmente democrática. Pensar la posibilidad de una sociedad no-capitalista supone imaginar nuevas formas de lazo social, nuevas experiencias de libertad y equidad, y en ese sentido es importante volver a pensar el comunismo. Lo que podemos significar con el término es algo distinto del cuco propuesto por la derecha, pero también es diferente de las experiencias pasadas. Se trata entonces de pelear por la palabra, de recuperarla para dotar de sentido a otras prácticas.
Probablemente haya que inventar nuevos vocablos para hablar de viejos anhelos. Lo que tienen de bueno términos como “comunista”, “socialista libertario” o “anarquista” es que no pueden ser tan fácilmente expropiados por la dominación espectacular del capitalismo, como otros tantos que ya han perdido toda significación emancipatoria. En todo caso, el comunismo podrá volver a ser un horizonte ya no como promesa incumplida por un modelo totalitario sino como aquello que podemos volver a perseguir, insistentemente, en un proceso siempre inacabado de luchas por una sociedad mejor.
(*) Historiador, docente e investigador de la UNL
viernes, 6 de noviembre de 2009
Pausa #48
Nota de tapa
EL HAMBRE ES UN CRIMEN: MUCHO MÁS QUE UN SLOGAN
- En la Argentina, 25 niños mueren de hambre cada día; en Santa Fe, la situación más grave se registra en los barrios del oeste
- El gobierno nacional decretó la asignación universal por hijo; alcanzará a unos 380 mil chicos en la provincia y a 50 mil en la ciudad
- Santa Fe es la provincia con mayor porcentaje de desnutrición crónica aunque la desnutrición aguda y el bajo peso están bajo la media
- Qué se hace en la provincia para paliar la situación: los programas sociales en marcha
También en esta edición
EL MURO DE BERLÍN Y EL COMUNISMO. 20 años después, el historiador y profesor santafesino Luciano Alonso recapitula las circunstancias espectaculares del 9 de noviembre de 1989 y razona sobre el comunismo en su pasado soviético, su presente en la potencia asiática emergente y su siempre abierta promesa de futuro.
ATILIO BORÓN LE APUNTA A OBAMA. ¿Qué hace por la paz el hombre al que le dieron el Nóbel? Una nota de opinión del politólogo Atilio Borón: bajo la lupa, la violenta política exterior norteamericana. Bases militares, embajadores terroristas y golpistas, controles satelitales, las guerras del futuro y las distintas respuestas sudamericanas frente al desafío imperial.
LA LITERATURA ES TODO UN DERECHO. Tarea, historia, perspectivas y experiencias de las nueve mujeres de la Libroteca Ambulante Abracuentos, una asociación civil de nuestra ciudad que nació este año y cuyo objetivo es promover la lectura de calidad en los niños de aquellos lugares adonde generalmente los libros nunca llegan.
POR EL AMOR A LAS TRANSFERENCIAS. Los hubo muy ladrones y los hubo ídolos totales, tanto en el Centenario como en la Avenida (cuando no, además, vistieron ambas casacas). Son los “camiseteros”: ese peculiar (y grande) conjunto de futbolistas que pasaron por nuestra ciudad y que hicieron del cambio de clubes su sello distintivo.
Y además
- De viaje: Gerardo Moyano y el desierto mexicano
- Cine: Don Zerbatto te presenta el nuevo western
- Y, como siempre, noticias, humor y la más completa agenda cultural
Próxima edición: viernes 23 de octubre
- En la Argentina, 25 niños mueren de hambre cada día; en Santa Fe, la situación más grave se registra en los barrios del oeste
- El gobierno nacional decretó la asignación universal por hijo; alcanzará a unos 380 mil chicos en la provincia y a 50 mil en la ciudad
- Santa Fe es la provincia con mayor porcentaje de desnutrición crónica aunque la desnutrición aguda y el bajo peso están bajo la media
- Qué se hace en la provincia para paliar la situación: los programas sociales en marcha
También en esta edición
EL MURO DE BERLÍN Y EL COMUNISMO. 20 años después, el historiador y profesor santafesino Luciano Alonso recapitula las circunstancias espectaculares del 9 de noviembre de 1989 y razona sobre el comunismo en su pasado soviético, su presente en la potencia asiática emergente y su siempre abierta promesa de futuro.
ATILIO BORÓN LE APUNTA A OBAMA. ¿Qué hace por la paz el hombre al que le dieron el Nóbel? Una nota de opinión del politólogo Atilio Borón: bajo la lupa, la violenta política exterior norteamericana. Bases militares, embajadores terroristas y golpistas, controles satelitales, las guerras del futuro y las distintas respuestas sudamericanas frente al desafío imperial.
LA LITERATURA ES TODO UN DERECHO. Tarea, historia, perspectivas y experiencias de las nueve mujeres de la Libroteca Ambulante Abracuentos, una asociación civil de nuestra ciudad que nació este año y cuyo objetivo es promover la lectura de calidad en los niños de aquellos lugares adonde generalmente los libros nunca llegan.
POR EL AMOR A LAS TRANSFERENCIAS. Los hubo muy ladrones y los hubo ídolos totales, tanto en el Centenario como en la Avenida (cuando no, además, vistieron ambas casacas). Son los “camiseteros”: ese peculiar (y grande) conjunto de futbolistas que pasaron por nuestra ciudad y que hicieron del cambio de clubes su sello distintivo.
Y además
- De viaje: Gerardo Moyano y el desierto mexicano
- Cine: Don Zerbatto te presenta el nuevo western
- Y, como siempre, noticias, humor y la más completa agenda cultural
Próxima edición: viernes 23 de octubre
lunes, 2 de noviembre de 2009
Algo huele mal en el campo
Desde los ámbitos legislativo y científico avanzan los señalamientos sobre la toxicidad de los agroquímicos vedette del modelo sojero, cuyos amplios márgenes de ganancia hoy retornan, tras haber caído con la crisis. Las voces de los trabajadores rurales, foco de la explotación económica y sanitaria. Las nuevas leyes y la rentabilidad sojera frente a la vida de los banderilleros: pobreza agroenvenenada.
Dos proyectos aprobados en la Cámara de Diputados de la Provincia renovaron el debate sobre el modelo agrícola, su sustentabilidad económica y ambiental y los efectos que derivan de la aplicación descontrolada de agroquímicos. Con casi 17 millones de hectáreas de soja sembradas en el país –más de la mitad de la superficie cultivable, un escenario que, según coinciden los especialistas, se seguirá expandiendo–, aparecen los primeros signos de preocupación en la esfera legislativa local. La semana pasada se sancionaron dos proyectos relacionados al uso de productos químicos en el campo.
El primero apunta a exigir que se acelere la prohibición del uso de endosulfán, un producto que saldrá del mercado –por ley– en 2011. Lo sancionó la Cámara de Diputados; allí se exige a la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia que “arbitre los medios” ante la Secretaría de Agricultura de la Nación –ahora con rango de Ministerio– para que se quite al endosulfán de la lista de productos fitosanitarios autorizados. Prohibido en más de 60 países, es un insecticida clorado que en el país se sigue usando para combatir la chinche verde de la soja. En abril, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del pesticida.
“El endosulfán se utiliza de forma masiva en la soja y también en algodón, girasol, maíz y tabaco, entre otros cultivos”, argumentó Mónica Peralta, autora de la iniciativa, del Frente Progresista Cívico y Social. “Está identificado como plaguicida extremadamente tóxico con capacidad de producir daños agudos a la salud, en el corto plazo, y crónicos: enfermedades que aparecen luego de años de contacto. Es causante de diarreas, mareos, dolor de cabeza, náuseas, llagas, dolor de garganta y cuadros de asma”. La diputada citó la recomendación del Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, que en noviembre de 2007 hizo la propuesta formal para incluir al endosulfán en el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes.
En esa propuesta se llegó a la siguiente conclusión: “El endosulfán es muy persistente en el medio ambiente y se encuentra con frecuencia en compartimientos ambientales. Tiene un gran potencial de bioacumulación. Debido a sus propiedades físicas y químicas y su semivida en la atmósfera, y sobre la base de los datos de modelos y los resultados de muestras ambientales, se ha demostrado que el endosulfán se transporta a larga distancia, lejos de sus fuentes. El endosulfán es un producto químico muy tóxico para prácticamente todo tipo de organismos. Tiene el potencial de provocar perturbación endocrina en las especies terrestres y acuáticas. Provoca neurotoxicidad y efectos hematológicos y neurotoxicidad”.
En los fundamentos agrega que, aunque la Unión Europea prohibió el endosulfán, igual se sigue usando en muchos países. “Dadas las propiedades inherentes del endosulfán, junto con las concentraciones ambientales demostradas o potenciales que superan las concentraciones permisibles máximas, y dada su ocurrencia generalizada incluso en zonas remotas, se llega a la conclusión de que el endosulfán, debido a su transporte a larga distancia en el medio ambiente, probablemente provocará efectos adversos tan notables para la salud humana y el medio ambiente que justifican la adopción de medidas a nivel mundial”.
A la severa advertencia que deja como corolario el informe citado, la diputada Peralta agregó un dato que no es menor: la Argentina, a través de la Ley 26.011, adhirió al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Allí se estipula qué contaminantes tienen propiedades tóxicas por ser resistentes a la degradación y se reconocen “los problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, resultantes de la exposición local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los efectos en las mujeres y, a través de ellas, en las futuras generaciones”.
La Cámara de Diputados también dio media sanción a un proyecto de ley que regula el manejo de los agroquímicos en todas sus etapas. Contempla todo el camino que recorren los productos, desde la fabricación hasta el almacenamiento, el transporte y la disposición final de los envases para que sean destruidos en condiciones de seguridad. Su autor, Carlos Fascendini (FPCyS) declaró: “es un paso muy importante para preservar la salud de la población”.
Uno de los temas más delicados es la disposición final de las sustancias químicas de uso agrícola. “En la provincia es posible ver tachos y bidones desparramados en el campo, sin ningún tratamiento. El lavado de equipos utilizados en la aplicación de productos químicos en arroyos, lagunas o distintos cursos de agua son prácticas habituales”, amplió el diputado.
De aprobarse la ley en el Senado, habrá sanciones más duras para quienes causen daños ambientales. La norma también le otorga más atribuciones a la Secretaría de Medio Ambiente: promoción de programas de capacitación; acciones de información al público usuario; desarrollo de buenas prácticas sobre uso y comercialización de plaguicidas; y la posibilidad de elaborar programas para que se introduzcan en las currículas educativas temas afines al control, manejo y disposición de agroquímicos.
También quedará en manos de Medio Ambiente la evaluación del riesgo que esos productos causan en la salud. El titular de la Secretaría, César Mackler, es resistido por las organizaciones ambientalistas luego de que, a mediados de año, se manifestara en contra de ampliar los límites territoriales de prohibición de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres. Esa es una de las modificaciones pendientes respecto de la actual Ley de Fitosanitarios.
La iniciativa votada en Diputados también responsabiliza a fabricantes y vendedores de agroquímicos –y a los usuarios– de la recuperación y disposición final de los envases. Y prohíbe el almacenamiento de fitosanitarios en los lugares donde se fabriquen, preparen, almacenen o vendan alimentos, bebidas y medicamentos. “A pesar de haberse evaluado un incremento de enfermedades cancerígenas en poblaciones expuestas a los agroquímicos, Santa Fe sigue careciendo de un control preventivo en su manejo y disposición final”, concluyó Fascendini.
PRUEBAS. Recientes ensayos de laboratorio realizados por investigadores de la UNL demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos: puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional. El descubrimiento, al que arribaron probando distintas dosis de glifosato, afecta la reproducción de una especie de microcrustáceo que habita ríos, lagunas y charcas de la zona. “Nos interesó conocer qué efectos podía llegar a tener el glifosato sobre organismos clave de ecosistemas acuáticos continentales, como los cladóceros. En particular seleccionamos una especie de crustáceo llamado Ceriodaphnia reticulata, que son pequeños organismos que viven en la columna de agua y que están en la base de las cadenas tróficas de los sistemas acuáticos”, explicó Ana María Gagneten, que trabaja en la línea de ecotoxicología de zooplancton de agua dulce en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.
En el trabajo sometieron los microorganismos a soluciones con distintas concentraciones del agroquímico y a un ensayo control, sin glifosato. Analizaron la sobrevivencia de la especie y la fecundidad, pero también la capacidad de degradación del herbicida, para lo cual hicieron análisis cromatográficos durante 17 días. En los ensayos descubrieron que la sobrevivencia no se vio afectada por el glifosato, pero sí la fecundidad, lo que tiene un efecto directo sobre la posibilidad de mantenimiento de una población en el tiempo, ya que debe haber una capacidad de recambio determinada por la cantidad de crías producidas.
En el experimento, el grupo control produjo 140 crías y ese valor sirvió para comparar con los distintos tratamientos con glifosato en diversas concentraciones. El de menor concentración contenía 5,33 miligramos por litro y produjo sólo 50 crías. El tratamiento dos, con una concentración 15,99 miligramos por litro, tuvo 25 crías. El tercer tratamiento, con 31,8 miligramos por litro, llegó a 36. “La fecundidad fue un parámetro muy afectado en esta especie. No registramos diferencias significativas entre las concentraciones, pero sí entre todas las concentraciones y el control”, agregó Gagneten.
Estudios a escala hechos en el laboratorio confirmaron la toxicidad del glifosato para la Cerodaphnia reticulata. La importancia de estudiar esa especie reside en que sirven de alimento a larvas y juveniles de peces que luego cambian de régimen de alimentación. Incluso, algunos peces adultos, de pequeño tamaño, siguen alimentándose durante toda su vida de estos microcrustáceos.
Otro estudio, del grupo de Medio Ambiente del Intec (Conicet-UNL), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores. Demostraron que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Y, además, en el suelo usado para la siembra, lo que causa la contaminación de las capas freáticas.
“Pusimos énfasis en esos dos plaguicidas porque su uso ha aumentado en paralelo al incremento de la superficie cultivada de soja”, indicó María Inés Maitre, investigadora del Intec. Para el estudio diseñaron un método especial –modificando la molécula del herbicida y utilizando métodos cromatográficos– capaz de detectar restos de glifosato en soja, algo que no es posible mediante análisis comunes. Para comprobar los niveles de residuos que pueden quedar en las semillas, realizaron pruebas con aplicaciones controladas de Roundup –la marca de glifosato de Monsanto– en tres lotes de la localidad de Franck, departamento Las Colonias. En muestreos con una aplicación no se encontraron restos del herbicida, pero luego de analizar la soja sometida a más de dos aplicaciones observaron que aparecían residuos. “Si bien estaban debajo de los límites permitidos, ya era un llamado de atención, porque es un cultivo transgénico que encima tiene el agregado de un tóxico muy discutido”, enfatizó Maitre.
El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de todo el procedimiento de elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedas y secas. Encontraron residuos de glifosato en las secas. Más adelante, estudiaron la permanencia de plaguicidas en el suelo. Explicó Maitre: “Pudimos concluir que, a pesar de que el glifosato se absorbe, tiene capacidad también para reabsorberse. Entonces, en épocas muy húmedas y lluviosas, puede drenar en el suelo y contaminar las capas freáticas”. A idéntica conclusión llegó el Inta de Pergamino
EL ESCENARIO. Más soja y menos nivel de inversión es lo que dejará la campaña 2009/2010. Martín Favre, titular de la Sociedad Rural de Gálvez, explicó en una entrevista con El Litoral que la baja en la inversión para trigo y maíz “se debe a la falta de expectativas de esos mercados y a que las medidas del gobierno nunca llegaron”. Para sembrar una hectárea de soja se requiere una inversión de 100 dólares, en un contexto de lluvias y con la certeza de que luego se va a poder exportar a los mercados internacionales. En cambio, el maíz requiere una inversión promedio de 300 dólares por hectárea y hoy no tiene cotización en el mercado, lo que genera incertidumbre entre los productores. Para una hectárea de trigo la inversión necesaria es de 150 dólares, pero el grano tiene precio incierto por falta de mercados. La última sequía afectó sustantivamente a esos cultivos.
Sin embargo, matizando el reiterado lamento, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) difundió un informe que da cuenta del aumento de la rentabilidad de la soja: su precio en dólares subió un 67,5% en apenas dos años. También, según el trabajo de Cifra, en el primer semestre del año la rentabilidad promedio de los cuatro principales cultivos –en dólares– fue un 24,1% superior a la del mismo período de 2007; en el caso de la soja la mejora fue de casi el triple. Fue la crisis económica mundial la que provocó una abrupta reducción en los precios durante el segundo semestre de 2008, pero desde comienzos de 2009 se registró una sostenida recuperación en el precio de los principales cultivos de exportación que: si bien no retornaron a los valores anteriores a la crisis, se ubican en un nivel similar al de comienzos de 2007.
Otra variable que se modificó es el precio de los agroquímicos, los insumos vedette del actual esquema de siembra directa. “Es cierto que bajó el glifosato, pero ése no es el factor más importante”, se quejó Favre. De todos modos, la caída en las inversiones se explica por el avance de la soja sobre el resto de los cultivos: según un informe reciente de la Sociedad Rural Argentina, se sembrarán en todo el país casi 29 millones de hectáreas –un millón y medio más que en la campaña anterior– pero con una inversión del 32,6% menor. El estudio estima que el área sembrada con trigo retrocederá un 33%, la de maíz caerá un 24% y la de girasol bajará un 15%.
El gobierno provincial tomó nota. “Vemos más cultivo de soja. Esto tiene que ver con la falta de mercados transparentes para el maíz y el trigo, y con la retirada de los productores de otras alternativas como la ganadería o los tambos”, declaró Carlos Sartor, secretario de Agroalimentos del Ministerio de la Producción. “La menor inversión pasa por la disminución de los costos de los insumos, pero también por un menor nivel de aplicación del paquete tecnológico. Hasta que todo eso no se aclare, el productor va a lo seguro y eso es la soja”, agregó el funcionario.
NADA NUEVO BAJO EL SOL. Germán Quaranta, investigador del Área de Empleo y Desarrollo Rural del Conicet, escribió una columna en Página/12 en la que se refiere a las condiciones laborales en el campo. Comienza aclarando que es difícil establecer el número de trabajadores asalariados –el Censo de 2001 registró medio millón– por las dificultades para captar el trabajo transitorio. “Se puede conjeturar que esa cifra representa fundamentalmente el trabajo permanente, estimándose en al menos otro medio millón de asalariados transitorios”, estima Quaranta. “Tradicionalmente, las ocupaciones en el agro se caracterizaron por la precariedad, siendo la inestabilidad laboral, las malas remuneraciones, el trabajo no registrado, las deficientes condiciones de trabajo y la baja sindicalización sus rasgos distintivos. Estas condiciones se acentúan para el trabajo temporario y eventual”.
Las estadísticas disponibles confirman los altos niveles de precariedad y la baja calidad del empleo con segmentos muy limitados –como los operadores de maquinarias de granos– que escapan a estas condiciones. “Se puede estimar que alrededor del 70% del empleo en la agricultura de nuestro país se encuentra al margen del debido registro”, arriesgó el investigador. “El nuevo escenario laboral y productivo complejiza la precariedad del trabajo en el sector. La importancia de los trabajadores transitorios se asocia a un cambio en su perfil, donde se superponen situaciones tradicionales y nuevos requerimientos”.
La Asociación Argentina de Periodistas Ambientales difundió a principios de octubre una serie de entrevistas realizadas por Graciela Gomez, de la ONG Ecos de Romang, y Oscar Brasca, del grupo Autoconvocados de La Criolla, a jóvenes banderilleros que trabajan en campos de la zona. Una ocupación recurrente en el sistema actual: parados al costado del paso de la máquina fumigadora –que a su paso arroja glifosato y endosulfán, entre otros productos–, los banderilleros marcan por dónde tiene que pasar. Javier Oscar Villalba vive en la localidad santafesina de Marcelino Escalada; hoy tiene 24 años y a los 17 empezó a trabajar de banderillero. Comenzó con su padre por 10 centavos la hectárea. “El veneno nos salpicaba hasta en la cara”, dijo antes de contar que comían y tomaban agua al lado de las máquinas.
“Trabajábamos sin protección: ni guantes, ni máscara. Mi papá y yo caminábamos por el sembrado, hasta llegar a unos 50 metros del mosquito y marcar. De ahí nos pasaban al lado fumigando; no tenía que quedar nada seco”. El contacto con los agroquímicos dejó huellas: su padre sufre problemas de estómago y un amigo suyo perdió todo el pelo. Javier tiene “un tumorcito” en un ojo y sarpullidos constantes en la espalda y detrás de las orejas. “Lo que hacíamos era cargar los bidones y llenar el tanque con Roundup mezclado con cipermetrina”.
Humberto Miguel Lencina vive en el barrio Santa Rosa de La Criolla. Comenzó de banderillero a los 22 años y hoy tiene 25. Sus jornadas iban de siete de la mañana a las nueve de la noche. A cambio recibía 30 pesos de jornal. “Usábamos glifosato, endosulfán y cipermetrina, en la mayoría de los casos juntos: acá le dicen cóctel”. Una vez tuvieron la rotura de una manguera, la cual lo bañó con el líquido para fumigar y tuvo que terminar la jornada con la misma ropa, que se secó sobre su piel. Otras veces, dice, “el maquinista no nos veía y, con los brazos del aparato, terminaba pulverizándonos encima”. Humberto sufre de alergias y constantes dolores de cabeza. Martín Villalba, compañero de equipo de Humberto, trabajó hasta la cosecha pasada. Hoy tiene 22 años, es banderillero desde los 19 y también está enfermo. Sufre problemas hepáticos que aún no pudo hacerse tratar.
“El drama de los chicos empleados en campos de soja es la cara de una actividad sumamente aberrante. Los niños-bandera están atados al círculo de la pobreza: ese lugar que no ve nadie”, concluyó el informe de la Asociación de Periodistas Ambientales.
Dos proyectos aprobados en la Cámara de Diputados de la Provincia renovaron el debate sobre el modelo agrícola, su sustentabilidad económica y ambiental y los efectos que derivan de la aplicación descontrolada de agroquímicos. Con casi 17 millones de hectáreas de soja sembradas en el país –más de la mitad de la superficie cultivable, un escenario que, según coinciden los especialistas, se seguirá expandiendo–, aparecen los primeros signos de preocupación en la esfera legislativa local. La semana pasada se sancionaron dos proyectos relacionados al uso de productos químicos en el campo.
El primero apunta a exigir que se acelere la prohibición del uso de endosulfán, un producto que saldrá del mercado –por ley– en 2011. Lo sancionó la Cámara de Diputados; allí se exige a la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia que “arbitre los medios” ante la Secretaría de Agricultura de la Nación –ahora con rango de Ministerio– para que se quite al endosulfán de la lista de productos fitosanitarios autorizados. Prohibido en más de 60 países, es un insecticida clorado que en el país se sigue usando para combatir la chinche verde de la soja. En abril, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del pesticida.
“El endosulfán se utiliza de forma masiva en la soja y también en algodón, girasol, maíz y tabaco, entre otros cultivos”, argumentó Mónica Peralta, autora de la iniciativa, del Frente Progresista Cívico y Social. “Está identificado como plaguicida extremadamente tóxico con capacidad de producir daños agudos a la salud, en el corto plazo, y crónicos: enfermedades que aparecen luego de años de contacto. Es causante de diarreas, mareos, dolor de cabeza, náuseas, llagas, dolor de garganta y cuadros de asma”. La diputada citó la recomendación del Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, que en noviembre de 2007 hizo la propuesta formal para incluir al endosulfán en el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes.
En esa propuesta se llegó a la siguiente conclusión: “El endosulfán es muy persistente en el medio ambiente y se encuentra con frecuencia en compartimientos ambientales. Tiene un gran potencial de bioacumulación. Debido a sus propiedades físicas y químicas y su semivida en la atmósfera, y sobre la base de los datos de modelos y los resultados de muestras ambientales, se ha demostrado que el endosulfán se transporta a larga distancia, lejos de sus fuentes. El endosulfán es un producto químico muy tóxico para prácticamente todo tipo de organismos. Tiene el potencial de provocar perturbación endocrina en las especies terrestres y acuáticas. Provoca neurotoxicidad y efectos hematológicos y neurotoxicidad”.
En los fundamentos agrega que, aunque la Unión Europea prohibió el endosulfán, igual se sigue usando en muchos países. “Dadas las propiedades inherentes del endosulfán, junto con las concentraciones ambientales demostradas o potenciales que superan las concentraciones permisibles máximas, y dada su ocurrencia generalizada incluso en zonas remotas, se llega a la conclusión de que el endosulfán, debido a su transporte a larga distancia en el medio ambiente, probablemente provocará efectos adversos tan notables para la salud humana y el medio ambiente que justifican la adopción de medidas a nivel mundial”.
A la severa advertencia que deja como corolario el informe citado, la diputada Peralta agregó un dato que no es menor: la Argentina, a través de la Ley 26.011, adhirió al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Allí se estipula qué contaminantes tienen propiedades tóxicas por ser resistentes a la degradación y se reconocen “los problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, resultantes de la exposición local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los efectos en las mujeres y, a través de ellas, en las futuras generaciones”.
La Cámara de Diputados también dio media sanción a un proyecto de ley que regula el manejo de los agroquímicos en todas sus etapas. Contempla todo el camino que recorren los productos, desde la fabricación hasta el almacenamiento, el transporte y la disposición final de los envases para que sean destruidos en condiciones de seguridad. Su autor, Carlos Fascendini (FPCyS) declaró: “es un paso muy importante para preservar la salud de la población”.
Uno de los temas más delicados es la disposición final de las sustancias químicas de uso agrícola. “En la provincia es posible ver tachos y bidones desparramados en el campo, sin ningún tratamiento. El lavado de equipos utilizados en la aplicación de productos químicos en arroyos, lagunas o distintos cursos de agua son prácticas habituales”, amplió el diputado.
De aprobarse la ley en el Senado, habrá sanciones más duras para quienes causen daños ambientales. La norma también le otorga más atribuciones a la Secretaría de Medio Ambiente: promoción de programas de capacitación; acciones de información al público usuario; desarrollo de buenas prácticas sobre uso y comercialización de plaguicidas; y la posibilidad de elaborar programas para que se introduzcan en las currículas educativas temas afines al control, manejo y disposición de agroquímicos.
También quedará en manos de Medio Ambiente la evaluación del riesgo que esos productos causan en la salud. El titular de la Secretaría, César Mackler, es resistido por las organizaciones ambientalistas luego de que, a mediados de año, se manifestara en contra de ampliar los límites territoriales de prohibición de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres. Esa es una de las modificaciones pendientes respecto de la actual Ley de Fitosanitarios.
La iniciativa votada en Diputados también responsabiliza a fabricantes y vendedores de agroquímicos –y a los usuarios– de la recuperación y disposición final de los envases. Y prohíbe el almacenamiento de fitosanitarios en los lugares donde se fabriquen, preparen, almacenen o vendan alimentos, bebidas y medicamentos. “A pesar de haberse evaluado un incremento de enfermedades cancerígenas en poblaciones expuestas a los agroquímicos, Santa Fe sigue careciendo de un control preventivo en su manejo y disposición final”, concluyó Fascendini.
PRUEBAS. Recientes ensayos de laboratorio realizados por investigadores de la UNL demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos: puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional. El descubrimiento, al que arribaron probando distintas dosis de glifosato, afecta la reproducción de una especie de microcrustáceo que habita ríos, lagunas y charcas de la zona. “Nos interesó conocer qué efectos podía llegar a tener el glifosato sobre organismos clave de ecosistemas acuáticos continentales, como los cladóceros. En particular seleccionamos una especie de crustáceo llamado Ceriodaphnia reticulata, que son pequeños organismos que viven en la columna de agua y que están en la base de las cadenas tróficas de los sistemas acuáticos”, explicó Ana María Gagneten, que trabaja en la línea de ecotoxicología de zooplancton de agua dulce en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.
En el trabajo sometieron los microorganismos a soluciones con distintas concentraciones del agroquímico y a un ensayo control, sin glifosato. Analizaron la sobrevivencia de la especie y la fecundidad, pero también la capacidad de degradación del herbicida, para lo cual hicieron análisis cromatográficos durante 17 días. En los ensayos descubrieron que la sobrevivencia no se vio afectada por el glifosato, pero sí la fecundidad, lo que tiene un efecto directo sobre la posibilidad de mantenimiento de una población en el tiempo, ya que debe haber una capacidad de recambio determinada por la cantidad de crías producidas.
En el experimento, el grupo control produjo 140 crías y ese valor sirvió para comparar con los distintos tratamientos con glifosato en diversas concentraciones. El de menor concentración contenía 5,33 miligramos por litro y produjo sólo 50 crías. El tratamiento dos, con una concentración 15,99 miligramos por litro, tuvo 25 crías. El tercer tratamiento, con 31,8 miligramos por litro, llegó a 36. “La fecundidad fue un parámetro muy afectado en esta especie. No registramos diferencias significativas entre las concentraciones, pero sí entre todas las concentraciones y el control”, agregó Gagneten.
Estudios a escala hechos en el laboratorio confirmaron la toxicidad del glifosato para la Cerodaphnia reticulata. La importancia de estudiar esa especie reside en que sirven de alimento a larvas y juveniles de peces que luego cambian de régimen de alimentación. Incluso, algunos peces adultos, de pequeño tamaño, siguen alimentándose durante toda su vida de estos microcrustáceos.
Otro estudio, del grupo de Medio Ambiente del Intec (Conicet-UNL), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores. Demostraron que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Y, además, en el suelo usado para la siembra, lo que causa la contaminación de las capas freáticas.
“Pusimos énfasis en esos dos plaguicidas porque su uso ha aumentado en paralelo al incremento de la superficie cultivada de soja”, indicó María Inés Maitre, investigadora del Intec. Para el estudio diseñaron un método especial –modificando la molécula del herbicida y utilizando métodos cromatográficos– capaz de detectar restos de glifosato en soja, algo que no es posible mediante análisis comunes. Para comprobar los niveles de residuos que pueden quedar en las semillas, realizaron pruebas con aplicaciones controladas de Roundup –la marca de glifosato de Monsanto– en tres lotes de la localidad de Franck, departamento Las Colonias. En muestreos con una aplicación no se encontraron restos del herbicida, pero luego de analizar la soja sometida a más de dos aplicaciones observaron que aparecían residuos. “Si bien estaban debajo de los límites permitidos, ya era un llamado de atención, porque es un cultivo transgénico que encima tiene el agregado de un tóxico muy discutido”, enfatizó Maitre.
El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de todo el procedimiento de elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedas y secas. Encontraron residuos de glifosato en las secas. Más adelante, estudiaron la permanencia de plaguicidas en el suelo. Explicó Maitre: “Pudimos concluir que, a pesar de que el glifosato se absorbe, tiene capacidad también para reabsorberse. Entonces, en épocas muy húmedas y lluviosas, puede drenar en el suelo y contaminar las capas freáticas”. A idéntica conclusión llegó el Inta de Pergamino
EL ESCENARIO. Más soja y menos nivel de inversión es lo que dejará la campaña 2009/2010. Martín Favre, titular de la Sociedad Rural de Gálvez, explicó en una entrevista con El Litoral que la baja en la inversión para trigo y maíz “se debe a la falta de expectativas de esos mercados y a que las medidas del gobierno nunca llegaron”. Para sembrar una hectárea de soja se requiere una inversión de 100 dólares, en un contexto de lluvias y con la certeza de que luego se va a poder exportar a los mercados internacionales. En cambio, el maíz requiere una inversión promedio de 300 dólares por hectárea y hoy no tiene cotización en el mercado, lo que genera incertidumbre entre los productores. Para una hectárea de trigo la inversión necesaria es de 150 dólares, pero el grano tiene precio incierto por falta de mercados. La última sequía afectó sustantivamente a esos cultivos.
Sin embargo, matizando el reiterado lamento, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) difundió un informe que da cuenta del aumento de la rentabilidad de la soja: su precio en dólares subió un 67,5% en apenas dos años. También, según el trabajo de Cifra, en el primer semestre del año la rentabilidad promedio de los cuatro principales cultivos –en dólares– fue un 24,1% superior a la del mismo período de 2007; en el caso de la soja la mejora fue de casi el triple. Fue la crisis económica mundial la que provocó una abrupta reducción en los precios durante el segundo semestre de 2008, pero desde comienzos de 2009 se registró una sostenida recuperación en el precio de los principales cultivos de exportación que: si bien no retornaron a los valores anteriores a la crisis, se ubican en un nivel similar al de comienzos de 2007.
Otra variable que se modificó es el precio de los agroquímicos, los insumos vedette del actual esquema de siembra directa. “Es cierto que bajó el glifosato, pero ése no es el factor más importante”, se quejó Favre. De todos modos, la caída en las inversiones se explica por el avance de la soja sobre el resto de los cultivos: según un informe reciente de la Sociedad Rural Argentina, se sembrarán en todo el país casi 29 millones de hectáreas –un millón y medio más que en la campaña anterior– pero con una inversión del 32,6% menor. El estudio estima que el área sembrada con trigo retrocederá un 33%, la de maíz caerá un 24% y la de girasol bajará un 15%.
El gobierno provincial tomó nota. “Vemos más cultivo de soja. Esto tiene que ver con la falta de mercados transparentes para el maíz y el trigo, y con la retirada de los productores de otras alternativas como la ganadería o los tambos”, declaró Carlos Sartor, secretario de Agroalimentos del Ministerio de la Producción. “La menor inversión pasa por la disminución de los costos de los insumos, pero también por un menor nivel de aplicación del paquete tecnológico. Hasta que todo eso no se aclare, el productor va a lo seguro y eso es la soja”, agregó el funcionario.
NADA NUEVO BAJO EL SOL. Germán Quaranta, investigador del Área de Empleo y Desarrollo Rural del Conicet, escribió una columna en Página/12 en la que se refiere a las condiciones laborales en el campo. Comienza aclarando que es difícil establecer el número de trabajadores asalariados –el Censo de 2001 registró medio millón– por las dificultades para captar el trabajo transitorio. “Se puede conjeturar que esa cifra representa fundamentalmente el trabajo permanente, estimándose en al menos otro medio millón de asalariados transitorios”, estima Quaranta. “Tradicionalmente, las ocupaciones en el agro se caracterizaron por la precariedad, siendo la inestabilidad laboral, las malas remuneraciones, el trabajo no registrado, las deficientes condiciones de trabajo y la baja sindicalización sus rasgos distintivos. Estas condiciones se acentúan para el trabajo temporario y eventual”.
Las estadísticas disponibles confirman los altos niveles de precariedad y la baja calidad del empleo con segmentos muy limitados –como los operadores de maquinarias de granos– que escapan a estas condiciones. “Se puede estimar que alrededor del 70% del empleo en la agricultura de nuestro país se encuentra al margen del debido registro”, arriesgó el investigador. “El nuevo escenario laboral y productivo complejiza la precariedad del trabajo en el sector. La importancia de los trabajadores transitorios se asocia a un cambio en su perfil, donde se superponen situaciones tradicionales y nuevos requerimientos”.
La Asociación Argentina de Periodistas Ambientales difundió a principios de octubre una serie de entrevistas realizadas por Graciela Gomez, de la ONG Ecos de Romang, y Oscar Brasca, del grupo Autoconvocados de La Criolla, a jóvenes banderilleros que trabajan en campos de la zona. Una ocupación recurrente en el sistema actual: parados al costado del paso de la máquina fumigadora –que a su paso arroja glifosato y endosulfán, entre otros productos–, los banderilleros marcan por dónde tiene que pasar. Javier Oscar Villalba vive en la localidad santafesina de Marcelino Escalada; hoy tiene 24 años y a los 17 empezó a trabajar de banderillero. Comenzó con su padre por 10 centavos la hectárea. “El veneno nos salpicaba hasta en la cara”, dijo antes de contar que comían y tomaban agua al lado de las máquinas.
“Trabajábamos sin protección: ni guantes, ni máscara. Mi papá y yo caminábamos por el sembrado, hasta llegar a unos 50 metros del mosquito y marcar. De ahí nos pasaban al lado fumigando; no tenía que quedar nada seco”. El contacto con los agroquímicos dejó huellas: su padre sufre problemas de estómago y un amigo suyo perdió todo el pelo. Javier tiene “un tumorcito” en un ojo y sarpullidos constantes en la espalda y detrás de las orejas. “Lo que hacíamos era cargar los bidones y llenar el tanque con Roundup mezclado con cipermetrina”.
Humberto Miguel Lencina vive en el barrio Santa Rosa de La Criolla. Comenzó de banderillero a los 22 años y hoy tiene 25. Sus jornadas iban de siete de la mañana a las nueve de la noche. A cambio recibía 30 pesos de jornal. “Usábamos glifosato, endosulfán y cipermetrina, en la mayoría de los casos juntos: acá le dicen cóctel”. Una vez tuvieron la rotura de una manguera, la cual lo bañó con el líquido para fumigar y tuvo que terminar la jornada con la misma ropa, que se secó sobre su piel. Otras veces, dice, “el maquinista no nos veía y, con los brazos del aparato, terminaba pulverizándonos encima”. Humberto sufre de alergias y constantes dolores de cabeza. Martín Villalba, compañero de equipo de Humberto, trabajó hasta la cosecha pasada. Hoy tiene 22 años, es banderillero desde los 19 y también está enfermo. Sufre problemas hepáticos que aún no pudo hacerse tratar.
“El drama de los chicos empleados en campos de soja es la cara de una actividad sumamente aberrante. Los niños-bandera están atados al círculo de la pobreza: ese lugar que no ve nadie”, concluyó el informe de la Asociación de Periodistas Ambientales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)